Las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace decidieron mantener la medida de fuerza de 72 horas en reclamo del cierre temporario de las exportaciones de maíz pese a que, sobre el último minuto, el Gobierno dio marcha atrás.
Entre los referentes del sector cayó mal que la revisión de la medida fuera anunciada de manera sorpresiva y en el mismo momento en que se iniciaba el “cese de comercialización de granos” definido por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria (FAA), tres de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace (Coninagro decidió no adherir). Más considerando que la medida de fuerza fue anunciada el martes pasado, con casi una semana de margen para negociar. Además, las organizaciones repudian el límite de 30.000 toneladas diarias que se estableció para la exportación hasta tanto se defina una estrategia para “desacoplar los precios internacionales de los domésticos”.
“El problema de un sistema de cupos es que la administración de los mismos se torna inevitablemente discrecional y ahí aparecen las injusticias y la corrupción. Ya está probado y es un sistema que nunca funcionó”, dijeron a elDiarioAR voceros de CRA. Los productores citan como antecedente el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), una herramienta creada en 2006 que con mayor o menor intensidad reguló las exportaciones de productos agropecuarios hasta diciembre de 2015, año en que fue derogada por Mauricio Macri. Huelen, en definitiva, un retorno a las políticas del kirchnerismo que terminaron con un enfrentamiento abierto entre el Gobierno y el sector.
“Por ahora sigue todo igual”, confirmaron también en la Sociedad Rural Argentina sobre la continuidad de la medida de fuerza, que durará hasta las 24 horas del miércoles 13 de enero.
En el comunicado publicado en la medianoche del domingo, el Ministerio de Agricultura de la Nación que conduce Luis Basterra decidió “dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz,” que había sido implementada en la última semana de 2020.
Según la argumentación oficial, el cierre de las exportaciones de este producto hasta marzo tenía como objetivo asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de carnes, huevos y leche. La intención final era que no se dispararan los precios en la mesa de los argentinos.
“Se alcanzaron acuerdos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial de esta materia prima y se verifica el compromiso de los oferentes al abastecimiento del mercado con fluidez hasta el empalme con la campaña 20/21. Compromiso aceptado por los sectores demandantes de las cadenas productoras de alimentos de consumo”, señala el comunicado oficial de Agricultura.
En el texto precisa, además, que al acuerdo se llegó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y no aparecen mencionadas las entidades que conforman la Mesa de Enlace y que, con la sola excepción de Coninagro, son las que impulsan la medida de fuerza.
De acuerdo con lo adelantado oficialmente, a partir del 12 de enero se iniciará un cronograma de trabajo a los efectos de trabajar propuestas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos. En el punto que más alarmas disparó para los productores, el Gobierno dispuso que durante el período de análisis de las alternativas para el logro de estos objetivos, la Subsecretaría de Mercados realizará “un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20”. A tal efecto, las DJVE de maíz de la temporada 2019/2020 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias.
“Desaciertos y mala praxis parecen signar este comienzo del 2021”, expresó la CRA en un comunicado difundido esta tarde. La entidad señaló que más allá de que el cupo a la exportación no tiene “razones técnicas que lo avalen, ya que el stock es superior al de un año atrás y claramente no influirá en el precio en mostrador del pollo y de la carne donde sólo compone un 5% del valor final pagado por el consumidor”, es “la falta de transparencia de estos sistemas distorsivos” lo que más impacta hoy en las decisiones de producción.
“Aún en un contexto internacional favorable, se sigue dilapidando la confianza y los canales de diálogo con el sector productivo”, señala el texto, y agrega: “Hacernos creer que este tipo de medidas se realizan para cuidar la mesa de los argentinos y argentinas y que no es para dar una ventaja económica a un grupo de vivos y volver a implementar un sistema discrecional de peajes y aportantes a la causa es simplemente agredirnos el intelecto”.
DT