Dolarización total: ¿cuáles son sus riesgos y beneficios?
El funcionamiento de cualquier economía moderna depende en gran medida de su moneda. Las personas y empresas necesitan una moneda para llevar a cabo transacciones comerciales, pagar deudas y ahorrar. Pero para que una moneda cumpla con estas funciones, debe tener tres requisitos básicos: ser aceptada como medio de pago, ser una unidad de cuenta y ser una reserva de valor. En los últimos años, el peso argentino -a causa de la alta y persistente inflación- ha enfrentado dificultades para cumplir con estos requisitos, lo que ha llevado a una pérdida de confianza en la moneda.
Frente a esta situación, una alternativa que suena cada vez más fuerte entre algunos sectores de la política es la de la dolarización total de la economía. Esto consiste, básicamente, en cambiar todos los pesos de la economía por dólares. De esta manera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se quedaría sin la posibilidad de emitir moneda y, por ende -según esta visión- se eliminaría la inflación en el corto plazo.
Sin embargo, es necesario preguntarse a qué precio-tipo de cambio- se cambiarían los pesos de la economía por los dólares necesarios para implementar la dolarización. Para esto es necesario dividir la cantidad de pesos sobre la cantidad de dólares disponibles.
El monto de reservas netas internacionales -dólares en el sistema bancario- con el que inicialmente se cuente definirá el valor del tipo de cambio de conversión. A mayor cantidad de dólares disponibles, menor será el tipo de cambio.
Según un informe de la fundación FUNDAR titulado “Argentina bimonetaria: Cómo salvar al peso sin morir en el intento” a comienzos de marzo de 2023, las reservas netas del BCRA eran cerca de 2.300 millones de dólares. Si se quisiera, simplemente, hacer un canje de la base monetaria -billetes, monedas, depósitos a la vista y encajes bancarios-, la cual está estimada en $5.400 millones, el tipo de cambio de conversión oscilaría los $2.280 por dólar. No obstante, este cálculo no considera los pasivos remunerados del BCRA -aquellos instrumentos financieros que utiliza la entidad para extraer pesos del mercado a cambio de intereses- tales como las Leliq, pases pasivos y otros instrumentos. Sumando este monto, el tipo de cambio de conversión rondaría los $7.070 por dólar.
Quienes argumentan en favor de la dolarización dicen que estos cálculos suponen que el BCRA solo tiene las reservas netas como activo, excluyendo los Adelantos Transitorios y Letras Intransferibles -ambos son mecanismos financieros que utiliza el Tesoro para hacerse de pesos y financiar sus gastos-. Al plantear la eliminación del BCRA, explican que estos activos pueden ser canjeados por nuevos bonos denominados en dólares emitidos bajo ley de Nueva York y que, el mero anuncio de la dolarización total de la economía haría que el valor en dólares de estos títulos subiera repentinamente, evitando un aumento sustancial del tipo de cambio.
Según Guido Zack, director de Economía de FUNDAR y autor del informe junto a Emiliano Libman y Juan Martín Ianni, “las letras intransferibles, hoy, no tienen valor de mercado y, por ende, es difícil pensar que, con el mero anuncio de la dolarización, sucedería una disminución repentina del riesgo país y estos títulos pudieran ser canjeados por bonos en dólares a un valor conveniente”. Por otro lado, el economista argumentó que “el Estado argentino tiene mala reputación y cambiarla va a tomar tiempo. Hasta que no empecemos a pensar al Estado como un Estado y no como un Gobierno de turno, sin importar el partido que gobierne, ganar esa reputación será cada vez más difícil”.
Si bien quienes ven la dolarización total como un mecanismo positivo argumentan que quitarle al BCRA la herramienta de la emisión monetaria es un punto a favor, no deja de ser peligroso el hecho de que una parte del Estado -en este caso el BCRA-, renuncie definitivamente al financiamiento monetario. De esta manera, la posibilidad de realizar política monetaria estaría directamente ligada al ingreso de divisas ya sea por el canal comercial y/o financiero. Esto reduce fuertemente la posibilidad de aplicar políticas contracíclicas en momentos de recesión. En este sentido, cabe preguntarse cómo se habría afrontado la pandemia del 2020 sin acceso al crédito y sin posibilidad de emitir moneda. No solo eso, sino que también implicaría la imposibilidad de realizar política cambiaria -devaluación o apreciación de la moneda local- como forma de amortiguar shocks externos como la sequía actual.
Por otro lado, la dolarización no elimina la posibilidad de incurrir en situaciones de déficit fiscal y endeudamiento insostenibles. El caso de Ecuador, país que adoptó el dólar como moneda de curso legal en 1999, es esclarecedor: registra déficit fiscal desde 2011 financiado con deuda externa pública, la cual tuvo que ser reestructurada en 2020 y, a su vez, solicitó un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El documento publicado por la fundación FUNDAR rechaza la idea de dolarizar la economía argumentando que es preferible estabilizar la macroeconomía y tener una moneda sólida sin resignar grados de libertad a la hora de realizar política monetaria y cambiaria. Para esto plantea un conjunto de políticas públicas para reforzar la moneda y disminuir el grado de dolarización de la economía.
En primer lugar, resalta la necesidad de implementar medidas macro que contribuyan a reducir la inflación y a su vez establecer un régimen de mayor flexibilidad cambiaria para evitar saltos en el tipo de cambio. Para ello es imprescindible “premiar a quien ahorra en moneda local”, es decir, tener tasas de interés reales positivas -que le ganen a la inflación- en una amplia variedad de instrumentos financieros que operen en pesos. Estos instrumentos deben rendir más que los activos en dólares.
Por otro lado, propone establecer regulaciones y políticas de coordinación adecuadas para desincentivar los créditos y depósitos en dólares. Se le debe exigir a los bancos ciertos requisitos de capital y liquidez por tipos de moneda. También evitar procesos de conversión forzada o cese de pagos -default- en moneda local -e internacional-. A su vez, el sector público debería poder emitir títulos de deuda en pesos a mediano y largo plazo para generar un horizonte de previsibilidad.
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