Después de que la semana próxima el Instituto Nacional de Estadística de Estadística y Censos (Indec) informe que en marzo la inflación fue peor que en febrero (4,7%), el directorio del Banco Central, que preside Miguel Pesce, se reunirá para decidir si sube otra vez la tasa de interés, en lo que sería el cuarto incremento del año. En la actualidad, la tasa del plazo fijo está en 43,5%, lo que implica un rendimiento efectivo del 53,3%. El aumento de tasas es el costado ortodoxo de la estrategia del Gobierno para contrarrestar la inflación, pero las autoridades tampoco están dispuestas a elevarlas demasiado, hasta el 60%, por ejemplo, y aducen que tampoco el Fondo Monetario Internacional (FMI) les está pidiendo eso. Un alza desmedida no resultaría efectiva para bajar los precios y ahogaría la recuperación económica, sostienen.
En el equipo económica también aclaran que el FMI no les reclama una devaluación a la par de la inflación, dado que empeoraría el índice de precios al consumidor (IPC). Pero en el Gobierno tampoco quieren atrasar el tipo de cambio, como en 2021, porque consideran que la del año pasado no fue una táctica efectiva para contener la inflación y desalienta las exportaciones y, por tanto, la meta del acuerdo con el Fondo de acumular reservas en el Banco Central. Por eso, apuestan a que el dólar suba menos que el IPC, pero más que el 1% mensual de 2021.
Además de la suba de la tasa, el Gobierno apuesta a mejorar los salarios en forma gradual y acordar y controlar los precios. Lo que en el Frente de Todos llaman la “puja distributiva”. Por un lado, observan que ante la mayor demanda, hay empresas que reaccionan subiendo los precios en lugar de aumentando la oferta. Algunas porque están trabajando al límite y deberían invertir para producir más. Otras remarcan a pesar de que aún tienen capacidad instalada ociosa. Para evitar que reaccionen así están actuando por separado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en sus reuniones con empresarios para contener expectativas, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para reclamarles que retrotraigan los incrementos.
En el medio, los productos también se encarecen por el shock internacional de la guerra de Ucrania, que ha elevado los valores de los alimentos y la energía. Las autoridades esperan que ese impacto externo ya se haya terminado en marzo y que no aparezcan nuevos estertores en abril.
Al mismo tiempo se abre la temporada de las paritarias 2022 y Guzmán y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pretenden que mejore el poder de compra y que los aumentos salariales no terminen empujando a la patronal a elevar otra vez los precios. Además negocian la concesión de un bono del sector privado a sus empleados para compensar el impacto de la guerra.
En el Gobierno descartan cualquier terapia de shock o plan de estabilización para contener la inflación, así como fueron los planes Austral (1985) o de la convertibilidad (1991). Pese a los resultados adversos por el momento, continúan apostando a la estrategia de desaceleración del IPC que llevó años pero resultó efectiva en países como Chile, Colombia, México, Italia o España.
Los máximos funcionarios temen que la inflación de marzo supere el 5% e incluso alcance al 6%, pero esperan que en abril vaya descendiendo al 4%. Opinan que para ello contribuirá no sólo la suba de tasas y los acuerdos y controles de precios sino también la caída del dólar paralelo. El Bolsa o MEP (Mercado Electrónico de Pago) cotiza a $ 191; el contado con liquidación (CCL), a 192 y el blue, a 199, lo que refleja un significativo descenso a partir del anuncio del acuerdo con el FMI a fines de enero pasado. Las autoridades destacan el actual ingreso de divisas por el CCL para apostar a colocaciones en pesos a mayores tasas.
El pacto con el Fondo será evaluado por primera vez el mes próximo. Entonces una misión técnica del organismo controlará si en el primer trimestre se cumplieron las metas de acumulación de reservas, reducción del déficit fiscal y baja del financiamiento monetario del rojo. En el Gobierno aseguran que el Fondo se mostrará comprensivo con eventuales incumplimientos dado el impacto mundial de la invasión rusa a Ucrania.
En cuanto a las reservas, quedaron reforzadas por el nuevo crédito del FMI y ahora alcanzan los US$ 43.017 millones. En el equipo económico descuentan que se cumplirá la meta a pesar de que en marzo las importaciones saltaron hasta US$ 7.100 millones, un cuarto de ellas por la energía, dado el encarecimiento del petróleo por la guerra. Esperan que en los próximos meses se acomoden entre los 5.000/6.000 millones. Para evitar que los importadores busquen sobrestockearse para cubrirse de futuros aumentos de precios, el Central sólo les permite cada mes compras similares a las del mismo periodo del año anterior y únicamente una vez las autoriza a elevarlas un 20% respecto de 2021. También está contemplando excepciones en las adquisiciones de combustibles y agroquímicos, dado su encarecimiento internacional, pero confía en una menor demanda de divisas en abril. A su vez, el Gobierno espera que la guerra derive en una mayor cosecha de trigo a fin de año, tal como vaticinó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Asimismo, confía en que el sector de economía del conocimiento exporte más, dado que viene reclamando excepciones a la libre utilización de las divisas que genera. Además espera el ingreso de inversiones mineras.
En lo referente al déficit fiscal, no se descarta un incumplimiento porque las tarifas de luz y gas recién subieron en marzo, mientras que la energía se encareció en el mundo desde fines de febrero. En el Gobierno esperan por eso comprensión de parte del FMI. Aseguran que el organismo también entenderá que será necesario un mayor gasto social para contener el impacto de la inflación entre los más pobres. En cambio, confían en que se cumplirá con la meta del financiamiento monetario: en lo que va del año el Central sólo le adelantó al Tesoro $ 122.000 millones.
AR