Vencida ya la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, la firma supermercadista Walmart y el sindicato de Camioneros que conduce Pablo Moyano no lograron ponerse de acuerdo en la última conciliación convocada el jueves y, si bien la negociación continúa, se vuelve una posibilidad concreta la instrumentación de un paro general de los trabajadores.
El centro del conflicto, que lleva ya más de un mes, es la antigüedad de los transportistas que trabajan en la cadena de supermercados, cuya operación en la Argentina fue comprada a la firma estadounidense por el grupo que conduce el empresario Francisco De Narváez el año pasado.
Si bien hay trabajadores que tienen más de 20 años de antigüedad, el cambio de manos avala a la empresa a reiniciar los contratos, retirando de sus cómputos laborales ese concepto. Por eso, Moyano exige algo que no está contemplado en la legislación laboral, pero que el sindicato que conduce ya logró en ocasiones anteriores: que la empresa que gana una nueva concesión o cambia de accionistas despida al personal, lo indemnice de acuerdo a la normativa vigente y lo vuelva a contratar.
“Hay trabajadores con más de 20 años de antigüedad; ese es nuestro capital, el de los trabajadores”, dijo esta semana Oscar Borda, secretario de la Rama Logística de Camioneros, en una asamblea de la que participó Pablo Moyano. Según anticipó, esperarían algunas horas más antes de avanzar con medidas de fuerza, dentro de las cuales se evalúa desde un quite de colaboración a un paro general. Con mayor o menor alcance, todas tendrían un impacto en el abastecimiento de los supermercados.
El conflicto involucra directamente a alrededor de 500 trabajadores que tienen su base de operación en el centro de distribución de la empresa en la localidad bonaerense de Moreno. Según pudo saber este medio, la empresa ofreció pagar un monto por trabajador, dependiendo la antigüedad de cada uno, pero la propuesta fue rechazada por el sindicato por ser inferior a lo que correspondería si las bajas se liquidaran de acuerdo a la normativa de doble indemnización vigente.
En el ministerio que conduce Claudio Moroni aseguran que la negociación está “muy trabada”, pese a que las partes mantuvieron la “paz social” y siguieron negociando aún cuando la conciliación obligatoria dictada venció el lunes pasado. La cartera laboral no puede prorrogar la medida de ni dictar otra conciliación sobre el mismo conflicto; justamente el objetivo de esa herramienta es establecer un plazo para que las partes acuerden y, mientras tanto, retrotraer la situación al inicio de la disputa.
Frente al conflicto, Moroni tiene una posición intermedia. Reconoce que no hay ninguna razón legal para que la empresa cumpla con el pedido de Moyano, pero considera que el reclamo es “legítimo”. “Aunque haya cambiado la razón social, la antigüedad sigue corriendo, aunque no hay una ley que obligue a la empresa a reconocerla”, explican cerca suyo.
DT