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Milei-Kicillof, del culebrón de fondo por la planta de YPF al pronóstico de tragedia griega

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

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En enero pasado, el presidente de YPF y ex de Tecpetrol (la petrolera de Techint), Horacio Marín, comenzó a revisar todos los planes de la compañía. Entonces, su vicepresidente y ex director de la petrolera del grupo de Paolo Rocca, Gustavo Gallino, le preguntó al equipo técnico encargado de analizar la exportación de gas natural licuado (GNL, el que se transporte en barco) por qué venían trabajando con la idea de instalar la planta de licuefacción en Bahía Blanca. Allí está el mayor polo petroquímico del país, incluidas dos empresas que tienen a YPF como accionista y que usan el gas como insumo: Profertil, que elabora urea, fertilizante del trigo, y Compañía Mega, que recupera el etano, el propano, el butano y la gasolina natural.

Marín y Gallino querían bajarle el costo al proyecto de GNL con la petrolera estatal malaya Petronas, dado que requiere a largo plazo de US$30.000 millones. El presidente de YPF se lo comunicó a Petronas y comenzó a evaluar si instalar la planta en el mismo futuro puerto donde acabará el oleoducto Vaca Muerta Sur, en Punta Colorada, Río Negro. Esta obra, que despierta polémica por posible derrames que lleguen al Golfo San José, santuario de ballenas, se licitará el mes próximo.

La menor distancia de Tratayén, Neuquén, a Punta Colorada (unos 570 kilómetros) que a Bahía Blanca (unos 600) atrajo a la dupla de exejecutivos de Techint. También la mayor profundidad del puerto. En el rionegrino se embarcaba el mineral de hierro de Sierra Grande, que se explotó entre 1969 y 1991, cuando la cerró el presidente Carlos Menem, ídolo de Javier Milei, en su plan de ajustar gastos. En 2006, en el gobierno de Néstor Kirchner, capitales chinos la reabrieron, pero volvió a dejar de producir diez años después. Desde entonces el pueblo de Sierra Grande, de 12.000 habitantes, y su puerto de Punta Colorada buscan resucitar.

En 2021 se ilusionaron con el proyecto de hidrógeno verde por US$8.000 millones que anunciaron entonces el gobierno de Alberto Fernández y la empresa australiana Fortescue, representada en el país por el exrugbier Agustín Pichot. Quedó en la nada. Habrá que ver si la planta de GNL acaba en falsa ilusión como la inversión china en hierro o la oceánica en el combustible generado a partir de la electrólisis del agua marina con energía eólica.

En abril pasado, Marín se reunió a solas y por separado con los dos gobernadores que aspiraban a recibir la inversión del GNL: el bonaerense, Axel Kicillof, y el rionegrino Alberto Weretilneck, que en su vida política pasó de militar en el Frente Grande a convertirse en aliado de Milei. Les advirtió ya entonces que la iniciativa del GNL sólo se concretaría si el Congreso aprobaba la ley Bases, con su Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que rebaja impuestos y exigencias de liquidar divisas de la exportación. En realidad, podría haberse concretado con el proyecto de ley de GNL del gobierno anterior, que ofrecía beneficios pero no tantos y quedó empantanada por las internas del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) en el Congreso. Les prometió enviarles sendas cartas con las condiciones que les pedía para radicarse aquí o allá. Al mes siguiente mandó las misivas, con una primera exigencia: la adhesión al RIGI.

En el proyecto original del régimen las provincias se veían obligadas a otorgar beneficios fiscales, pero al final se pactó que cada una adhiriera a la estabilidad impositiva por 30 años si así lo decidía. En julio, las provincias enviaron sus respuestas. Weretilneck prometió adhesión al RIGI y Kicillof propuso la creación de un régimen propio de incentivo de inversiones, que fuera más allá de la estabilidad de gravámenes como ingresos brutos y sellos. YPF, Petronas y una consultora estadounidense contratada para analizar el dilema sopesaron ambas propuestas.

La conclusión de los tres fue que la opción de Río Negro era US$600 millones más barata, incluso si Buenos Aires igualaba las rebajas tributarias ofrecidas por la provincia patagónica. Entonces su opinión fue sometida al directorio de YPF, allí donde se cobran $70 millones por mes. Después de que Milei acusara a Kicillof de “comunista” por no sumarse al RIGI, los directores de la petrolera estatal aprobaron por unanimidad por Río Negro. Entonces Marín llamó esta semana a ambos gobernadores para comunicarles la decisión. Kicillof la consideró arbitraria. El exTechint lo intentó consolar prometiéndole que igual YPF invertirá en duplicar la producción de Mega y Profertil. Claro que eso implicará ampliar la capacidad de transporte de gas, por un lado, a Bahía Blanca y, por otro, a Punta Colorada.

La pregunta es si habrá financiamiento para una y otra obra. Con el dinero que se aspira a recibir con la exportación de GNL, se puede costear lo necesario para Mega y Profertil, pero al distanciarse un negocio del otro se siembran dudas sobre la industrialización del gas, según temen en el entorno de Kicillof. El gobernador, impulsor de la reestatización de YPF en 2012, cuando era viceministro de Economía, para empezar a desarrollar Vaca Muerta, siempre había soñado con el aprovechamiento del gas no convencional no sólo para recuperar el autoabastecimiento energético primero y la exportación después sino para reforzar la industria, como sucedió con Estados Unidos.

Ahora, en su círculo ponen en duda que vayan a concretarse las inversiones para industrializar el gas, que irá a Punta Colorada en lugar de a Bahía Blanca. Sospechan que detrás de la decisión de mudar la planta de GNL a la Patagonia está el interés de Rocca de privilegiar su negocio de exportación de hidrocarburos por encima del siderúrgico, que también requiere de gas para sus calderas. Se preguntan qué quedará del proyecto para la Argentina entre las rebajas impositivas y la liberalización de la exigencia de liquidación de divisas de la exportación. Incluso advierten que el RIGI extiende a inversores de todo el mundo la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros en casos de incumplimiento. Ya no sólo podrán hacerlo aquellos provenientes de los 55 países con los que la Argentina firmó tratados bilaterales de inversión en los años de Menem (1989-1999). También los que canalicen los fondos a través de guaridas fiscales.

Detrás de la discusión sobre la localización de la planta de GNL hay una pelea de fondo sobre el modelo económico, según Kicillof. De todos modos, habrá que ver si se concreta porque ahora Marín deberá ir por India, Alemania, Francia o Italia a conseguir contratos de compra de gas. Incluso la petrolera neerlandesa Shell está interesada en intermediar con naciones carentes de combustible. Y una vez conseguidas esas intenciones de abastecimiento, el presidente de YPF deberá conseguir financiamiento para la construcción del gasoducto de Vaca Muerta a Punta Colorada, de la planta de GNL y del puerto para embarcarlo, que existe pero necesita readecuarse. En una de las mayores petroleras del mundo celebran las reformas de Milei, pero advierten que su gobierno sufre un déficit de gestión e implementación y la Argentina, después de tantos cambios pendulares, no puede ofrecer horizontes claros de viabilidad y sustentabilidad a futuro.

Más allá del modelo del gas, el equipo del gobernador bonaerense, que admira tanto a John Maynard Keynes como Milei lo odia, advierte sobre las consecuencias que ya están materializándose del esquema económico libertario. Primero, acelerada destrucción de empleo, mayor a la de los tiempos de Mauricio Macri. Segundo, caída del salario similar a la de entonces, con heterogeneidad entre empleados formales con acceso a paritarias, pero cada vez más reprimidos a la hora de sindicalizarse; estatales con sueldos hundidos e informales, incluidos los trabajadores de plataformas tipo Uber o Rappi, con la mitad de ingresos que cuando hace seis años comenzaron a expandirse. Admiten que los que pueden ahorrar pueden entusiasmarse con comprar más dólares abaratados.

Tercero, pérdida de compra de los jubilados, que requieren de sus hijos para cubrir gastos. Cuarto, caída de la demanda, lo que lleva a una merma de las inversiones. Las que vengan por el RIGI no llegarán de inmediato. Quinto, bajón de la construcción, la industria y el comercio. Sexto, riesgo de cierre de pymes. Séptimo, reconocen que baja la inflación pero lo atribuyen al enfriamiento de la economía y al ancla del tipo de cambio (el dólar oficial sube sólo 2% mensual), pero advierten que hay inercia y por eso se postergan ciertos aumentos tarifarios, de modo de exhibir índices más bajos. Octavo, el consumo no repunta pese a que la merma inflacionaria abarata el crédito porque cae el empleo. Noveno, sin consumo, inversión ni gasto público, que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, promete podar más, difícil que rebote la actividad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, igual procura transmitir optimismo, como cuando esta semana les anticipó a los agentes de compensación y liquidación (ALYC), las antiguas sociedades bursátiles, que julio finalizó con la menor inflación del año, con un 3 y pico por ciento. Aguarda que esta baja active las cuotas para el consumo -incluso 50 sin interés para electrodomésticos- y eso derive en un repunte económico entre agosto y diciembre.

En su informe mensual de julio para sus clientes corporativos, el Banco Galicia compartió ese optimismo: “El Gobierno cumplió con dos hitos que venía enumerando en su lista de pendientes necesarios para liberar los controles cambiarios: la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central -ya no hay bola de Leliq, Letras de Liquidez- y la virtual desaparición de los puts -seguros de reventa de bonos- en poder de los bancos. De esta manera, se cierran dos canillas adicionales de emisión monetaria, sumándose a la primera fuente de emisión que el Central había anulado desde el inicio de la actual administración: el giro de utilidades y de adelantos transitorios para financiar al Tesoro.

Adicionalmente, la autoridad monetaria anunció que podría vender dólares en los mercados de MEP -Mercado Electrónico de Pagos- y CCL -contado con liquidación- de forma discrecional para absorber los pesos emitidos por compras de divisas en el mercado oficial desde el pasado 30 de abril, dejándole un poder de fuego para contener la brecha de aproximadamente US$1.800 millones“. Esas intervenciones posibilitaron bajar al MEP y al CCL, y por consiguiente al dólar blue, de sus récords de principios de julio.

“Mientras tanto, la coyuntura sigue estando marcada por la continuidad de la apreciación cambiaria y un Central que encuentra muchas dificultades para recuperar reservas netas, que, pago de deudas mediante, han vuelto al terreno negativo”, continúa el Galicia. “El calendario de vencimientos de los próximos dos meses, sumado a la estacionalidad, deja la meta para el tercer trimestre cada vez más lejos. Sin embargo, la posibilidad de ingresos por la cuenta financiera podría compensar”, se esperanza con la llegada de capitales especulativos para hacer bicicleta financiera, aprovechando tasas de interés que superan la suba del dólar. “Pese a estas dificultades, el Gobierno puede jactarse de una serie de variables que lucen prometedoras. En primer lugar, la inflación continua su sendero bajista y las expectativas de mercado rompieron la barrera del 4% mensual para los próximos meses. Además, el resultado de las cuentas públicas de junio fue mejor a lo esperado, marcando un superávit en un mes estacionalmente complicado y poniendo a tiro el objetivo de equilibrio fiscal del 2024. Finalmente, la actividad parece haber encontrado definitivamente un piso y se observan algunas señales optimistas para los próximos meses”, concluye el banco de los Escasany, Braun y Ayerza.

Pero no todos los bancos locales comparten esa visión. En uno de ellos advierten que la Argentina de Milei puede seguir la senda de Grecia, que con el drástico ajuste fiscal y el mantenimiento de una moneda fuerte -no se salió del euro- encadenó ocho años consecutivos de contracción económica. Admiten que el Gobierno consiguió que los bancos entregaran el 70% de los puts, lo que reduce la emisión, pero ponen en duda de que todas las entidades siguieran los pasos del Galicia o el Macro y exigieran su pago. Atribuyen los récords de los dólares paralelos -el blue a $1.500- a principios de julio a una combinación de factores: una aceleración de la baja de tasas, que se acercaron al 2% de depreciación cambiaria oficial (crawling peg); la consecuente reactivación del crédito en dólares, que los tomadores liquidaban después en el MEP; la imposibilidad de las petroleras de exportar porque debían atender un mercado interno más demandante por las olas de frío y una devaluación del real brasileño. Entonces el Central decidió intervenir en el MEP y el CCL. El blue cerró este miércoles a $1.380. “Ya quemaron US$400 millones y así bajó la brecha. Además, Brasil se calmó. Y, en la medida en que la inflación baja a 3,3% en julio y 2,5% en agosto, según nuestros cálculos, la tasa del 4% vuelve a ser atractiva. Vuelve el carry trade”, se refiere a la bicicleta financiera de pasarse de dólares a pesos con mejores rindes, hasta que un día vuelvan a comprar divisas.

“Pero la desinflación, con un tipo de cambio atrasado, es muy recesiva. Es como Grecia en 2009: si no tocas el tipo de cambio, el desempleo cae y así hubo una recesión de casi 10 años”, advierten en el banco. “Vemos una actividad con forma de L, caída y estancamiento. La recesión se va a estirar más, no tocó piso, mientras el sector externo seguirá generando dólares, pero porque caen las importaciones. Si por la baja de la inflación, bajan el crawl del 2% al 1%, puede haber aún más recesión, porque forzás más el atraso del tipo de cambio real, lo que hace que los bienes argentinos estén caros para el mercado interno y para exportar. Si levantás el cepo cambio, te va a saltar el dólar. Por eso, no creo que lo levantan hasta 2026, pasadas las elecciones legislativas. La baja de tasa reactiva el crédito, pero este sólo suaviza la recesión porque la gente no se anima a tomarlo porque no ve la luz al final del túnel. Hay incertidumbre sobre capacidad de pago de deuda pública en 2025. Hay dudas sobre la baja del gasto y la acumulación de reservas en el segundo semestre de este año. Por eso, la actitud de los inversores es 'wait and see' (esperar y ver)”, advierten en la entidad financiera.

AR/DTC

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