Luego de un mes de sesiones informativas, por las que pasaron más de 130 oradores que representaron a inquilinos, propietarios y al sector inmobiliario, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió tres dictámenes, uno por la mayoría y dos de minoría, para modificar la Ley de Alquileres. Aún no hay fecha para su tratamiento en el recinto.
Más de 20 proyectos presentados, con sentidos muy distintos, convergieron en las tres propuestas. La del Frente de Todos, que resulto mayoritaria con 16 votos, refrendó la ley vigente y sumó incentivos fiscales para los pequeños propietarios.
Juntos por el Cambios presentó su propio dictamen, que obtuvo 14 votos de la Comisión de Legislación General, en el que planteó dar marcha atrás con los dos puntos más cuestionados de la norma. Esos dos puntos que son, en definitiva, su corazón: el plazo de tres años de contrato (versus los dos años que regían previamente) y el esquema de actualización anual de la cuota mediante un índice elaborado por el Banco Central y en base a la evolución de los salarios y la inflación.
Un tercer dictamen, que obtuvo solo un voto, fue presentado por la diputada de Interbloque Federal Graciela Camaño. En el mismo sentido que la propuesta anterior, incorporó el retorno al plazo de contrato previo a la ley vigente y propuso volver a un sistema en el que “las partes negocien libremente incrementos escalonados”, pero con un tope marcado por el Índice de Precios al Consumidor de Indec. Sumó, además, incentivos fiscales para quienes pongan a disposición sus inmuebles para alquiler.
La ley 27.551 fue sancionada en junio de 2020 y bautizada informalmente con el nombre de su principal impulsor, el entonces diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky. Dos años después, la norma es cuestionada por los integrantes del mismo bloque que la promovió.
“No estoy tan seguro de la asimetría [entre inquilinos y propietarios] que varios de mis colegas pretenden regular. Yo lo quiero ver reflejado en algún indicador a esa asimetría o a la concentración”, cuestionó en su intervención el diputado radical Martín Tetaz. Tetaz dijo que el resultado de la regulación fue que “toda la gente que no quería un contrato más largo se retiró del mercado”.
“En la realidad, lo que termina ocurriendo es que expulsamos a los más vulnerables a buscar alojamiento en sectores no regulados”, señaló. “Muchos de ellos en viviendas de barrios de la provincia en las que se entra por la ventana con una escalera caracol o con baño compartido como era en el régimen chino antes de la última ola. Mi llamado es a que la ley proteja sin paternalismo y que las partes pacten libremente”, sostuvo.
El diputado del Frente de Todos José Luis Gioja, autor de uno de los proyectos incorporados en el dictamen de mayoría, aseguró que “es mentira esto de las reglas del mercado”. “Siempre el que está arriba se va a imponer al que está abajo; la ley del gallinero existe, es natural, por eso el Estado tiene que estar presente para proteger al que menos tiene”. Por otra parte, el legislador sanjuanino consideró que es un “derecho adquirido” el plazo de los tres años y el índice de actualización y, por lo tanto, no se puede “ir hacia atrás”.
“Esta ley ha sido injustamente castigada. Esta ley sirve, lo que pasa es que no se ha aplicado: apliquémosla, reglamentémosla y esta ley va a andar muy bien y le va a servir a las familias argentinas”, dijo Gioja, y pidió también que se promueva la construcción de vivienda estatal para alquiler social.
Los beneficios fiscales incorporados en el proyecto del Frente de Todos son para propietarios de no más de tres inmuebles (sin contar su propia vivienda familiar) y constan de exenciones para el pago de Bienes Personales. Asimismo, se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios a establecer exenciones en los impuestos, tasas o contribuciones que graven las locaciones con destino habitacional y promuevan la creación de programas de incentivos de la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional.
En la misma línea Federico Fagioli, diputado del Frente de Todos, consideró que la ley de alquileres vigente es “la mejor ley que hay en todo Latinoamérica”. “Es una ley que vino a tensionar el statu quo que construyó el mercado inmobiliario y que rápidamente generó que el mercado se pusiera nervioso y que lo defensores del mercado, que es la oposición, se pusieran nerviosos y empiecen a invertir mucho dinero en los medios para instalar que es una mala ley”, lanzó.
Karina Banfi, diputada de Juntos por el Cambio, dijo que reflexionó luego de haber apoyado una ley que “tenía buena intención, pero quedó fuera de la realidad” y finalmente generó un “daño” a los inquilinos que el Congreso debe “resolver”.
“Lo que nos faltó fue entender cómo funciona el mercado de alquiler argentino”, explicó. “Es un mercado absolutamente fragmentado, cuentapropista, que nada tiene que ver con los mercados oligopólicos que existen en otros países y necesitan regulación. Acá tenemos que buscar principalmente incentivar el mercado de alquileres, porque no existe. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y la pone en alquiler y que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona”, sostuvo.
DT