Ahora que el Estado se aseguró el ingreso a sus arcas de hasta $273.000 millones extras por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que pagarán 12.000 personas, el Gobierno propone que casi 1,3 millones de personas dejen de pagar Ganancias, lo que le implicará al Estado una supuesta pérdida en sus ingresos de alrededor de $40.000 millones anuales si el Congreso lo aprueba.
La lectura política de las dos medidas en un año electoral aparece obligada, aun cuando sea simplista. Es obvio que 12 mil votos que en su mayoría ya no eran de simpatizantes de este gobierno no comparan con la posibilidad de obtener el beneplácito de más de un millón de personas que dejarán de aportar entre $1.000 y $5.000 para poder hacer con ese dinero lo que se les ocurra.
Pero la mirada electoral no es la única que puede hacerse de las dos medidas que, en verdad, son movidas de piezas en una misma partida de ajedrez. En principio, el gobierno no avanzó con la segunda iniciativa hasta no haberse asegurado que tendría el dinero de la primera, mostrando una política fiscal ortodoxa para nada populista. Como en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), Alberto Fernández cree en la importancia de tener superávits fiscales para que el Estado gaste sin tener que pedir préstamos a tasas usurarias de alrededor del 16%, como las actuales que los mercados globales le quieren imponer a la Argentina.
Subir el mínimo no imponible a $150.000 mensuales brutos conlleva una clara percepción keynesiana de la economía. Lo que busca el gobierno es darle dinero a la mayor cantidad posible de personas para despertar el espíritu de consumo del que hablaba John Maynard Keynes. La idea vuelve a ser que el consumo de los asalariados y jubilados beneficiados por esta medida sea el motor de la economía.
Las 12.000 personas a las que el Estado les cobrará este año el aporte extraordinario a las grandes fortunas no necesitan cuatro licuadoras o cinco lavarropas, suponiendo que sólo tengan dos o tres casas. Los excedentes de dinero que tienen no van al consumo. El más de 1,2 millón de personas que recibirán ese dinero extra cuando dejen de pagar Ganancias destinarán al consumo de bienes y productos ese excedente y, seguramente, motorizarán el repunte de la economía. Esa es la apuesta del Gobierno. Si eso ocurre, sólo con el pago del IVA, el Estado se asegurará ingresos fiscales que harán olvidar aquella supuesta pérdida de $40.000 mil millones de pesos que tendrá por el no cobro de ese impuesto a las ganancias.
Puede fallar, pero lo cierto es que lo que ya falló en el pasado fue justamente hacer lo contrario a lo que ahora se propone. La recesión económica más larga que tuvo la Argentina en su historia -cuatro años desde su inicio en julio de 1998-, la que desembocó en el default soberano más grande del mundo hasta aquel año -cien mil millones de dólares en diciembre de 2001-, se profundizó en diciembre de 1999, cuando el entonces Ministro de Economía José Luis Machinea hizo exactamente lo contrario a lo que se propone hacer ahora el gobierno.
Apremiado por la caída en los ingresos fiscales que provocaba la recesión económica iniciada en julio de 1998, el ministro de Economía del entonces presidente Fernando de la Rúa decidió avanzar con un “impuestazo” a la clase media. Necesitado de dinero, dispuso bajar el mínimo no imponible de Ganancias de $4.800 a $4.020 (pesos convertibles a dólares en esa época). Creó la conocida tablita, una verdadera confiscación de los ingresos a la clase media (a cuyos miembros impuso una quita del 35% de un día para el otro). Un palazo para muchas personas, del que no se recuerdan críticas de ninguno de los 12.000 a los que ahora se les pide por única vez un 2% en concepto de aporte solidario.
El resultado del impuestazo y la tablita de Machinea es muy conocido. Atemorizada por la voracidad del fisco, la clase media dejó de consumir y los ingresos fiscales por el IVA se desplomaron. Machinea contraatacó en mayo de 2000, recortando el salario a los estatales. Fue otro golpe en el tobillo al deseo de consumir de la clase media, que sólo provocó una recesión aún mayor. Esa nueva caída en los ingresos fiscales por la recesión en la economía llevó a otra medida sin sentido. Con la consigna de déficit cero, se le recortó el 13% de los ingresos a los jubilados, medida que Patricia Bullrich defendió como ahora defiende a Mauricio Macri.
La recesión de cuatro años acabó con De la Rúa subiéndose a un helicóptero mientras su ministro del Interior, Ramón Mestre, ponía francotiradores en los techos del microcentro para intentar acabar con las protestas de los ciudadanos, curiosamente de la misma manera con la que habían intentado reactivar la economía: disparándole a sus propios compatriotas.
Por eso no es extraño que hoy la CGT haya sido la primera en apoyar la propuesta que hizo el gobierno de eximir de impuestos a las ganancias 1,2 millones de personas. Si avanza esa iniciativa, el 74% de los empleados de comercio dejará de pagar impuesto las ganancias. Se trata de unas 106.000 personas que van a tener más dinero para gastar en el bolsillo. En el caso del sector de transporte, serán 133.000 personas. De la industrian manufacturera, serán 178.000 personas (casi el 60%del total). De los empleados bancarios, unos 48.000 (45%). Y de la construcción ( más del 54%), unos 27.000 tendrá más dinero para volcar al consumo.
El riesgo a futuro reside en que se recaliente la economía y no se pueda bajar la inflación. Es cierto. Para eso, Alberto Fernández ya adelantó que las retenciones y los cupos a las exportaciones agrícolas serán las herramientas a utilizar. El Gobierno no busca castigar a los que más tienen para beneficiar a los más postergado sólo por una cuestión electoral o moral. Está buscando que el motor de la economía sea el consumo. Aquel motor que apagó Machinea y llevó al peor desastre de la historia de nuestra economía.
Este artículo fue corregido el miércoles 10 de febrero a las 13.15 para consignar en el sexto párrafo el mes y año en el que comenzó la recesión económica de la Argentina que condujo al default de 2001.