Hora del primer round judicial: Ecuador y México cara a cara en el ring de La Haya
La crisis bilateral sin precedentes entre Ecuador y México estalló el pasado 5 de abril cuando el presidente derechista de Ecuador, Daniel Noboa autrizó a la policía a ingresar por la fuerza en la Embajada de México de la ciudad capital de Quito y arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas del gobierno progresista del presidente Rafael Correa. El 11 de abril, México, que a las 24 horas del asalto había anunciado el quiebre de las relaciones entre ambos gobiernos, demandó al país andino ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. El 30 de abril Ecuador, presentó una contrademanda ante la misma Corte.
El asilo otorgado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al exmandatario Glas honró la tradición del país azteca basada en el artículo 15 de su Carta Magna. Desde 1853, México ha sido el destino de miles de exiliados de diferentes puntos del mundo, entre ellos España, Cuba, Perú, Chile, Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.
En la rueda de prensa que brindó AMLO, el martes 9 de abril, calificó sin ambages al allanamiento de “vil y autoritario” y presentó un revelador video sobre el escandaloso hecho. La filmación muestra cómo Glas fue sacado de una habitación por al menos una docena de policías, y que Roberto Canseco, jefe de la misión de la Embajada, quien trató de impedir que los agentes ingresaran, fue apuntado por uno de ellos con un arma de fuego. Una secuencia posterior revela que Canseco quedó detenido por las fuerzas de seguridad.
El ex vicepresidente Glas se encontraba en la sede diplomática mexicana de Quito desde el 17 de diciembre de 2023, momento en que la Fiscalía ecuatoriana había emitido una orden de captura. El caso se fundaba en malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de la provincia de Manabí, devastada tras el terremoto de 2016. Glas solicitó asilo como perseguido político y víctima de ‘lawfare’.
Los hechos ocurrieron en un momento de máxima tensión entre ambos países debido a la expulsión, ordenada por el gobierno de Ecuador, de la embajadora mexicana, Raquel Serur. El antecedente inmediato fueron las declaraciones de AMLO que relacionaban el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo de Noboa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante la candidata correísta Luisa González.
A principios de marzo de 2024, Ecuador pidió permiso al gobierno de México para ingresar a la embajada mexicana en Quito para apresar a Glas. Que México no haya concedido el pedido, no fue obstáculo para el presidente Noboa haya ordenado a la policía irrumpir en la sede diplomática. Después de su forzada salida de la embajada, Glas fue llevado detenido a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. El lunes 8 de abril debió ser hospitalizado por sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos.
Correísmo e indígenas unidos contra Noboa, el hijo del magnate bananero
Los repudios no se hicieron esperar. Tanto por el partido Revolución Ciudadana (RC), y por su líder el ex presidente Correa, exiliado en Bélgica quien declaró, “Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras”, en referencia al actual presidente, cuya familia posee el mayor emporio bananero del país, primer exportador mundial de ese fruto. Miles de ciudadanos compartieron la opinión de RC, que representó a un 34% de los electores en agosto de 2023.
Este duro enfrentamiento entre RC y el presidente Noboa dista de ser mera querella; por el contrario, podría acarrear bajas en el gabinete ministerial debido a que los asambleístas de la bancada correista solicitaron enjuiciamiento político contra las ministras Gabriela Sommerfeld de Relaciones Exteriores y Mónica Palencia de Gobierno, por la incursión en la Embajada mexicana y “el secuestro de un asilado político”. A la vez, la captura de Glas podría restarle votos al oficialismo en la Asamblea Nacional que hasta el momento ha logrado aprobar cinco leyes económicas urgentes, obligado a alianzas con el correismo y Partido Social Cristiano (PSC) debido a que no cuenta desde su asunción al poder con apoyo legislativo propio.
La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, señaló que “la violación de la embajada de México en Ecuador es un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional”. Sin embargo la Conaie no defendió al ex vicepresidente Glas.
Ajeno del correísmo y del movimiento indígena el ex vicepresidente del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y excandidato presidencial Otto Sonnenholzner, recordó que “la soberanía de las embajadas es inviolable”.
Después de 186 años, México rompe las relaciones bilaterales con Ecuador
La primera consecuencia previsible tras un asalto de estas características se ha cumplido con el quiebre de relaciones entre ambos países. Menos de veinticuatro horas después haber irrumpido la policía ecuatoriana en la sede diplomática de Quito, el Gobierno de México anunció formalmente que rompía relaciones diplomáticas con Ecuador y ordenó retirar a todo el personal diplomático de Quito. Una puesta pausa indefinida de la relación diplomática entre ambos países iniciada hace 186 años con la firma del primer Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación.
El jueves 11 de abril, México formalizó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ecuador por el ingreso violento de sus fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito y anunció que solicitará la suspensión del país andino de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta que emita una disculpa por sus actos. La acción denunciada , que diversos expertos han calificado de “grave vulneración” de los tratados internacionales, así como de la propia soberanía de México, recibió múltiples condenas y expreso apoyo a México por parte de los gobiernos de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y el estado Bolivariano de Venezuela, así como de la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Un asalto bajo el sello del ‘Plan Fénix’
Inmediatamente después del operativo en la sede diplomática y la detención de Glas, la noche del 6 de abril, el Gobierno del Ecuador difundió un mensaje digital: “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”. La imagen acompañada del sello del secreto Plan Fénix muestra cómo el Ejecutivo utilizó la misma línea gráfica de su guerra contra el terrorismo, para respaldar su decisión de violar la inmunidad de la sede diplomática mexicana y capturar al ex vicepresidente a quien considera un ciudadano prófugo de la justicia y sentenciado por corrupción.
El mensaje presidencial, difundido por la canciller Sommerfeld y el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, sostiene abuso de las inmunidades y privilegios diplomáticos; México violentó la Convención de Caracas sobre el asilo, que prohíbe otorgarlo a personas procesadas o sentenciadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios; Glas pretendía fugarse del país; AMLO intervino en los asuntos internos de Ecuador y contribuyó a que el ex vicepresidente incumpla las órdenes judiciales.
Todos los argumentos arbitrarios esgrimidos por el gobierno de Noboa carecen de fundamente jurídico. Ni el gobierno de facto boliviano de Jeanine Áñez ·nacido en 2019 tras derrocar al presidente Evo Morales (asilado en la Ciudad de México antes de venir a la Ciudad de Buenos Aires) violó el refugio pedido y obtenido por funcionaries del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Embajada de México en ciudad de La Paz. Sólo hay un precedente que responde a un gobierno dictatorial. En 1976, el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez, le dio asilo a una militante que huía de la dictadura uruguaya. Los cuerpos represivos uruguayos ingresaron a la embajada venezolana y se la llevaron. El gobierno venezolano rompió relaciones con Uruguay hasta 1985.
Las razones declaradas por el oficialismo más que mostrar celo por el cumplimiento de los fallos del Poder Judicial, parecen responder a las medidas adoptadas en sintonía con la declaración de “conflicto armado interno” y el permiso a las autoridades a utilizar a las FFAA y a la policía, debido a la grave situación de inseguridad. Aun así, las medidas tomadas por el gobierno de Noboa mostraron su ineficacia y las últimas encuestas revelan una espiral de descenso en la popularidad que gozaba el presidente al inicio de su gestión en tanto se sostiene la oleada de crímenes violentos y secuestros.
El 9 de abril, el presidente Noboa publicó una carta dirigida a la ciudadanía y la comunidad internacional. En el texto se justificó y dijo que ha “tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas”.
Mientras que en las redes se multiplican los comunicados de condena de la comunidad internacional y de respaldo al Gobierno mexicano, en Ecuador el tema se ha politizado entre los que consideran a Glas un delincuente común y quienes lo califican como un perseguido político. Noboa, quien encabeza el primer grupo, no solo lidera un conflicto interno sino también una campaña electoral, clave en materia de seguridad y también para su futura relección.
El gobierno de Ecuador ha intercalado mensajes sobre la detención del ex vicepresidente con la propaganda sobre la consulta popular y referendo que se celebró el domingo 19 de abril. Con un ausentismo del 28 %, Noboa ganó en nueve de las once preguntas con un promedio del 65% de apoyo. El NO se impuso en las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional con 64.88% y 68.83%, respectivamente. Si la campaña gubernamental previa se había centrado precisamente en la pregunta G de la consulta, ubicada en el octavo lugar en la papeleta que plantea el incremento de las penas para una decena de delitos relacionados con el crimen organizado; ninguno de esos delitos se aplica al exmandatario Glas.
Las Embajadas mexicanas, un santuario inviolable y sin embargo violentado
La decisión del gobierno Noboa quebrantó otro principio fundamental en relación con el papel y la inviolabilidad de las embajadas. Expertos y organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) hacen referencia a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, a partir de la cual se establece que el Estado receptor de la embajada tiene la obligación de no violar esa sede, de no ingresar, y de proveer seguridad. En este caso puntual, la embajada allanada representa al Estado de México, sus intereses y los de sus nacionales. El ingreso por la fuerza no respetó la inviolabilidad de que gozan sus instalaciones para proteger las funciones de representación y defensa de intereses del Estado acreditado (México) ante el Estado receptor (Ecuador) con total independencia y sin injerencias.
Ecuador demandado dobla la apuesta y contrademanda a México
El 29 de abril, a un día que la CIJ comenzara a escuchar los alegatos de los países en conflicto, la Cancillería ecuatoriana informó en un comunicado: “En esta fecha, a las 12 del mediodía, hora de La Haya, el Agente de Ecuador presentó en la Corte Internacional de Justicia la demanda del Ecuador contra México, por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales, por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023”. El pronunciamiento señala que la demanda indica que México incumplió su obligación de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes, o que hayan sido condenados por tribunales ordinarios competentes. El texto agrega que México “ha violado su obligación de cooperar en asuntos de anticorrupción” y acusa a AMLO de haber violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados al realizar “declaraciones falsas e injuriosas” que cuestionan la legitimidad de las elecciones de 2023.
Esta última presentación en la CIJ es vista por expertos de derecho internacional como un intento del país andino de “nivelar la cancha” que sigue el orden jurídico de lo que se conoce como ‘contrademanda’. Con todo, Ecuador pudo haberla presentado desde el mismo momento en que se conoció que el gobierno de AMLO había otorgado asilo político a Glas.
La CIJ debe decidir, si admite las dos causas, si se coge al principio de economía procesal para que el mismo tribunal trate a ambas. Sin embargo, el analista y catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas (UDLA), Esteban Santos, subraya que “Ecuador no podrá borrar con el codo la violación al artículo 22 de la Convención de Viena”. Y en referencia a la acción interpuesta por México, “salvo que exista una negociación o una disculpa de Ecuador, veo muy difícil que podamos desvirtuar esta demanda” sostiene Santos.
Durante las audiencias celebradas el 30 de abril y el 1 de mayo, se escucharon los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México a espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a los dos países. Y los esgrimidos por Ecuador. En unas semanas se conocerá el dictamen del tribunal respecto a la necesidad de las cautelares. Aun no se ha fijado fecha para entrar en el contenido mismo del procedimiento.
En caso de proceder la denuncia de México, que en términos del CIJ se conoce como memoria, el proceso podría durar meses, con revisión de pruebas, respuestas como la efectiva contrademanda de Ecuador a la que México puede presentar réplica y luego el país andino podría ofrecer una contraréplica. Un desahogo de pruebas de manera escrita y luego se pasa a la fase oral de acuerdo al artículo 43 del estatuto de la CIJ.
Posibles escenarios mínimos
En la fase oral “se presentan los alegatos de los Estados. Cada Estado, tanto México como Ecuador, nombrará un representante, que no necesariamente tiene que ser un abogado, sino que puede ser una persona de confianza, lo que se llama un plenipotenciario, un agente o un abogado”, detalla Myrhge Spross Bárcenas, abogada y académica de derecho internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuando México termine sus alegatos, será el turno de Ecuador de presentar los suyos para defender su posición. Una vez finalizados los alegatos, la CIJ se retira a deliberar por tiempo indefinido. La resolución de la CIJ es inapelable y vinculante, lo que significa que cada país ha decidido voluntariamente acatar la decisión de la Corte.
La resolución de la CIJ en la controversia México vs. Ecuador puede incluir varias cuestiones, entre ellas: la reparación de los daños causados al edificio de la embajada de México en Quito; la reparación del daño sufrido por el personal diplomático; la restitución de las relaciones diplomáticas o, por lo menos, la negociación para que se restituyan las relaciones diplomáticas; una disculpa pública por escrito que debe ser enviada a la Asamblea General de la ONU y también, una sanción económica para Ecuador. No quedan excluidas otras implicaciones como que se acrediten cuestiones comerciales, un bloqueo económico o cuestiones de otro tipo.
AGB
0