Las cuotas de los colegios privados bonaerenses con subvención estatal subirán 42,6% en el trimestre julio-septiembre, lo que representa un duro golpe al bolsillo de la clase media. En julio aumentaron 15,6%, mientras que subirán 18% en agosto y otro 9% en septiembre.
La educación es uno de los rubros que la clase media intenta preservar hasta último momento, pero este año se notó un traspasamiento desde la educación privada a la pública, según especialistas del sector.
Esas subas fueron autorizadas por la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y abarcan al nivel inicial, primario, secundario, técnico y agrario y superior.
El aumento tuvo lugar después de un reclamo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), que agrupa 2.300 establecimientos educativos. Buscaban una suba de aranceles del 22% en agosto, retroactivo a julio y cobrar en cinco cuotas. Por eso, desde el sector consideraron que la suba autorizada como “insuficiente”.
“Con esta comunicación, los establecimientos educativos podrán proceder a notificar a los padres y liquidar con los nuevos valores, los meses de agosto y septiembre de 2023. Los establecimientos educativos deberán informar antes del 18 de agosto el valor de sus aranceles para el mes de agosto 2023”, dicta la resolución del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la Argentina, hay unas 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales casi un 60% cuenta con algún tipo de subvención estatal, que va desde el 20% hasta el 100%.
Con las cámaras que las representan es con quienes el Gobierno pauta los aumentos de las cuotas, pero que varían según la proporción de la ayuda pública.
Frente a la nueva suba de las cuotas, los colegios privados bonaerenses advirtieron que las subas no alcanzan a cubrir el incremento de costos.
En lo que va del año llevan acumulado un alza de 38,4% después de que Kicillof autorizó un ajuste del 7,5% en las cuotas a partir de junio.
Según un comunicado de AIEPBA, tras el acuerdo paritario del 30% dispuesto para los docentes estatales y los índices inflacionarios vigentes, “resulta necesario aplicar una recomposición para evitar mayor desestabilización económica de los colegios, que por los desfasajes acumulados en muchos casos tuvieron que asumir deudas desde 2022 para sostener los servicios educativos y en otros agravó la continuidad de las instituciones”.
“Se vislumbra una desactualización en los aranceles que, de no revertirse, puede perjudicar aún más a los colegios, resultando dificultoso el sostenimiento de las obligaciones laborales y el proyecto educativo”, detallaron.
MB con información de agencia de noticias Télam