Un lobby más fuerte que el tabaco impulsó una reforma laboral que amenaza con más despidos

No es una ley combi. No será un ómnibus de doble piso, pero es bastante voluminoso y se lleva mucho por delante. Y además incluyó al final una reforma laboral acotada pero impactante y fue acompañada por un paquete fiscal en general regresivo. Detrás de esta ley Bases y de esta reforma tributaria se desataron durante meses tremendos lobbies a favor y en contra de las desregulaciones con la que soñaba hace tiempo Federico Sturzenegger y que entregó a Javier Milei.

A último momento, en la sesión de este último martes se soltaron dos de ellos. El primero, a favor de equilibrar la cancha impositiva en el negocio del tabaco: para evitar que Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, siga sin pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos, a diferencia de la norteamericana Philip Morris y la británica BAT. Se lo elimina y se unifica la carga tributaria en un solo gravamen interno de mayor alícuota, 73%, en lugar del 70%. La moción enfureció tanto al diputado de Propuesta Republicana (PRO) Cristian Ritondo que parecía accionista de la fabricante de los Red Point. Su compañero de bloque, Diego Santilli, propuso elevar el interno al 75% y reemplazar el mínimo por un nuevo “precio mínimo salud”. Pero en la bancada de Unión Por la Patria (UP), donde algunos votaron contra Otero y otros se abstuvieron, explican que el tabaco y el juego han ganado simpatías a fuerza de financiar campañas de manera transversal. Pero la ley Bases para la Libertad ni se refirió a este último negocio que crece por la adicción de jóvenes, la desesperación de trabajadores que no llegan a fin de mes y el apetito de las provincias por recaudar, y en el que se expanden la británica Bet365 –en sociedad con Gastón Stefani–, la española Codere, la sueca Betsson –en alianza con Daniel Mautone–, BetWarrior –de Francisco de Achával– y BPlay –de Antonio Tabanelli–.

El proyecto original de la ley Bases unificaba la carga tributaria tabacalera, pero Ritondo advirtió al Gobierno que si insistía con el asunto se caía todo el ómnibus. Por eso, cuando la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y Hacemos Coalición Federal (HCF) –el bloque de Miguel Ángel Pichetto– introdujeron el tema en plena sesión el martes, los diputados libertarios lo rechazaron para evitar conflictos con sus aliados del PRO. Dos de HCF, Emilio Monzó y Nicolás Massot, fueron quienes negociaron apoyos de UP, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza. A mediados de abril, el presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, Luis Eugenio Guinle, que reúne a seis pymes del sector, había denunciado al diputado y exjefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Carlos Castagneto por supuestamente favorecer a Otero, pero el contador y exarquero de fútbol votó en el Congreso en contra del dueño de Sarandí.

Monotributistas vs Impuesto a la riqueza

El segundo lobby que apareció el martes en el recinto no fue a favor de ningún interés empresarial sino para reclamar por los que menos tienen: los 1,2 millones de trabajadores independientes que pagan el monotributo social, de $3.500 y que con el paquete fiscal pasaríam a tributar $26.000 de la categoría A del monotributo convencional. Dos diputados de UP, Itai Hagman y Daniel Arroyo, pidieron clemencia por ellos y advirtieron que la eliminación del monotributo social los llevaría a la informalidad. Su par libertario José Luis Espert les concedió postergar por 90 días la medida, pero se desconoce si durante ese lapso el Gobierno cambiará de opinión. Insólito lo severo que son con los monotributistas sociales mientras en la misma ley aliviaban el impuesto a la riqueza, llamado de bienes personales, y se perdonaba la evasión de quienes entren al blanqueo de capitales, sin multas o con sanciones del 5% al 15%, mucho menos que los impuestos abonados por los contribuyentes cumplidores, que se quedaron sin premio por abonar a tiempo. Total, Milei elogió en el Foro Llao Llao la evasión de los grandes empresarios que compran dólares blue y fugan ese dinero al exterior.

Nuevas caras para negociar la reforma laboral

Pero en la bancada de diputados de La Libertad Avanza (LLA) reconocen que el lobby más fuerte de todos sobre las dos leyes con media sanción –falta el Senado– fue por la reforma laboral. Dos abogados laboralistas jugaron un papel clave desde que se la introdujo en el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) de fines de 2023: Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Julio Cordero, entonces empleado de Techint –el grupo de Paolo Rocca siempre ha ejercido fuerte influencia en la entidad fabril– que terminó sumándose al Gobierno como secretario de Trabajo.

Entre los legisladores de LLA también mencionan a otro empresario interesado: Eduardo Elsztain, dueño del grupo de campos, shoppings e inmuebles Cresud/IRSA, quien acompañó a Milei en sus visitas religiosas a Nueva York e Israel y que lo recibió recientemente en el Foro Llao Llao, su hotel de Bariloche. Después de que la Justicia frenara el capítulo laboral del DNU, Cordero impulsó con el PRO, la UCR –con Rodrigo de Loredo y Martín Tetaz al frente– y algunos diputados de HCF, como Oscar Agost Carreño, su incorporación en la ley Bases.

Existe un consenso en todo este arco político de que deben flexibilizarse las normas laborales para favorecer la contratación. El secretario de Trabajo mandó un borrador que incluía la reforma laboral del decreto sumadas algunas sugerencias radicales, incluida la eliminación de la cuota solidaria que los trabajadores pagan a sus sindicatos. En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, se ocupó de vetar la idea radical de rebajar aportes patronales para las pymes. Estos cargos encarecen el empleo formal y son su principal obstáculo, según empresarios, como Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer. “A mí no me interesa que eliminen las multas que agravan el despido de empleados en negro porque yo tengo a todos en blanco”, opina Galfione, quien en marzo echó a 40 trabajadores, 20% de su plantilla, por la caída de la demanda. Pero a Caputo le importa más la derruida recaudación tributaria para cumplir con una de las dos obsesiones de Milei, el déficit fiscal cero. La otra es la baja de la inflación.

Entonces Pichetto recordó su origen peronista, alzó la voz y advirtió que el bodoque laboral así como estaba iba a terminar haciendo naufragar toda la ley Bases y el paquete fiscal, necesario para recuperar la recaudación y sostener la estabilidad cambiaria. Primero podría frenarse en el Senado y después, en la Justicia. Pichetto y el Gobierno temían además que si se metían contra los gremios, la Confederación General del Trabajo (CGT) no sólo pararía el próximo jueves sino muchas veces más. La masiva marcha universitaria encendió la precaución de los funcionarios para no fogonear más la calle. El Ejecutivo aceptó entonces acotar la reforma de 58 a 16 artículos. A diferencia de lo ocurrido en la discusión en Diputados en el verano, esta vez el Ejecutivo puso a negociar con los legisladores a dos caras más amables que la del asesor de imagen Santiago Caputo, acusado de arrogante por propios y extraños. Allí se colocó al vicejefe de Gabinete y director de YPF, José Rolandi, y a la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que trabajó en estudios de abogados de la City. Detrás de ellos, estaba el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La reforma laboral se centró entonces en: 1. ampliar el periodo de prueba de los nuevos empleados, 2. permitir que los patrones que tienen hasta cinco trabajadores puedan rebajarlos a la categoría de colaboradores independientes, sin pagarles aportes, 3. fomentar la tercerización laboral; 4. eliminar las multas que agravan la indemnización por despido de trabajadores con “falta o deficiente” registración, 5. obstaculizar la reincorporación de trabajadores despedidos por discriminación, por ejemplo, por ser delegados sindicales; 6. posibilitar que empresarios y sindicatos de cada sector pacten eliminar la indemnización y reemplazarla por un fondo de seguro de desempleo, como los que cobran los obreros de la construcción; y 7. castigar al empleo público con más despidos, limitando las huelgas y obstaculizando la negociación colectiva. Así lo resumió el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.

Las dudas sobre qué pasará en la justicia

Algunos diputados de la variopinta bancada libertaria, fruto del rejunte político que hizo Milei en estos tres años en política, admiten que inclusive esta reforma acotada puede llegar a frenarse en la Justicia. Por ejemplo, un trabajador no registrado despedido puede terminar denunciando a su patrón por daños y perjuicios. También observan que sus colegas del PRO se han posicionado como más liberalizadores que muchos de ellos y que la UCR ha levantado la bandera de los pequeños empresarios y ha resucitado sus enconos contra el sindicalismo. Temen que la reforma laboral pueda provocar en el corto plazo más despidos del sector privado en este contexto de depresión económica. Y no sólo echarían a empleados no registrados. En la UCR reconocen que la reforma laboral viene a evitar también juicios de despedidos que estaban en blanco pero que invocan que no estaban bien registrados sus cobros por vacaciones u horas extra. No por nada en HCF se sinceran y admiten que son los grandes empresarios y no los pymes los que más reclaman contra lo que ellos llaman la “industria del juicio”.

No sólo entre ciertos diputados libertarios hay temor a despidos. Entre los empresarios que venían alentando en su momento la frustrada dolarización y que ahora asesoran a Milei, Alec Oxenford –dueño del portal de subastas OLX, que se fue el año pasado de la Argentina–, Gonzalo Tanoira –accionista de la citrícola San Miguel– y Eduardo Bastitta –propietario de Plaza Logística, que le hizo el centro de distribución a Mercado Libre–, siempre estuvo la creencia de que si no se adoptaba el dólar, sólo se podía bajar la inflación a fuerza de una larga y dolorosa recesión. Y que además en esta situación una reforma laboral no iba a servir para cumplir su anhelo de crear empleo sino que facilitaría su destrucción.

Aunque Milei festeje el déficit fiscal cero, la deflación en la última semana de abril y el entusiasmo de los mercados por su ajuste sin mayor resistencia social, salvo por los recortes a las universidades, hay signos de alarma. Bien los resumió en Radio Con Vos el economista y periodista Ismael Bermúdez, aquel mismo que le advertía a este cronista en un viaje organizado por Techint a Perú en noviembre de 2001 que todo iba a estallar. Ahora advierte por una economía que cayó en marzo un 10%, tanto como en el 2020 pandémico, según el estudio Ferreres; y por eso habla de depresión; con una inflación en dólares del 80% desde que asumió el Presidente; lo que afecta la producción local de bienes y servicios, encarecidos, y plantea el riesgo de que el dólar oficial o el paralelo terminen saltando; el aumento de la deuda pública en casi US$50.000 millones desde entonces porque muchos bonos ajustan por inflación o dólar oficial; y la endeblez tanto del superávit fiscal del primer trimestre del año, basado en parte en la postergación de gastos, como del superávit comercial, que se basó en la dilación de pagos de importaciones por US$7.800 millones, según la Fundación Capital, de Martín Redrado. Esperemos que esta vez Bermudez se equivoque cuando pronostique un colapso.

AR/MG