El ambientalismo ya no es cosa de pocos. Entre 7 mil y 10 mil de personas participaron este lunes de la marcha por el Día Mundial del Agua en Buenos Aires, desde una sentada en el Congreso hasta un acto en la Plaza de Mayo. En la manifestación se oyeron reclamos contra el uso del agua en explotaciones mineras, petroleras (el fracking de Vaca Muerta) y ganaderas (las granjas porcinas con China, por ejemplo). También reclamaron por leyes que protejan los humedales, que fomenten el reciclado, que faciliten el acceso a la tierra a los productores agroecológicos y otra de educación ambiental.
En la marcha participaron referentes como Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a cartoneros; Bruno Rodríguez y Nicole Becker, de Jóvenes por el Clima; Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y Nicolás del Caño y Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). También estuvieron la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que organizó un verdurazo; La Poderosa, organizaciones ambientalistas que combaten desde minas hasta represas en el interior o proyectos de centrales nucleares con China; Extintion Rebellion, Fridays for Future (la agrupación de Greta Thunberg) y Ecohouse, entre otras.
Dominada por jóvenes, la movilización alertó acerca de los múltiples efectos de la crisis ambiental y exigió la urgente adopción de una política pública ambiental nacional que inicie una transición productiva y energética “al amparo de los que más lo necesitan”, según los Jóvenes por el Clima. Advirtieron que 40.000 hectáreas fueron consumidas por incendios “intencionales” que impactaron singularmente a la Patagonia en 2021, que se suman al récord de un millón de hectáreas quemadas en 2020. Por eso pidieron la asignación de recursos a los equipos que combaten catástrofes ambientales. “Se sabe de la crisis climática hace más de 30 años y por ahora fueron llenos de bla bla bla pero poca acción”, advirtió Becker. Otra joven, Mercedes Pombo, sostuvo que “el agua es un bien escaso cuyo acceso debe ser entendido como un derecho humano para las poblaciones, no para los negociados de las empresas mineras”.
AR