Diego García no encuentra asilo. Desde que se conoció la noticia de la denuncia por abuso sexual agravado -y más tarde, la imputación- el futbolista uruguayo, jugador del Club Estudiantes de la Plata, fue cedido a distintas instituciones deportivas, luego que se aplicara el Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante situaciones de violencia de género en esa entidad. El problema se trasladó a otros clubes donde García también fue repudiado.
El caso que pesa sobre el futbolista data de febrero de 2021, cuando una jugadora de hockey del Club Estudiantes de la Plata, denunció que fue abusada en una quinta en las inmediaciones de la ciudad, en una fiesta organizada por el plantel. La joven de 21 años relató que estaba esperando para ingresar al baño, cuando llegó García, la agarró por la fuerza, la tiró contra la pared y abusó de ella. La causa que se tramita en la UFI número 15 de La Plata ya fue elevada a juicio oral, según lo confirmado por el juez de Garantías, Pablo Raele.
Desplazado Estudiantes, el jugador ha tenido un derrotero en el que no hace pie en ninguna parte por el reproche social. Primero fue cedido por la entidad deportiva -donde tiene contrato hasta julio del 2023- al Club Talleres de Córdoba, y en febrero del 2022 nuevamente fue transferido en calidad de préstamo al Club Patronato de la Juventud Unida de Paraná.
En Córdoba, como en Entre Ríos, la contratación del jugador causó un fuerte repudio: “Este accionar deja en claro que a la actual dirigencia poco le importa el bienestar de socias, socios y simpatizantes” expresaron distintas voces que les remarcaron públicamente a las autoridades de dichos clubes, tanto por el silencio como por las acciones que “dejan en evidencia la continuidad del pacto entre varones existentes en nuestras instituciones”.
Ni bien se supo de su arribo a Paraná, hubo un escrache con afiches con el rostro del jugador, colocados en las inmediaciones de la sede de Patronato, y asambleas por parte de feministas del club, por lo cual la dirigencia tuvo que salir a justificar la decisión de la contratación de García. “Somos un club católico donde no excluimos” y esgrimieron y señalaron que la situación procesal del jugador todavía no estaba definida, por lo cual decidieron dejarlo en el plantel. Sin embargo, el rechazo se extendió luego a bares, restaurantes y lugares a los cuales García asistía y donde recibía expresiones de repudio social.
Expulsado y sancionado con dos fechas de suspensión por agarrar de los pelos a un rival en el último partido en el que jugó contra Sarmiento de Junín, García no esperó a volver a la cancha. Autorizado por el juez Raele para irse del país, tramitó su salida del club entrerriano en cuestión de horas. Bajo un total hermetismo, notificó a las autoridades de Patronato que rescindía su contrato e inmediatamente el 1 de julio emprendió el viaje a Uruguay para terminar las negociaciones con la dirigencia del Club Nacional de Montevideo.
Esta vez fue un grupo de mujeres socias de esa entidad, las que se movilizaron cuando trascendió la noticia. En pocas horas juntaron cientos de firmas de hinchas y socios y en una carta dirigida al presidente de Nacional, José Fuentes, manifestaron su descontento, lo que motivó se decidiera dar marcha atrás con las negociaciones, “para no generar divisiones internas” según informaron. Y García se quedó nuevamente fuera de juego. Aunque circularon versiones que decían que el jugador quería regresar a Patronato, la dirigencia del club paranaense descartó la posibilidad, a una semana de la rescisión del contrato.
A diferencia de otros casos, como el del Sebastián Villa, de Boca Juniors -que será juzgado en septiembre por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja- tanto en Córdoba, Entre Ríos como en Montevideo, la reacción de las y los simpatizantes fue el motor para expresar el repudio frente a la violencia sexual y de género en este deporte.
“El futbol tiene, por su masividad y popularidad, una entidad extraordinaria para dar mensajes claros a la sociedad sobre muchos temas” dijo el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare, consultado por el proyecto de Ley que busca impedir que futbolistas que están atravesando un proceso penal acusados por delitos de violencia de género, puedan jugar. Según el proyecto de la APDH, “esas causas deben tener un avance y contar por lo menos con un procesamiento judicial, lo que implica que la justicia tiene severas sospechas que la persona acusada cometió ese delito, lo que en términos jurídicos se denomina semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión del delito, elementos que dan lugar al procesamiento”, aclararon.
“No se trata de obturar la presunción de inocencia que tiene una persona imputada hasta que su condena queda firme, ni que un club se convierta en un tribunal penal, pero sí creemos que los clubes deben dar mensajes claros a la sociedad de que no quieren proteger, avalar, ni erigir en ‘ídolo’ a una persona que tiene graves acusaciones y está en un estado avanzado de sospecha real importante en una causa” explicó Torremare. El abogado se refirió también al carácter de “ídolos” que se les otorga a los futbolistas. Señaló que la popularidad que tienen los futbolistas, hace que se imiten sus conductas y por eso mismo, aseguró, tienen una responsabilidad especial. “Los clubes de futbol, que forman parte de un espectáculo muy rentable, deben asumir la responsabilidad institucional de ser parte en la lucha social de un tema que nos genera casi un feminicidio por día en la Argentina” dijo Torremare, aludiendo a la necesidad de generar compromisos en ámbitos masivos donde deben empezar a circular otros mensajes de respeto por la integridad de las personas.
SM