Este jueves, en el Parque Néstor Kirchner de Merlo, se palpaba la tensión durante el cierre de campaña del Frente de Todos. La militancia hacía sentir su preferencia por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los últimos llegados al Gobierno, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y su subsecretaria de Acciones para la Defensa de los Consumidores, Débora Giorigi, apenas aplaudieron el discurso del presidente Alberto Fernández. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, no pudo organizar el acto que quería el sábado con todos los gobernadores en la cancha de Lanús. Coincidía con la Marcha del Orgullo LGBT+ y un partido del Granate: se ausentó para irse a su Tucumán querido. Mejor no preguntar cómo estará el clima cuando se conozca el resultado de hoy.
Es cierto que sólo se define la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos corre el riesgo de quedar con menos bancas que Juntos por el Cambio, y un tercio del Senado, donde peligra la mayoría absoluta del oficialismo. Es verdad que las elecciones legislativas de 2009 o 2017 no tuvieron la capacidad predictiva de lo que sucedería en las presidenciales de 2011 o 2019. Pero también es concreto que la derrota del Frente de Todos en las primarias de septiembre provocó un cuestionamiento interno de los nombres y las políticas del Ejecutivo con miras a los dos meses siguientes y que el veredicto de este domingo provocará nuevas convulsiones con la vista puesta en los dos años venideros. Tras el escrutinio de esta noche, 1) ¿se ratificará la unidad del frente bajo la conducción de Fernández? 2) ¿Cristina Kirchner seguirá avanzando sobre ministerios, secretarias, subsecretarias y otros organismos, como viene haciendo de a poco desde hace dos años, y despedirá al ministro de Economía al que acusó de ajustador, Martín Guzmán? 3) ¿El Presidente romperá con ella y volverá a aferrarse al neoliberalismo, como cuando en 2000 era candidato a legislador porteño de Domingo Cavallo, el ídolo de Javier Milei?
En el escenario 1, Martín Guzmán permanecería en el Ministerio de Economía. Por lo menos hasta terminar de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el atraso (no se llama default en la relación con el organismo) en marzo próximo. Guzmán quiere acelerar las negociaciones a partir de mañana. Hubiera preferido un pacto mucho antes, pero Cristina Kirchner quiso evitar un mayor ajuste del déficit fiscal que el ejecutado. ¿Podrá Fernández apurar el convenio días después de que en Merlo dijera que se iba a tomar todo el tiempo necesario para negociar y que no resolvería la cuestión en 5 minutos, como se ufanó Mauricio Macri? Claro, el ex presidente ya dio muestras de que podía pactar rápido con el Fondo en junio de 2018, pero tres meses después su programa ya había fracasado y debió renegociarse y en septiembre de 2019 se cayó el segundo acuerdo, ambos con impactos sociales tan calamitosos que permitieron el regreso de Cristina Kirchner al poder.
Pero Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, son conscientes de que el Gobierno debe apurarse después de las elecciones en definir con claridad su rumbo económico y, por consiguiente, encaminar un acuerdo con el FMI. Sostienen que la incertidumbre sobre este pacto es el principal motivo del alza del dólar en los mercados paralelos en las últimas semanas. Argumentan que no será bueno perder tiempo. En el directorio del Fondo ansían que tras los comicios y antes de Navidad se concrete la misión a la Argentina, que es condición sinequanon para la aprobación final de un programa económico. En el Gobierno sostienen que incluso antes de esa misión puede anunciarse un preacuerdo. Antes de las fiestas, esperan. Y alegan que, más allá de los ajustes que implique, será digerible para la sociedad, y sobre todo para los votantes cristinistas, si se lo vende como un pacto que permita al país “crecer, aumentar el empleo y reducir la pobreza”. “¿Por qué van a rechazar un plan donde puedas crecer?”, se preguntan en un equipo económico cuya continuidad está en juego en las urnas. “El FMI ya no plantea ajustes como en los 80 y los 90”, buscan reivindicarlo. ¿Y como en 2018?, se pregunta uno. “En 2018 el que planteó el ajuste era Macri”, retrucan.
El ala económica del Gobierno, aún dominada por el albertismo más allá de Feletti, argumenta que sin un acuerdo será difícil concretar las inversiones que diversas multinacionales han anunciado en las últimas semanas en sectores que van desde el litio hasta el hidrógeno verde. Si no se llega a un pacto, advierten de que continuarán las “distorsiones de las expectativas”, que se reflejan en los tipos de cambio paralelos. También se complicarían los desembolsos de créditos de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), alegan. Pero igualmente aclaran: “Si entramos en atrasos con el FMI, tampoco sería una situación insalvable. No es la mejor opción, pero la Argentina no va a desaparecer”.
El mes próximo vencen US$ 1.892 millones del capital del préstamo récord que el FMI otorgó al gobierno de Macri, quien reconoció que en parte se usó para financiar la fuga de capitales, algo que está prohibido por el estatuto del organismo. Ese pago se puede afrontar, aunque con stress de las reservas del Banco Central y, por tanto, del mercado cambiario. Lo que ya no se le podrá abonar al Fondo son los 2.873 millones que caen en marzo. Por eso, se requiere una reprogramación. También ese mes vencen 1.977 millones con el Club de París, el grupo de naciones ricas que supedita una postergación a un acuerdo con el Fondo.
Más allá de las conversaciones entre Guzmán y el FMI en estos dos años, la negociación en serio comenzó el 30 de octubre en la embajada argentina en Roma. Allí el ministro le presentó a la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, las proyecciones de las variables macroeconómicas a futuro. El ministro quiere no sólo acordar con el Fondo sino también un “consenso amplísimo” en el frente interno, lo que incluye a todo el oficialismo, la oposición, el empresariado y el sindicalismo, donde Pablo Moyano se acaba de erigir como cotitular de la CGT, junto con Héctor Daer y Carlos Acuña.
Además de la definición del rumbo económico y la negociación con el FMI, otro asunto clave de la agenda por venir es el dólar. En el Gobierno descartan un “salto al precipicio”, es decir, una devaluación brusca. Prometen, en cambio, retomar el ritmo de depreciación de 2020, a la par de la inflación, es decir, ya no más un 1% mensual frente a un índice de precios al consumidor (IPC) que llega al 3,5%. Pero califican de “borrachos” a los que compran el dólar a $ 200, el doble que el oficial. Destacan que este año, gracias a los precios de las materias primas pero también al repunte de las ventas manufactureras no sólo a Brasil sino también al resto de Latinoamérica, las exportaciones llegarán a US$ 75.000 millones, por encima de los 58.000 millones del año pasado. Sería el mayor nivel desde 2013. Aún estarán por debajo del récord de 2011, unos 83.000 millones, y de los 90.000 millones que, según Pesce, se necesitarían para eliminar el cepo cambiario. A las pick-ups de Toyota se les agregan los envíos al exterior de las Ford y las Volkswagen, entre otras. Hay bienes industriales que ganan mercados a la par de que los chinos se encarecen. Claro que en las últimas semanas los exportadores han demorado las ventas y los pedidos de prefinanciaciones a bancos del exterior con la expectativas de un salto cambiario poselectoral.
El devenir del dólar impactará en forma directa en otro de los mayores desafíos del Gobierno, en el que viene fracasando: la inflación. Ya está en el 52% y hay riesgo de superar el 54% de Macri en 2019. Una devaluación brutal la aceleraría hasta niveles insospechados: pasamos de acostumbrarnos durante el kirchnerismo a inflaciones del 25% anual a acomodarnos en los últimos cuatro años a otras del 50%. Siempre se puede empeorar. En el equipo económico confían en que un cambio de expectativas económicas contribuiría a bajar la inflación. Lamentan que, ante el impulso oficial de la demanda, los empresarios reaccionen, no con más producción, sino con más precios. Para revertir esa reacción, en el Gobierno consideran que hay que eliminar la incertidumbre de un nuevo stop and go, es decir, que a la recuperación económica le siga un crecimiento de las importaciones que agote las divisas y termine deteniendo la actividad, tal como viene sucediendo desde la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Lo que descarta el team Guzmán es adoptar medidas recesivas o una apertura de importaciones para bajar los precios.
Es que en la agenda económica también figura el sostenimiento del crecimiento. El consenso de bancos y consultoras nacionales e internacionales relevados por la firma FocusEconomics prevé que este año la Argentina se recupere 7,9%, tras una caída del 9,9% en el 2020 de la cuarentena.En 2022 sólo crecería 2,2%. La expansión perdería fuerza: sería la segunda menor de Sudamérica, sólo por detrás del Brasil de Jair Bolsonaro (1,6%), cuya receta liberal le ha reportado pocos réditos económicos y corre peligro de fracasar en su intento de reelección. Habrá que ver si Milei y sus rivales amigos de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, Patricia Bullrich o Martín Tetaz, toman nota.
Otro asunto pendiente radica en la continuidad de Guzmán. En su entorno esperan que siga. Lo defienden argumentando que está recuperando la economía tras tres años de caída, entre Macri y la pandemia. Admiten que aún falta recuperar el poder de compra, pero se preguntan si la solución sería reemplazarlo con Martín Redrado (“que haría un verdadero ajuste y nunca gobernó una crisis”), o con Fernanda Vallejos (“para hacer la revolución”). En los últimos tiempos buscó mostrarse como negociador imprescindible ante el FMI y a la vez como un duro crítico del acuerdo que ese organismo y Macri sellaron hace tres años. ¿Cristina Kirchner le pasará factura por haber persistido en la moderación fiscal sin poner mucha platita en el bolsillo, pese a su carta abierta tras las primarias en las que denunciaba recortes? En las huestes del ministro responden que no buscaron doblegar a la vicepresidenta, a la que respetan, si que debieron acomodar el gasto a las restricciones en el financiamiento. Si el Palacio de Hacienda hubiese recurrido a más emisión monetaria que la transferida por el Banco Central, el dólar paralelo podría haberse disparado aún más, alegan. Confían en el respaldo de Fernández y en el de Manzur, el primer gobernador al que conoció cuando era investigador de la Universidad de Columbia. En el entorno del jefe de Gabinete desmienten las versiones de que el tucumano le haya bajado el pulgar al discípulo de Joseph Stiglitz y de que prefiera a otros economistas pro mercado que dialogan tanto con él como con el FMI como Redrado o Carlos Melconian.
AR