Javier Milei publicó ayer un video de Tik Tok en el que lee mirando a la pantalla: “Conmigo sigue la educación pública, pero no con (Roberto) Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos”. Arrancó criticando al jefe del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba). “Sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera. Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo, sin (Juan) Grabois robando en el medio”, dijo, aludiendo al cofundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). “El tren y el colectivo los vas a poder pagar sin que nadie te ayude”, prometió en referencia a su propuesta de terminar con los subsidios, lo que, según Sergio Massa, elevaría el boleto a $1.100 y $700, respectivamente.
De esta forma, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) buscó responder a las críticas a algunas de sus propuestas más polémicas. Sin embargo, sus voceros aclaran que no ha cambiado nada respecto a la plataforma electoral inicial, pese al pacto con el expresidente Mauricio Macri y la exaspirante a la Casa Rosada Patricia Bullrich. “La plataforma no cambia en nada. Sigue todo igual. El plan sigue siendo el mismo. No hubo condicionamientos sobre la propuesta electoral. Lo que dijo ayer lo dijo en toda la campaña”, insisten sus portavoces.
Es decir que se mantiene la idea de repartir vouchers a los estudiantes para que puedan optar entre ir a un escuela pública, que se financiaría sólo de ese modo, o a un colegio privado, donde además pedirán el pago de una cuota adicional. También permanece el proyecto de cobrar por la atención en los hospitales públicos. Ambas iniciativas constan en la plataforma de LLA. Es cierto que nunca se dijo que iban a cerrar escuelas u hospitales, pero cambiaría su modo de financiarlos. Eso sí, en Chile el sistema de vouchers condujo al retroceso de los colegios estatales en beneficio de los privados. A su vez, el arancelamiento de la salud ha quedado en vigencia en unos pocos países africanos y de Oriente Medio.
Milei siempre prometió mantener los planes sociales pero pocas veces explicó bien cómo los reformaría. En su plataforma se indica que se elaborará un protocolo para otorgar y hacer un seguimiento en el tiempo de los planes para asesorar y encaminar a las personas en “la obtención exitosa de empleos privados de acuerdo a sus capacidades y formación”. También se habla de “redefinir las políticas sociales, destinando los recursos y estrategias en pos de consolidar la familia, niñez, adolescencia y ancianidad en programas de oficios, nuevas tecnologías y proyectos comunitarios sustentables”.
En cuanto a los boletos de transporte, el postulante libertario no niega que vaya a quitar las subvenciones. Lo que dice es que, como bajará impuestos y terminará con la inflación, se supone que los usuarios contarán con los ingresos suficientes como para abonar las tarifas sin ayudas estatales.
Pero más allá de que nada cambia, el dirigente juvenil de LLA Iñaki Gutiérrez publicó ayer en X después del mensaje de su líder en Tik Tok: “Tranquilos. Jubilaciones, sí. Salud pública, sí. Planes sociales, sí. Educación pública, sí. ¿Qué cambia entonces? Que los políticos pagan el ajuste”. Claro que en ningún momento Milei se desdijo de su idea de volver a la jubilación privada, un sistema en el que cada ciudadano ahorra para su retiro y que rigió entre 1993 y su reestatización en 2009.
El economista y politólogo Nicolás Dvoskin, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) y profesor de las universidades de General Sarmiento y Lanús, le respondió a Gutiérrez por la misma red social: “Veamos cómo dan los números. En el Estado nacional hay aproximadamente 500 cargos jerárquicos incluyendo ministros, secretarios, subsecretarios y organismos descentralizados. Agreguemos 329 diputados y senadores. Si quieren redondeemos en 1.000. Supongamos un salario de $3 millones al mes. En realidad es muchísimo menos. Pero pongámosle. Son $40.000 millones al año. El presupuesto actualizado de 2023 es de $37 billones. Es poco más del 0,1% del presupuesto nacional. El PBI es de aproximadamente $150 billones. El gasto político es del 0,03% del PBI. ¿De dónde piensa recortar el 14,97% del PBI que falta?”, se refirió al recorte de 15 puntos que prometía con la motosierra en la mano en la campaña previa a la primera vuelta, antes de terminar segundo y pactar con Macri y Bullrich.
Si te dicen que el ajuste lo hacen los políticos, te están mintiendo en la cara
“Si te dicen que el ajuste lo hacen los políticos, te están mintiendo en la cara”, opinó Dvoskin. “Hagamos una cosa. Agreguemos también a los políticos provinciales y municipales. Hay 24 provincias y 1.300 municipios. Supongamos 200 funcionarios jerárquicos por provincia y 50 por municipio cobrando $3 millones (de nuevo, son menos y ganan mucho menos): llegamos al 1,8% del PBI. Y todo esto asumiendo que todas esas personas pasan a ganar cero. Los números no dan. Decir que el ajuste lo hagan los políticos suena muy lindo pero es una pelotudez interplanetaria cuando hacés las cuenta”, concluyó el investigador del Conicet.
Ya en el último coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), el presidente de Invecq Consultora Económica, Esteban Domecq, advirtió que el gasto político es una porción menor del gasto estatal y no ha sido lo que más ha crecido en las últimas dos décadas. Las erogaciones de la administración gubernamental, que incluye los poderes Ejecutivo y Legislativo, suponen entre la Nación, las provincias y los municipios el 2,8% del PBI. El gasto total de los tres niveles del Estado es del 40,9%. Por eso, en el entorno de Milei se sinceraban que la motosierra tajaría a las provincias, la obra pública, los subsidios a la energía y el transporte público, lo que él llama jubilaciones de privilegio y las empresas estatales, que cerrarían, se privatizarían o se transferirían a manos de los gremios. Sin eso, no hay semejante ahorro posible. En vez de motosierra, sería una lima de uñas.
Claro que tanto ajuste no implica que se acabe con la corrupción política. “Lo del yate del Mediterráneo no es gasto publico, es coima. No hay un rubro presupuestario donde dice yate”, bromeó Carlos Melconian, asesor de Bullrich, en el coloquio de IDEA. En la década del 90 que tanto idealiza Milei, pese al retiro del Estado en favor del sector privado, nunca se dejó de hablar de sobornos en cada negocio que los funcionarios abrían a los empresarios, en muchos casos amigos del poder.
AR/JJD