Ya en marzo de 2021, cuando se aplicó el primer aumento a los haberes jubilatorios con la nueva fórmula previsional, el Gobierno decidió otorgar un bono extra para compensar la inflación. Desde entonces, se volvió una constante: la fórmula arroja sistemáticamente porcentajes de aumento inferiores a la suba de precios general, por lo que son necesarias herramientas discrecionales –y, teóricamente, de carácter excepcional– para mantener a flote al menos los ingresos de los jubilados de la base de la pirámide.
Ahora se prevé que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgue junto con el aumento de las jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo –que se estima que se ubicará en torno al 17% o 18%– un nuevo bono para las personas de los escalafones más bajos. “Estamos trabajando en algunas opciones y se informará el viernes, luego de conocer el índice de salario”, señalaron en Anses a elDiarioAR. Ese es el dato que resta conocer para calcular el aumento correspondiente por fórmula.
En diciembre pasado, sobre el aumento por movilidad del 15,62%, el Gobierno definió otorgar un bono mensual por tres meses de $10.000 para jubilados que cobren el haber mínimo o de $7.000 para quienes perciban hasta dos haberes mínimos. El último corresponde a febrero.
La jubilación mínima es hoy de $50.124 brutos, a los que se suma ese bono de $10.000: $60.124 en total. Con una movilidad del 18%, el haber mínimo ascendería en marzo a $59.146 por lo que, si se retirara el bono, el pago pasaría a ser incluso inferior al de los meses previos.
Incluso un bono de $10.000 no sería suficiente para que el ingreso efectivo de los jubilados y jubiladas del escalón más bajo refleje en términos reales esa suba de 18% que le corresponde por ley. Deberían recibir una ayuda extra de al menos $11.800 para alcanzar los $70.946 (18% de aumento sobre los $60.124).
La fórmula de movilidad actual, que integra el dato de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social y la evolución de los salarios, no incluye a la inflación como elemento ni ninguna cláusula de compensación en caso de que quede por debajo de ese dato. Así, para evitar una retracción en los ingresos, el Gobierno se ve obligado a mantener en movimiento la rueda de los bonos y perpetuarlos, aun cuando por definición no son un elemento que se integre de manera permanente a los haberes (como sí lo sería una suma fija), sino que su efecto se diluye cuando se acaba su vigencia.
Este mecanismo de compensación vía sumas extra genera inequidades al interior del sistema, porque es destinado solo a los jubilados y jubiladas que perciben los haberes más bajos. Quienes cobran más de dos haberes mínimos quedan sistemáticamente fuera del beneficio, viendo una reducción efectiva de su poder adquisitivo aún cuando se trata del segmento con más aportes hechos a la seguridad social durante sus años de actividad.
Este segmento de jubilados y jubiladas (los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, en torno a $75.000 desde diciembre) perdieron alrededor de 20 puntos porcentuales durante la gestión de Mauricio Macri, perdieron con los aumentos discrecionales de 2020 (cuando Alberto Fernández suspendió la fórmula que estaba vigente hasta entonces) y también con la fórmula nueva a partir de 2021 al no ser compensados por los ajustes inferiores a la inflación.
Además de la inequidad, esto genera un riesgo de aumento de la litigiosidad para el Estado. De hecho, hay fallos pendientes de resolución por parte de la Corte Suprema que ordenan recomponer jubilaciones medias y altas. Por otra parte, hay un escollo político: en el acuerdo firmado en enero de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó “deben evitarse” las subas discrecionales en jubilaciones y pensiones.
DT