Más que la economía, crecen las sospechas de corrupción al lado de Milei y el contraste con los países vecinos

El presidente Javier Milei y sus ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, no se cansan de repetir que la actividad económica argentina creció 5,5% en 2024. Pero eso sólo ocurrió en diciembre pasado, en comparación con el mismo mes de 2023, cuando la economía se hundió por la devaluación inicial del peso en la gestión libertaria. En 2024 nueve de los 12 meses fueron de contracción y por eso el PBI se redujo 1,8%. Lo que es cierto es que la economía ha comenzado a rebotar. Pero también crecen las preocupaciones. Las de los trabajadores, porque el salario no alcanza pese a la menor inflación o porque los despiden de sus puestos. Y crecen las inquietudes de los inversores, lo que se refleja en la caída este año de las acciones y los títulos públicos o en la continuidad de empresas extranjeras que se van.

Hay dudas por una política cambiaria que no cuaja, por un mundo enturbiado por Donald Trump; porque el criptogate disparó las sospechas de corrupción, desde el avión con valijas en Aeroparque hasta la aprobación de sólo uno de los 11 proyectos del Régimen de Incentivos de las Grandes Inversiones (RIGI). Encima la tensión política quedó reflejada este miércoles en las calles alrededor del Congreso, entre los 46 heridos, uno de ellos grave, el fotógrafo Pablo Grillo, y los 126 detenidos.

Vaya contraste con lo que vio el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, la semana pasada en su gira sudamericana por Uruguay, Paraguay y Chile. No es que no quiso venir a la Argentina por Milei: tampoco fue al Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva o a la Colombia de Gustavo Petro. Pero al menos en Santiago y en Montevideo palpó realidades bien contrastantes con el experimento libertario.

En la capital chilena visitó la Escuela de Carabineros, esos policías tan recordados por las imágenes de sus represiones a los manifestantes tanto en la dictadura de Augusto Pinochet como en el último gobierno de Sebastián Piñera. La gestión de Gabriel Boric firmó en 2022 un acuerdo con Alemania para capacitar a los carabineros en el respeto de los derechos humanos en las protestas. No es que los policías alemanes no sean acusados a veces de racistas, sexistas y ultraderechistas, pero al parecer tenían algo para para enseñar.

En la visita de Steinmeier, el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, destacó lo aprendido, su puesta en práctica y su repercusión en un mejoramiento de la imagen alicaída del cuerpo policial chileno. El presidente alemán les preguntó a los jefes carabineros qué conocimientos habían incorporado y uno le contestó que lo primero que les enseñaron los europeos fue que debían estar en las movilizaciones para asegurarles a los manifestantes su derecho a la protesta. Es decir, no para impedir que se congreguen. Algunos de ellos se convirtieron en agentes de diálogo con los líderes de las marchas para asegurarle ese derecho y para desescalar conflictos en el caso de que aparecieran. La experiencia de alemanes y chilenos es que así se aíslan y acotan los disturbios que en algunos casos terminan ocurriendo de todos modos.

El mismo 1 de marzo en que Milei le hablaba con agresividad a un Congreso semivaciado por la oposición, su nuevo par uruguayo, Yamandú Orsi, asumía en su Parlamento sin críticas y con agradecimientos a todos sus antecesores en los últimos 40 años de democracia ininterrumpida. Sólo estaban ausentes los fallecidos, lógicamente. Steinmeier no fue el único líder llegado del exterior que elogió la convivencia democrática uruguaya. El jefe de Estado de Alemania, principal socio de la Unión Europea, vino a Sudamérica para compartir un discurso contrastante con el de Trump, a favor del comercio internacional -incluido el acuerdo UE-Mercosur, bloque del que Milei amenaza con salirse con tal de pactar con EE.UU.-, de la lucha contra el cambio climático y el respeto de la voz de Ucrania en las negociaciones de paz con Rusia. Un divorcio transatlántico 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, una Latinoamérica donde Europa empieza a mirar más con recelo a EE.UU. y no sólo a China.

Ninguna de esas postales uruguaya y chilena se consiguen ahora en la Argentina. Quizás sí la de la preocupación por la corrupción, que está presente en ambos países vecinos, pero más que nada en Paraguay, según admitió su presidente, Santiago Peña, en su rueda de prensa con Steinmeier. En el establishment argentino, que viene apoyando a Milei por su motosierra fiscal y la baja de la inflación, el criptogate supuso un antes y un después, una “fuerte desilusión”, más allá de que no fuera la primera vez que escuchaban de presuntos pagos ilegales para conseguir favores del economista libertario.

Se les develó recién ahora un presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dispuestos a entablar negocios con “buscas” de las criptofinanzas. Tampoco son relaciones nuevas, dado que Milei ya daba clases y promociones de tokens desde 2020 con Mauricio Novelli, que también lo tiene de profesor de su academia de trading y de amigo al presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, profeta de la batalla cultural.

A partir del criptogate surgió la denuncia de que Novelli y su socio norteamericano Hayden Davis pedían dinero a colegas para presentarles a Milei y trabar negocios con él. También la Coalición Cívica acusó a la secretaria general de la Presidencia de ser la cajera de La Libertad Avanza. Un empresario petrolero recuerda que ella pedía de $100.000 a $500.000 para ver a su hermano en la campaña de 2023. El periodista Carlos Pagni develó que un avión del exespía y empresario Leonardo Scatturice aterrizó en Aeroparque cargado con valijas sin control, con la azafata Laura Arrieta, representante local del Consejo de Acción Política Conservadora (CPAC), a bordo.

La Fundación Faro también recauda, aunque en blanco, por gestión de Laje y de Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago Caputo. El problema es que a algunas multinacionales no les basta con que les den factura a cambio del aporte. Por normas éticas de sus países de origen, necesitan demostrar que detrás de esa contribución hay algo tangible, como, por ejemplo, una encuesta de opinión o una formación de dirigentes, y por eso reclaman que les presenten documentación respaldatoia de esos actos. Por lo menos dos compañías extranjeras aceptaron contribuir pero exigiendo esta condición. En cambio, una tercera se negó a aportar porque le resultaba imposible de justificar el gasto ante su casa matriz.

También juega en contra el recuerdo de la causa cuadernos que encarceló por unos días o hasta meses a algunos empresarios en 2018. Dos funcionarios cercanos a Karina Milei que los empresarios identifican como promotores de la campaña legislativa 2025 son el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, y el vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, vaya a saber si con o sin factura. No son métodos muy distintos a los que siempre aplicó la casta política, desde Carlos Menem -aquel a quien Milei admiraba pero ya cree que lo superó- hasta los Kirchner y Mauricio Macri.

Al aportar en la Fundación Faro, del hermano de Santiago Caputo, algunas multinacionales no les basta con que les den factura a cambio del aporte. Piden a cambio algo tangible como, por ejemplo, una encuesta de opinión o una formación de dirigentes.

Más grave aún es que al menos tres fuentes empresariales y una de La Libertad Avanza se preguntan si son reales las versiones de que la aprobación gubernamental de diez proyectos del RIGI se retrasa porque falta convencer de su conveniencia económica al angurriento séquito de Santiago Caputo. En el comité de evaluación de iniciativas está una de sus manos derechas, María Ibarzábal Murphy. Pero dos de los integrantes de esa comisión, dominada por la tropa del ministro de Economía, Luis Caputo, niegan cualquier demora. “Ningún proyecto está atrasado contra los 45 días hábiles que dicta la ley. Lo que pasa es que es un proceso interactivo donde se pide mucha 'info' y los plazos se van suspendiendo y reactivando. No hay nada para preocuparse”, respondió un funcionario. “A los expedientes les faltan cosas, están incompletos o no fueron completados como corresponde. Nosotros pusimos un montón de requisitos porque la verdad es que los beneficios impositivos son muy grandes, tienen un costo fiscal muy alto y somos muy celosos de los expedientes. Hay dos o tres muy cerca de aprobarse”, contestó otro comisionado.

Este viernes se reúne el comité. Sólo YPF aprobó por ahora el examen. Las otras firmas, la mayoría de ellas multinacionales sujetas a restricciones normativas éticas, siguen esperando. Mientras, un fondo de inversión que quiso reunirse con Luis Caputo recibió un pedido de plata de parte de un excolaborador del ministro en sus tiempos de consultor financiero. Quizás lo pidió a título personal, sin que su exjefe se entere.

Los empresarios comienzan a darse cuenta de la fragilidad política e institucional del experimento Milei, de las primeras resistencias violentas en las calles, de los nombramientos de cortesanos por decreto, de la baja de la rentabilidad y del volumen de ventas de sus compañias y de la incertidumbre sobre la salida del cepo cambiario y sobre una eventual devaluación. Algunos temen que si al libertario le va bien, devenga dictador y que si le va mal, vuelva Cristina Fernández de Kirchner al poder. Han pasado a dudar del resultado de las elecciones legislativas de octubre próximo, mientras las encuestas comienzan a mostrar que el criptogate hace mella y la inflación vuelva a inquietar por las subas de tarifas, carnes, frutas y verduras. Pero todavía Milei puede repuntar.

Igual, la preocupación se palpó esta semana en Expoagro, que recibirá este viernes a Milei, ya no como el rockstar que prometía liberar el cepo y las retenciones el primer día de su gobierno sino como este presidente que promete terminar con ambos corsets al campo pero no en lo inmediato. La combinación de ambos con el dólar barato los está castigando.

Los trabajadores, mientras tanto, empiezan a protestar. La CGT se reactivará con un tercer paro general contra Milei antes del 10 de abril, las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) prometen acompañar las próximas marchas de los jubilados de los miércoles, mientras delegados y exdelegados sindicales despedidos de grandes empresas ya venían en campaña de reclamos y ahora juntaron firmas de madres de Plaza de Mayo, diputados, gremialistas y líderes estudiantiles para reclamar por su reincorporación. Denuncian “despidos discriminatorios”: diez en Raízen, la firma 50% de Shell que refina el petróleo y lo vende en sus estaciones de servicio; seis en Volkswagen; uno en Procter & Gamble Argentina, que fue comprada por Newsan, y otro en la autopartista Pilkington. En Raízen y Volkswagen, cuando fueron consultadas por elDiarioAR, guardaron silencio sobre los casos, mientras que en Newsan aclararon que se trató de un despido puntual y que Procter & Gamble Argentina ahora tiene 40 empleados más que cuando la compraron hace un año.

AR/MC