Las 47 empresas nucleadas en la Asociación de Distribuidores Eléctricos de la República Argentina (Adeera), que operan el 97% de la energía eléctrica que se consume en el país, manifestaron su “preocupación” frente a la extensión del congelamiento de las tarifas, que lleva casi dos años y solicitaron que se avance con ese debate, uno de los más ríspidos al interior de la coalición del Gobierno.
Según señalaron en un comunicado, el congelamiento “mantiene la situación de indefinición que produce una afectación directa al servicio eléctrico” y se produce en “un contexto con una inflación acumulada del 80%, de la cual el servicio eléctrico no es responsable pero que sí impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación”.
En simultáneo con esta situación, señalaron el impacto generado a las empresas distribuidoras por la pandemia. “Esto se debe a la morosidad en el pago de las facturas, a las deudas que se vieron obligadas a contraer con Cammesa, a la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), a los altos componentes impositivos y a la reducción de la demanda industrial que no logró compensarse con el aumento del consumo hogareño”, detalla el texto.
El Gobierno anunció a mediados de diciembre pasado la extensión del congelamiento de tarifas de luz y gas hasta el 15 de marzo de 2021 y ordenó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente, proceso que no está exento de tensiones. Mientras que en el ala más fiscalista del Gobierno, representada en el ministro de Economía Martín Guzmán, insiste en la necesidad de no aumentar los subsidios y reorganizarlos de forma tal que los usuarios que puedan pagar más lo hagan, en otras áreas más vinculadas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideran central no aumentar las tarifas en un contexto de bolsillos golpeados.
Las empresas detallaron que la producción y distribución de energía “tiene un costo y no es ‘gratis’ o ‘económico’ como algunos consideran”. Explicaron que se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios, como así también para sostener la operación de los más de 450.000 kilómetros de redes que existen actualmente en nuestro país, lo que involucra a más de 80.000 personas que trabajan directa e indirectamente para prestar el servicio.
“En el complejo escenario que trajo aparejada la pandemia, las distribuidoras de electricidad realizaron una gran cantidad de obras para mantener la calidad del servicio, acompañar la demanda y fortalecer el abastecimiento a hospitales y centros de salud” y agregaron que, aun siendo un sector esencial, el suyo “no fue asistido hasta el momento con ningún programa de compensación o ayuda económica.”
Sobre la posibilidad de que existan cortes de luz en el verano, expresaron que las distribuidoras han tomado deuda y postergado otras obligaciones para realizar obras de mantenimiento y mejora de las redes, lo que debería redundar en que no haya más cortes “que los que resultan habituales en los días de altas temperaturas.”
DT