La inflación de 2021 será de alrededor de 50%. Con este dato, la economía argentina sumará un hito más a su derrotero de aceleración inflacionaria, que la ubica hace doce años con un ritmo de aumentos superior al 20% anual. A lo largo de este período, el nivel ‘base’ de inflación fue creciendo, trepando de la zona del 1,5% mensual a la del 3% que vemos actualmente. Peor aún, algunas políticas que antes funcionaban como alivios transitorios, como congelar las tarifas de los servicios públicos o el dólar oficial, parecen estar perdiendo su efecto. Así vemos cómo, para sorpresa del oficialismo, este año, a pesar de que el transporte público, la luz o el gas no aumentan, y aunque el tipo de cambio haya subido todo el año menos que la inflación general (perdiendo un 14% de su valor real en el camino), el empuje de los precios no cede.
En este contexto, el Gobierno sacó una resolución que impide el aumento de precios por 90 días de una canasta de más de 1.400 productos, incluyendo alimentos, bebidas, elementos de higiene y otros bienes de primera necesidad. Estos no podrán remarcarse en supermercados debiendo mantener su valor hasta los primeros días de enero. El programa no es el primero de su tipo que se implementa; por el contrario, muchas experiencias de este estilo fueron aplicadas en nuestro país recientemente y también en el pasado más lejano. A la vez, también hay experiencias de este tipo en otros países que sufrían de elevadas inflaciones. Entonces, ¿qué nos dice la historia de los controles de precios? ¿funcionará esta vez? ¿qué podemos esperar para el día 91, cuando el ‘acuerdo’ termine?
En primer lugar, es importante destacar que la inflación es un fenómeno macroeconómico, que abarca cientos de miles de precios que se negocian entre productores, comerciantes, consumidores, sindicatos, inquilinos y otros agentes a lo largo y ancho de todo el país. Cada uno de estos actores posee información específica sobre sus costos y necesidades, además de tener intuiciones o creencias sobre cómo evolucionarán sus ventas y el precio de reposición de sus productos (en muchos casos, muy asociado al valor del dólar). En este sentido es imposible esperar que el Estado, con la información limitada con que dispone, pueda definir los precios acertando a los valores óptimos que harán funcionar correctamente la economía. Menos aun cuando el listado fue resistido por las empresas involucradas, que no convalidaron los precios anunciados.
Sin embargo, si resalta la importancia que las creencias de la sociedad tienen en el proceso de formación de precios. Una negociación paritaria o una compra a plazo (por ejemplo, en cuotas) no se pactará de la misma manera si se espera que la inflación sea alta o baja para el año próximo. Por este motivo, el Estado puede tener un rol activo coordinando las expectativas de inflación para el futuro. Esto nos lleva a algunas experiencias en que los controles de precios fueron parte de programas desinflacionarios exitosos, que redujeron sostenidamente la inflación sin generar daños a la actividad económica y el empleo. Estos esquemas dieron frutos cuando se aplicaron junto con planes integrales que atacaran el centro del problema. Dicho de otra forma, los controles complementaban paquetes de medidas que establecían precios relativos sostenibles, con tarifas que no requirieran elevados montos de subsidios y un dólar que permitiera mantener la competitividad externa. En esos casos, los controles de precios pueden romper la inercia de los aumentos, funcionando como puente hacia un régimen de mayor calma inflacionaria. Pero ello también implica reducir la necesidad de emitir dinero (los desbalances fiscales-monetarios) y la escasez de divisas que impulsa el alza del dólar (el problema del financiamiento externo).
No obstante, frente a la falta de estas políticas de fondo, el control de precios por sí solo no reduce la inflación. Tal como dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la suba de precios no es un problema que se pueda resolver desde la Secretaría de Comercio Interior. Actualmente, las previsiones de inflación se ubican más de 10 puntos por encima de la proyección del Gobierno, por lo que el problema de expectativas está presente. Sin embargo, los dólares paralelos se comercian 80% por encima del valor oficial, marcando posibles problemas en la administración de las divisas en los próximos meses, y algunos precios públicos permanecen fijados hace más de dos años, por lo que también hay una cuestión de precios relativos por resolver. Por último, todavía se desconoce si se alcanzará un acuerdo con el FMI y qué condiciones pedirá este sobre el rumbo de la política económica en general. En este sentido, qué sucederá con el frente fiscal y externo permanecen como incógnitas. Así, el control anunciado de forma aislada no funcionará para desacelerar sostenidamente la inflación.
Un “acuerdo” de precios resistido por los empresarios y sin un programa macroeconómico integral que lo respalde puede tener dos conclusiones posibles. Un primer escenario es que los precios pactados se cumplan. De este modo, algunos productos de las empresas incluidas podrán encontrarse más baratos en supermercados mientras dure el control. En ese caso, el Gobierno se enfrentará a un dilema en enero, cuando termine la vigencia del acuerdo. Si autoriza aumentos en los productos regulados, se darán saltos de precios para compensar el retraso de los bienes incluidos en relación al resto de los productos y los costos de producción. En cambio, si mantiene los mismos valores, las chances de cumplimiento por parte de los comercios y empresas se reducirán. Alternativamente, es probable que el control no funcione en absoluto, si los productores buscaran formas de eludirlo cambiando la presentación de los productos, el tamaño de los envases o descubriendo “nuevas fórmulas” con más condimentos o nutrientes que escapen al acuerdo establecido.
En definitiva, el acuerdo puede postergar aumentos por un breve lapso, bajo el riesgo de desabastecer ciertas líneas de productos si se prolonga demasiado, pero no puede reducir la inflación. Quienes diseñan las políticas no desconocen estas cuestiones y son conscientes de estos problemas. Sin embargo, apelan a los controles como forma de aliviar, por unos pocos meses, las dificultades económicas de una gran parte de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. Sin acceso al crédito, el acuerdo es un modo de recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin incurrir en un costo para el Estado.
A pesar de eso, una baja duradera de la inflación que mejore sostenidamente los ingresos de las familias requiere más que un “acuerdo” de precios. Diseñar una estrategia que aporte certidumbre requiere mirar más allá de estos controles y conciliar precios relativos compatibles con las posibilidades de la economía.
JW