En un trabajo académico del año 2015, Blanchard, Cerruti y Summers establecieron que alrededor del 70% de las veces que una economía entra en recesión, luego no recupera nunca su PBI potencial. Es decir, en 7 de cada 10 crisis los países sufren una caída permanente en su capacidad productiva y, por consiguiente, una caída en el bienestar agregado de su población. Un torta más chica que perdura en el tiempo.
Argentina, por su parte, fue el país con mayor cantidad de crisis entre 1970 a 2010 de un total de 70 economías relevadas. Si le sumamos los eventos cambiarios, inflacionarios, crisis de deuda y bursátiles posteriores a 2010, sin dudas seguimos estando cómodos en el podio.
¿Qué aprendemos de esto? Que nuestro lánguido crecimiento económico es un resultado que no puede sorprendernos (0,5% per cápita por año desde 1970 a 2020). ¿Qué otra cosa aprendemos? Que con cada recesión y/o crisis nos volvemos menos productivos y, posiblemente, menos competitivos internacionalmente. ¿Cuál es la lección principal? Hay que evitar las crisis y los ciclos económicos. La volatilidad solo nos deja en peor situación, con una torta más chica, una economía menos productiva y una mayor proporción de gente bajo la línea de la pobreza. Estos efectos perduran en el tiempo.
Decidí empezar la nota con estos datos para enfatizar la magnitud del problema al que nos enfrentamos si no logramos alcanzar un acuerdo con el Fondo Monteario Internacional. Hoy estamos en una situación de extrema fragilidad económica, con poco margen para evitar caer nuevamente en una recesión y crisis.
Tres escenarios son los que podrían plantearse, esquemáticamente, en el futuro inmediato. Por un lado, un primer escenario de no acuerdo donde la crisis está asegurada, aunque la magnitud de la misma resulta inimaginable. Este escenario era improbable hasta que parte del oficialismo decidió poner sus reparos sobre su propio principio de entendimiento.
El segundo escenario parecería ser el más probable, donde parte del ‘oficialismo opositor’ se abstiene o vota a regañadientes, y se logra un acuerdo con la oposición pero solo para evitar el default con el Fondo. Aquí se esquiva el peor escenario pero no se logran prácticamente ninguno de los beneficios adicionales como los que podría traer un compromiso creíble de ordenamiento de las cuentas fiscales y monetarias. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que se logre convencer al sector privado de que las metas del acuerdo se van a cumplir. Será un acuerdo hecho en soledad por una parte de la coalición gobernante, sin el apoyo del socio mayoritario de la misma, ni el acompañamiento de la oposición en la diagramación de programa económico. Esto indicaría que, casi por seguro, se abandonarán o renegociarán las metas a la brevedad, evitando conseguir la principal virtud de un acuerdo de este tipo: disminuir mínimamente las dudas sobre la política económica futura. Y si hay un canal para que el acuerdo logre mantener algún margen de crecimiento de la economía argentina es convenciendo al sector privado que la gradual (¿lenta?) normalización macroeconómica durará más allá del año par en curso.
El tercer escenario es aquel en donde, efectivamente, todo el oficialismo apoya el acuerdo con el Fondo. Este no es necesariamente un escenario positivo, pero es el menos negativo de los tres. Aquí se maximiza la probabilidad de que el acuerdo sea la punta de lanza que logra encausar, dentro de ciertos límites, las expectativas. Se podría conseguir aire para disminuir el costo de financiamiento del sector público, como también bajar los costos financieros del sector privado. La compresión del riesgo país y la brecha cambiaria sería la mejor noticia que el gobierno puede recibir en este contexto. Esto sucederá -con mayor probabilidad- si hay consensos de que la Argentina tiene que sanear sus cuentas fiscales, normalizar su política monetaria e iniciar un sendero de eliminar las distorsiones impuestas en el mercado de cambios. Es decir, si la coalición gobernante se cree su propio plan.
¿Tiene costos este escenario? Sí. La reducción del gasto fiscal tendrá impactos negativos por una menor demanda agregada. La quita de subsidios impactará en una parte de la población y acelerará la inflación, al igual que la aceleración de la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial, por nombrar algunas medidas. Sin embargo, los costos son menores a los escenarios alternativos e incluso al status quo.
Y en este último “escenario” imaginario (e inexistente) me quiero detener. El status quo de las políticas actuales no se puede sostener, menos aún sin ningún tipo de acuerdo con el FMI. Por otro lado, no solo no es cierto que evitar cualquier tipo de ajuste no tiene costos, sino que también hay que tener en cuenta que incrementa los costos futuros del mismo. Para poner un ejemplo, imaginemos que se quiere prorrogar la situación actual con una brecha del tipo de cambio del 100%. Lo más probable es que continúen cayendo las reservas netas, limitando cada vez más la posibilidad de intervención del Banco Central y la cantidad de dólares disponibles para importar y, por ende, producir y/o consumir bienes importados. En el futuro, la inevitable normalización del mercado de cambios será partiendo de un nivel de reservas más bajo y con una brecha más alta. Cualquier intento de cerrar la brecha será más doloroso y brusco, e implicará más inflación que si se inicia una normalización macroeconómica lo antes posible, guiada por la política económica.
Lo mismo sucede con el déficit fiscal o con las tarifas de los servicios públicos. Por ejemplo, subir los precios de los servicios un 20% cuando la inflación será al menos del 60% implica que en el futuro el ajuste tarifario será mayor y más brusco. No hay un escenario donde el ajuste no suceda nunca. No puede aspirarse a no ajustar nunca las tarifas. Solo sería posible desear que el ajuste le toque al Gobierno de signo contrario, pero esto implicaría pensar que se gestiona pensando más en la imagen propia que en las condiciones de vida de la gente y prefiero analizar suponiendo las buenas intenciones de les dirigentes.
Para terminar es importante debatir con quienes argumentan que las metas propuestas por el entendimiento entre el Fondo y parte del oficialismo son demasiado costosas y políticamente inviables, dada la situación social extrema en la que se encuentra la sociedad y la economía. Sin embargo, es difícil imaginarse objetivos más graduales que los que se hicieron públicos. Si el grado de negociación para tomar medidas económicas es tan bajo, son los dirigentes políticos los que debe encargarse de ampliarlos. Si no, la única posibilidad para realizar correcciones dolorosas continuará siendo a través de nuestras recurrentes crisis macroeconómicas, donde la economía se adecúa sola a sus restricciones presupuestarias, de forma caótica y con consecuencias permanentes en la capacidad productiva y el bienestar de la población que mencionamos al principio de esta nota. Terminar con las crisis tienen que ser nuestra prioridad número uno para poder volver a hablar de desarrollo económico.