El Gobierno continúa con anuncios pro ingreso con el fin de apuntalar el consumo y la actividad vía mejora del poder adquisitivo. En este contexto, es importante advertir el riesgo de que el avance de precios carcoma ese aumento y termine socavando los ingresos reales.
Por distintos motivos, se espera que la actividad repunte en estos últimos meses del año, especialmente de la mano de los servicios. Turismo, entretenimiento, recreación y gastronomía son algunos de los sectores que más dinamismo tendrían, asociados a una mayor apertura de actividades, a un mejor clima y al avance de la vacunación.
De todos modos, estas eventuales mejoras son de cortísimo plazo, con un impacto de acá a fin de año, dado que el avance de los precios amenaza su estabilidad. Esto se vio de manera clara la semana pasada, cuando se conoció que la inflación de septiembre alcanzó el 3,5% mensual y 52,5% interanual. El dato sorprendió a varios analistas, que esperaban una inflación de hasta 3%.
Esta alza inflacionaria resulta de la combinación de dos situaciones: una coyuntural y otra estructural. La primera tiene que ver con la aceleración de los precios a nivel mundial. Debe tenerse en cuenta que, durante la cuarentena, no sólo no se produjo al ritmo habitual, sino que tampoco se invirtió o se realizaron tareas de mantenimiento, por lo que la “vuelta a la normalidad” trae aparejadas alteraciones en los costos y tiempos de producción que, de no mediar restricciones, no hubieran sucedido. Por caso, tanto en Europa como EE.UU., la inflación está en máximos históricos, debido a problemas en la cadena de suministros y a una crisis energética que está llevando a los países a reevaluar sus relaciones comerciales internacionales, así como también políticas de precios para contener la inflación. Estos problemas no nos son ajenos, dado que muchas de las actividades locales dependen de insumos de otros países, con lo cual la disminución y/o encarecimiento de la oferta mundial puede afectar la dinámica interna de precios.
En la segunda situación, la estructural, debemos incluir al análisis el hecho de que Argentina cuenta con una historia inflacionaria de larga data y que deriva en que la velocidad a la que se mueven los precios se desacople de otras variables. En este sentido, a pesar de que algunas de ellas están relativamente fijas (como ser el tipo de cambio, la tasa de interés y, hasta hace poco, los salarios), los inversores siguen apostando al aumento de precios, tal como se observa en los depósitos indexados que vienen creciendo a un ritmo superior al 200% interanual. Lo que sugiere que no se ancla lo más importante: las expectativas inflacionarias. Por el contrario, tanto la emisión monetaria pandémica y las últimas medidas anunciadas van en contra de ello.
Debe considerarse que, actualmente, dado el fin de las restricciones, la actividad comienza una etapa de recuperación, por lo que medidas procíclicas, en un contexto de alta inflación puede llevar a que ésta se torne incontrolable. Es decir que a la inercia inflacionaria que tiene nuestro país, se debe sumar el escenario pospandémico – nacional e internacional– que hace que los esfuerzos para combatir el alza de precios deban redoblarse.
Por supuesto que aquí el problema que subyace es que, a pesar de esta mayor actividad, el poder adquisitivo aún no se recuperó del todo, y es debido a esto que el Gobierno apuntala el ingreso de la población. En mi opinión, la convivencia de ambos factores genera un círculo vicioso entre mejorar el poder adquisitivo y el avance de los precios, que asimismo pueden contrarrestar esa mejora lo que lleva a necesitar más incentivos económicos.
A esto se puede sumar que, por un lado, los oferentes han perdido meses de rentabilidad debido a la cuarentena, por lo que sería esperable que intenten recuperar lo perdido durante la etapa en que la actividad no pudo desarrollarse con normalidad. Debe tenerse en cuenta que las empresas tuvieron que seguir afrontando costos fijos, ya sea a través de la descapitalización o del endeudamiento, por lo que la reapertura de actividades los lleva a querer recuperar márgenes de ganancia.
Por otra parte, debe considerarse que hay un alto nivel de incertidumbre acerca de hacia dónde virará la economía y cuánto tiempo el Gobierno podrá mantener algunas variables controladas. Y aquí la más cuestionada es el tipo de cambio. Por caso, hace unas semanas el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores implementaron medidas para contener la salida de divisas. Estas decisiones intensifican las expectativas de devaluación, dado que se interpreta que el Gobierno está tomando medidas cortoplacistas, no sostenibles en el tiempo. Es por ello que varios analistas estiman que entre enero y febrero de 2022, el Estado haría una corrección del tipo de cambio, y que ésta debería llegar al 50% con el fin de recuperar lo perdido, aunque reconocen que el Gobierno no devaluaría más del 20%.
Por cómo está planteada la política económica, la devaluación no parece estar en las prioridades, pero lo cierto es que el mercado apuesta a decisiones de corto plazo y espera que el tipo de cambio escale tras las elecciones y con ello el nivel de precios (aún más que en la actualidad).
¿A cuánto estará el dólar de acá a seis meses? ¿Cuánto será el costo de reposición de la mercadería? ¿Cuánto será el tiempo que durará la economía abierta sin restricciones? Son algunas de las dudas que tienen los empresarios y que impactan en la toma de decisiones, ya sea de producción, de contratación de personal, de inversión, o de precios.
ALJ