No importa que multitudes protestaran en plena Mar del Plata justo en una de las mejores temporadas de los últimos años bajo la bandera de defender las playas más populares de la Argentina. No importa que en las redes sociales hasta militantes del Frente de Todos (FdT), incluso contratados en el Estado nacional, criticaran el proyecto de exploración petrolera y gasífera offshore en la costa atlántica bonaerense y, en especial, al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que el 30 de diciembre pasado aprobó en el Boletín Oficial la iniciativa. Sin embargo, el albertismo y el cristinismo se unieron sin grieta interna para defender un negocio que impulsó primero el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y que promete reportarle a la Argentina divisas en medio de la escasez.
La idea partió de Juan José Aranguren, ex presidente de Shell Argentina que fuera ministro de Energía de Macri entre 2015 y 2018. Precisamente en 2018, el entonces jefe de Estado decretó el inicio del proceso licitatorio. En 2019, el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, otorgó las áreas de exploración a YPF (51% del Estado), que presidía Miguel Gutiérrez. Por eso, resulta llamativo que ahora el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, del PRO, se oponga al proyecto: “No voy a defender sólo el trabajo sino también la calidad de vida de todos los que viven en mi ciudad. Y por eso voy a manifestar públicamente mi rechazo a cualquier tipo de explotación petrolera en las costas de General Pueyrredón”. Aranguren lo criticó por Radio Mitre: “Lamento que hable de un tema que no conoce”.
En 2020 y 2021, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Energía, primero en manos de Sergio Lanziani y después en las de Darío Martínez, autorizó que la petrolera estatal cediera parte de tres concesiones marítimas a la noruega Equinor, especialista en offshore, y a Shell para que aporten los recursos necesarios para desarrollarlas. En primer lugar, deberán emprenderse estudios sísmicos para confirmar la riqueza del subsuelo marítimo bonaerense, en un país que ya cuenta con producción gasífera offshore en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las áreas en cuestión llamadas CAN 100 y 108 se encuentran ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata y la CAN 114, a 443.
“La Argentina tiene un potencial enorme en su cuenca offshore con recursos que podrían equiparar a los que hay en Vaca Muerta”, dijo el actual presidente de YPF, el santacruceño Pablo González. “Su desarrollo podría generar un cambio profundo en el país, transformándolo en un país exportador de energía al mundo”, agregó el funcionario cristinista. Es que la obsesión por exportar y obtener divisas -siempre y cuando se abastezca primero el mercado local- ha contagiado por completo al FdT, en especial frente a la negociación por devolver el préstamo récord que Macri tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. En el extractivismo no hay tajo en el oficialismo ni con Juntos por el Cambio, salvo el caso del intendente del partido de General Pueyrredón.
En un mundo que se plantea dejar el carbón y el petróleo por su impacto en el cambio climático sorprendieron las declaraciones de González: “En el marco de las transiciones energéticas podemos colocar a la Argentina en el centro de la estrategia de los países para descarbonizar sus economías, con una producción de petróleo y gas mucho más eficiente desde el punto de vista ambiental”. El gas sí se plantea como una alternativa de transición hacia las energías renovables, aunque también con polémica, como lo demuestra la actual discusión sobre este combustible en la Unión Europea.
Más comprensible fue el argumento económico del presidente de YPF a favor de la iniciativa: “El proyecto CAN 100 tiene el potencial de generar 200.000 barriles de petróleo diarios, una producción similar a la que actualmente produce toda YPF. Se estima que para su desarrollo, las inversiones ascenderían a más de 6.000 millones de dólares, con un impacto muy positivo en la cadena de proveedores locales y en la generación de empleo. En la fase de desarrollo, se podrían generar 22.000 empleos directos. Todo este impacto en un solo proyecto”. Otros números sumarían el CAN 108 y el 114.
También el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se plegó al coro de oficialistas en favor del proyecto, frente a protestas que incluyeron al Movimiento Evita: “En primer lugar quiero aclarar que el proyecto está en territorio nacional, en el Mar Argentino y no es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. No va a afectar la cuestión visual y es prácticamente imposible que haya un derrame. Para la provincia, podría ser una actividad económica muy importante. Para los municipios también. Por lo que sé hasta ahora, en el único lugar que perforaron hay 32.000 millones de dólares. La exploración en Mar Argentino viene de los años 60 y no ha generado un problema ambiental”. En su momento, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof fue quien impulsó el desarrollo de Vaca Muerta. El kirchnerismo siempre abogó por la extracción de recursos naturales, más allá de los cuestionamientos ecologistas, que con los años han ido creciendo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce el albertista Matías Kulfas, vienen librando una discusión contra los ambientalistas y en favor de lo que ellos llaman un desarrollo sustentable. “Estamos absolutamente a favor del desarrollo de la actividad petrolera offshore con los resguardos ambientales necesarios -dijo Kulfas-. No estamos de acuerdo con el productivismo que se desentiende de la cuestión ambiental y también rechazamos el prohibicionismo. Hemos lanzado el plan de desarrollo productivo verde y hacemos fuerza en la transición ecológica. Se han hecho estudios y creo que hoy hay visiones extremas. Nuestra visión está alejada de las visiones extremas. Los riesgos ambientales tienen que ser gestionados. Hay que producir cuidando el ambiente. Y estamos en desacuerdo con las visiones ambientalistas extremas que plantean la prohibición. Nos parece absolutamente falaz esa imagen que circuló de gente empetrolada en una playa. Río de Jainero tiene plataformas a 200 kilómetros y la gente sigue yendo a la playa. Es absurdo decir que hay un 100% de probabilidad de derrame de petróleo. Lo de Greenpeace es propaganda.”
Del otro lado de la vereda, Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, responde: “La exploración sísmica afecta al ecosistema marino, a la fauna sobre todo. Tiene consecuencias sobre animales de interés biológico y cultural. También afecta al desarrollo de poblaciones de especies de interés económico, que son el sustento de la actividad pesquera. Nos oponemos a la instalación de plataformas petroleras porque la consideramos una metodología extrema, mucho más riesgosa, contaminante y costosa desde lo energético y lo económico. No hay ningún tipo de resguardo ni seguridad para evitar accidentes y derrames de petróleo y otros componentes químicos tóxicos. Cualquier accidente en las plataformas o en los buques transportadores de petróleo impactaría en todo el ecosistema marino y en las costas. Nuestras ciudades costeras se desarrollan a partir del mar, que permite la pesca y el turismo. Consideramos que la industria petrolera no es compatible con estas dos actividades y otras deportivas, culturales y sociales que desarrollamos frente al mar y son identitarias de nuestros territorios”.
Frente a las protestas ambientalistas, parte de la contraofensiva del Gobierno se manifestó a través del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), un instituto técnico pero compuesto por las petroleras, sus proveedores y sus clientes. El IAPG recordó que la explotación será lejos de la costa y que las plataformas offshore no han producido accidentes en la Argentina ni han afectado las playas de Brasil, México -donde sí hubo denuncias de pescadores-, el Mediterráneo y Medio Oriente. También descartó que en el corto plazo las energías renovables puedan reemplazar al suministro de hidrocarburos.
Expertos del negocio de parques solares y eólicos están de acuerdo en que se explore el petróleo y el gas en el mar, pero critican que la industria petrolera descalifique las alternativas renovables. También admiten que desde la crisis económica estallada en 2018 se acabó el financiamiento para proyectos energéticos ecológicos y que las iniciativas en marcha en la actualidad son continuidad de las iniciadas por el gobierno de Macri. En cambio, no arrancaron nuevos proyectos en la materia.
AR