Los interlocutores de Martín Guzmán destacan siempre su actitud de docente que mantiene la paciencia, pero en los últimos y los próximos tiempos el ministro de Economía de sólo 38 años rindió y rendirá examen. Ha debido dar explicaciones puertas adentro del Frente de Todos (FdT) y el próximo 22 de marzo las ofrecerá en Washington al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI, al igual que el FdT, presenta opiniones diversas. En el organismo hay diferencias entre el staff de técnicos -incluso entre ellos mismos-, la directora gerenta, la búlgara Kristalina Georgieva, y los integrantes del directorio, donde están representados los países. Estados Unidos manda entre los directores con un 16,51% de los votos, pero los países de la Unión Europea en su conjunto tiene más sufragios. Aún se desconoce la postura de la nueva administración de Joe Biden respecto de la Argentina -está recién aterrizada y su prioridad radica en el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares-, pero en la UE tienen más claras sus ideas.
En el Viejo Continente observan que Alberto Fernández no quiere pactar hasta después de las elecciones legislativas de octubre para evitar controles sobre el gasto público financiado con emisión monetaria, pero advierten que esta postergación puede resucitar los dólares paralelos y desalentar la inversión de Occidente -sólo observan la de China y minimizan la de Rusia-. Y alertan que después de los comicios el oficialismo tampoco querrá ajustar porque tendrá la mente puesta en las siguientes elecciones, aún más importantes, las presidenciales de 2023. Claro que en 2022 habrá que sellar un acuerdo sí o sí porque caen fuertes vencimientos del judicializado y polémico préstamo récord del FMI a la administración de Mauricio Macri. En 2021, entre los ingresos extra de la soja y el maíz y los derechos especiales de giro (DEG) que repartirá el FMI a todos sus miembros para contrarrestar la pandemia, la Argentina puede sortear sin inconvenientes los acotados pagos al organismo y al Club de París (grupo de países ricos).
En la UE esperan que en Washington Guzmán explique cómo reestructurará el gasto público y la estructura económica de la Argentina para que el país pueda devolver su deuda al FMI en un plazo de diez años -no admiten cambiar las reglas para alargarlo a 20, como desea Cristina Fernández de Kirchner. Aclaran que el FMI no impondrá reformas estructurales del tipo flexibilización laboral y privatizaciones sino que deberá ser la Argentina la que proponga qué hará.
Pero también en la Argentina el ministro rinde cuentas. Fernández y la vicepresidenta consultan por asuntos económicos a Axel Kicillof, tanto en su calidad de gobernador bonaerense como por su experiencia como jefe del Palacio de Hacienda. Kicillof comparte en líneas generales la orientación de la política de Guzmán, pero cuando le preguntan, deja caer algunas recomendaciones distintas de lo que se está haciendo y similares a la receta que él aplicó en 2015, año de elecciones presidenciales. En ese entonces mantuvo el congelamiento de las tarifas, planchó el dólar (el tipo de cambio real multilateral, que es el ajustado por inflación y en relación a las monedas de Estados Unidos, la zona euro, China y Brasil, bajó de 93,04 puntos en diciembre de 2014 a 76,09 en octubre de 2015) y dio un impulso fiscal. No alcanzó para que Daniel Scioli venciera a Mauricio Macri, pero perdió por poco. ¿Debería ser ese el sendero para triunfar en los comicios legislativos de 2021?
Guzmán insiste con sus creencias y sin perder la calma vuelve a explicárselas una y otra vez a Fernández y a la vicepresidenta. No cede. Aunque ya en la renegociación de la deuda con los fondos de inversión internacionales en 2020 demostró que al final del día puede avenirse a soluciones intermedias. Este lunes, en una visita a Catamarca, aprovechó para retomar su prédica y, días después de ser elogiado por Domingo Cavallo y el ex viceministro de Economía menemista Orlando Ferreres, aclaró que “bajar el déficit no es de derecha” y citó el ejemplo de la administración de Néstor Kirchner. Al día siguiente, en el anuncio de medidas a favor de la industria automotriz, el Presidente defendió esa bandera y ese gobierno: “El equilibrio fiscal no es de izquierda o derecha”. ¿Qué dirá la vicepresidenta?
Guzmán descarta la posibilidad de sobreestimular el rebote económico que está impulsando el sector privado mientras aún la pandemia sigue sin ensañarse de vuelta con la población argentina. Ayudará algo la obra pública, que duplicará el nivel de 2019; o la exención del impuesto a las ganancias de los empleados y jubilados que ganan menos de $ 150.000, y que se compensará con un nuevo proyecto que eleva la alícuota de este gravamen a las grandes empresas del 30% al 35%, mientras lo baja al 25% a las pequeñas. Esta iniciativa se presentó esta semana de noticias contradictorias, mientras comenzaba a regir un nuevo blanqueo para los evasores que inviertan en construcción y fallecía un economista que se destacó por la lucha por la justicia tributaria y contra el fraude impositivo, Juan Carlos Gómez Sabaini.
Guzmán ya no dice que las tarifas y el dólar subirán tanto como la inflación. En un intento por domar un índice de precios al consumidor (IPC) que sigue muy alto, los aumentará menos de lo previsto, pero tampoco los anclará. La electricidad y el gas -este lunes y martes son las audiencias públicas por el precio de este combustible- no subirán para el 60% de la población que no es pobre tanto como la meta del 29% de inflación, pero tampoco Guzmán se resigna a subirlas sólo el 9%, como pretende el cristinismo. El restante 40% de los argentinos, que es pobre, seguirá con la tarifa congelada, como desde 2019, cuando Macri puso freno a sus tarifazos.
El ministro anunció en febrero que el dólar no aumentaría 29% en 2021 sino 25%. Sin embargo, ese mes el tipo de cambio real multilateral siguió tan alto como en enero (123,35 puntos) y apenas ha bajado un poco en marzo (121). No por nada el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le sugirió al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que desacelerara un poco más el ritmo de depreciación del peso, dado su impacto en los precios. Lo hizo este jueves en una reunión del gabinete económico. De todos modos, en ese elenco están todos en general de acuerdo con el rumbo trazado por Guzmán. “Lo re bancamos”, sostienen en la Jefatura de Gabinete, que conduce Santiago Cafiero y secunda Cecilia Todesca Bocco. Las diferencias, sin ser irreconciliables, provienen de la vicepresidencia, las segundas filas del área energética y la gobernación bonaerense.
En el gabinete económico reina el consenso de que la actividad económica no requiere un impulso fiscal adicional sino que los problemas por atender radican en la inflación (este jueves se conoció que llegó al 3,6% en febrero) y la brecha cambiaria (que descendió por debajo del 60% por primera vez desde hace 11 meses, todo un logro de Guzmán, que sólo queda opaco por el elevado riesgo país). El IPC continúa elevado por múltilples causas. La inflación es un fenómeno con varias razones y reducirla a sólo una ha sido uno de los errores que cometieron diversos gobiernos para combatirla. Para empezar, hay problemas macroeconómicos estructurales que obligan a la Argentina a financiar su déficit fiscal con emisión monetaria y no con un endeudamiento responsable, muy distinto al aplicado por Macri. Ese rojo de las cuentas públicas sostenido debió incrementarse, como en todo el mundo, durante lo peor de la pandemia, en el segundo y el tercer trimestre de 2020, y eso ha provocado una inercia inflacionaria difícil de amortiguar, señala Hernán Hirsch, de FyE Consult. En enero se logró superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) por primera vez en 15 meses gracias al boom de precios de las materias primas agrícolas, pero también por el recorte de ayudas de emergencia tras la cuarentena. No obstante, en febrero volvió el rojo por un saldo remanente de esos auxilios y por las necesidades de reactivar la obra pública y reforzar la tarjeta Alimentar. Pero el bimestre arrojó un superávit, el Central ha reducido el financiamiento al Tesoro -aunque debe ir repagando con emisión una bola de Letras de Liquidez (Leliq) que va venciendo- y el mercado de deuda en pesos está firme. Esto sumado a un dólar oficial que sube más lento, la próxima superliquidación de soja (por su cotización y pese a la sequía) y el aumento de las tarifas menor al IPC llevan a pensar que la inflación comenzará a desacelerarse y cerrará el año en 36%, según el consultor Gabriel Rubinstein, o el 40%, según Ricardo Delgado, de la firma Analytica, en lugar del 47% esperado por el mercado, según la encuesta de FocusEconomics.
La inflación también sube por las alzas de la nafta y el gasoil, que el oficialismo, incluida la vicepresidenta, defienden para recuperar la inversión de la emblemática YPF. Desde la liberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Juan Luis Bour agrega otro factor inflacionario: la restricción de importaciones que compiten en el mercado interno. Hay servicios que recomponen sus precios tras el bajón de la cuarentena, apunta Hernán del Villar, de la consultora Alpha. Sin controles, también se encarecen sectores que ya superan niveles prepandémicos, como el automotor, el textil o los materiales de la construcción, a donde van los pesos que no pueden comprar dólares oficiales, según analiza María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos. Por último, hay productos de supermercados que salieron del congelamiento de precios, como las cervezas y los vinos, consigna Soledad Pérez Duhalde, de la consultora Abeceb. Claro que los bienes que se deslistan de Precios Máximos tampoco pueden remarcarse a discreción. Esta semana, las empresas de bebidas alcohólicas recibieron un mail de la Secretaría de Comercio Interior para que presentaran sus costos y sus pedidos de aumentos para el segundo trimestre de 2021. La premisa verbalizada por la secretaria Paula Español es que no suban más del 9%. Español comparte con el gabinete económico la visión más ortodoxa de que la inflación es un problema macroeconómico, lo sostiene citando los fuertes aumentos en mercados atomizados como los de frutas y verduras, pero también impulsa procedimientos contra grandes empresas que concentran los mercados de alimentos procesados y de materiales de la construcción por desabastecimiento, una política heterodoxa que tiene el aval de sus superiores.