Después de la derrota electoral, el Gobierno ha comenzado a dar un giro para reconciliarse con el campo y todo lo que ello representa en términos simbólicos. Primero, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció este martes la liberalización de casi todas las exportaciones de carne vacuna. Esta tarde, él invitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada para el acto en el que el presidente Alberto Fernández anunciará, después de una semana de silencio, un proyecto de ley que viene trabajando el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde hace más de un año y que consiste en el fomento impositivo de toda la cadena agroindustrial.
En un borrador que circula entre los despachos oficiales y del sector privado, se indica que la ley favorecerá nuevas inversiones de 24 subsectores agropecuarios y agroindustriales de todo el país, tanto a pymes como a grandes empresas. Se supone que lo hará cuidando el medio ambiente, aunque beneficiará a actividades cuestionadas por su contaminación y no sólo a la agroecología. Apunta a mejorar las exportaciones, pero con el declamado objetivo de “proteger el mercado interno” con “precios justos”.
En concreto, la iniciativa otorgará los siguientes beneficios impositivos a largo plazo, entre enero próximo y diciembre de 2030:
* Amortización acelerada del impuesto a las ganancias en tres años, en lugar de diez años o más, de acuerdo con el tipo de inversión de cada sector del agro. Por ejemplo, para la olivicultura es 40 años.
* Devolución del IVA inversiones en un año, cuando hasta ahora ocurre en cuatro años promedio. Esto favorece a frigoríficos, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado y de tratamiento de frutas, entre otros establecimientos.
* Para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, podrán computarse los débitos fiscales generados por tales operaciones. Esto beneficia a la producción de carne porcina, entre otras.
* Beneficios para la ganadería al mejorar la valuación de hacienda vacuna en Ganancias: los ganaderos podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde, siempre y cuando el peso promedio sea igual o superior a los 400 kilos del animal vivo o con ejemplares con un rendimiento en playa de faena de 225 kilos de res con hueso en gancho. Dejarán de pagar Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos. El Gobierno prevé que así se incrementaría la cantidad de carne para consumo en más de 60.000 toneladas anuales. Los beneficios promocionales alcanzarán a los ganaderos que obtengan respecto del promedio de los tres últimos ejercicios fiscales aumentos en los porcentajes de destetes de terneros o alzas del peso promedio de los animales enviados a faena. La Argentina está detenida desde hace 20 años en sus porcentajes de destetes, lo que afecta la cantidad de carne en el mercado.
* Se incentivará el uso de semilla fiscalizada de especies “autógamas” (modo de reproducción a partir de la misma planta) de producción nacional y se estimulará la producción “sustentable” con fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos. Se otorgará un certificado de crédito fiscal intransferible de hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles de Ganancias por adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos y fertilizantes e insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas.
Para acogerse al plan, se habilitará una Ventanilla Única Digital. El Estado controlará que se cumplan algunas de las siguientes obligaciones para acceder a las ventajas impositivas: aumentos de ventas, de producción física, de exportaciones en términos físicos, de personal ocupado y de inversiones realizadas.
El Gobierno aspira a que en los próximos cinco años la amortización acelerada incentive proyectos inversores por US$ 4.300 millones, que la promoción de insumos eleve las exportaciones en US$ 6.140 millones y el empleo en 167.000 puestos de trabajo (en especial, en cadenas como las de la soja, el trigo, el maíz y el girasol), que las economías regionales incrementen sus ventas externas en US$ 1.145 millones (sobre todo en limones, arroz, legumbres, actividad forestal, algodón, arándanos, cítricos dulces, huevos, peras y manzanas) y contraten a 89.000 personas más (con hincapié en arándanos, limón, yerba, dulces críticos, nutrición animal, algodón, huevos y olivos) y que los alicientes a la invernada (engorde del ganado) alcancen los US$ 1.000 millones. Habrá que ver qué de todo esto se concreta.
Por lo pronto, el proyecto comenzó por iniciativa del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una entidad que nació en 2020 con el objetivo de tender puentes con el Gobierno y que agrupa a decenas de cámaras del sector, incluida las cuatro de la Mesa de Enlace. Detrás de la CAA hay referentes de peso como el dueño de Aceitera General Deheza y ex senador cordobés, Roberto Urquía, y negociadores como Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), y José Martins, de la Bolsa de Cereales. La CAA tuvo el buen tino de arrancar su estrategia el año pasado visitando nada menos que a Cristina Kirchner, que les dio su beneplácito. A partir de entonces negociaron con diferentes actores del Gobierno y consiguieron el apoyo de Guzmán, pero no fue hasta que el peronismo perdió en casi todo el interior que Juan Manzur llegó a la Jefatura de Gabinete y Domínguez a Agricultura para que en tándem terminaran de consolidar la iniciativa. Ahora será el Congreso el que deba aprobarla.
AR