A un año de la media sanción en el Senado, el proyecto de Promoción de la Alimentación Saludable —más conocido como de “etiquetado frontal”— llegará este martes a Diputados, en lo que podría ser el último paso para convertirse en ley. La iniciativa, que está en el primer lugar de la agenda, recoge apoyos y resistencias transversales a los bloques políticos y tiene buenas chances de ser aprobada si es que se reúne al cuerpo necesario para iniciar la sesión. “El quórum está ajustado si Cambiemos no se sienta”, anticiparon a elDiarioAR en un despacho del Frente de Todos.
Si la sesión finalmente se sostiene, el cálculo que hacen es que la ley saldrá porque “el oficialismo la acompaña”, pero también un puñado de legisladores de la oposición. Para concretar la jornada, la primera en formato presencial después de un año y medio, el Frente de Todos deberá conformar quórum con sus aliados. Juntos por el Cambio resolvió que el oficialismo debe encargarse de reunir el número reglamentario, debido a que el temario forma parte de una agenda que no fue consensuada con ellos previamente, según explicaron.
El proyecto prevé que los alimentos procesados incorporen (luego de un plazo de gracia de 6 meses, con la posibilidad de prorrogarse a 12 para pymes) un sello de advertencia con forma octogonal y color negro en los casos que tengan “exceso” de azúcares, grasas o sal, de acuerdo con los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La obligación se fundamenta en que las dietas altas en esos “nutrientes críticos” se relacionan con la hipertensión, hiperglucemia y obesidad, los factores de riesgo asociados al 40% de las muertes del continente.
El proyecto busca también cuidar a las infancias, el segmento más vulnerable de la población y el objetivo predilecto de las grandes alimenticias. Por eso a los sellos se suma la prohibición del uso de personajes y promociones que atraigan a los niños, los anuncios en segmentos infantiles y el expendio de productos etiquetados en escuelas y entornos educativos.
La discusión llega a dos meses de que pierda estado parlamentario, y gracias a la presión de la sociedad civil, que a través de distintas organizaciones envió cartas a cada uno de los legisladores para pedirles que se convoque a sesión. Estas organizaciones —Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo— exigen que el proyecto que tiene media sanción del senado, sin modificaciones.
En el Senado la norma fue aprobada casi por unanimidad el 30 de octubre de 2020 y los tres votos en contra se explicaron más por las provincias de origen de los senadores, Tucumán y La Rioja, que por posiciones partidarias. De hecho, el texto es resultado de la unificación de 15 iniciativas presentadas sobre el tema y lleva la firma de senadores de distintos bloques, de Anabel Fernández Sagasti (muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner) al radical Julio Cobos. En el debate de comisiones en Diputados la iniciativa obtuvo 91 acompañamientos y superó ampliamente las tres propuestas alternativas que presentaron el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos), Carmen Polledo (PRO) y Alejandro García (PRO).
Así como los apoyos son transversales, la oposición también está repartida. El Frente de Todos, por ejemplo, impulsó un mensaje general de respaldo (oficializado incluso en sus redes sociales) pero tiene entre sus principales figuras a un oponente de peso como el jefe de Gabinete, Juan Manzur, gobernador en uso de licencia de la provincia azucarera de Tucumán, y a su segundo: el también tucumano —y ex director de la filial argentina de la empresa mexicana Sucriloq, dedicada a la producción de azúcar líquida para la industria alimenticia— Jorge Neme.
Si bien toma diferentes formas en lo discursivo, la oposición al proyecto tiene su fundamento en lo económico; en el revés que podría generar en las empresas alimenticias el hecho de que los consumidores tengan mayor información sobre lo que ponen sobre la mesa y que vean acotadas sus chances de hacer publicidad. En la Argentina, la “resistencia” está organizada en torno a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), presidida por el también titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Esta organización, que representa a 35 cámaras sectoriales y a más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas en la Argentina, tiene su propio proyecto de etiquetado (sobra decir, mucho más laxo) y terminales en gran parte de los partidos políticos, organismos públicos y entidades privadas.
Por el otro lado, la iniciativa tiene el respaldo de las grandes organizaciones mundiales vinculadas a la salud. “Las experiencias de los países con leyes vigentes de etiquetado frontal de advertencias y las nuevas evidencias disponibles en la región de las Américas confirman la eficacia de estos sistemas de etiquetado como instrumentos de salud pública y de promoción de derechos, sin afectar el empleo, la economía de los países y el comercio internacional, entre otros aspectos”, concluyeron en septiembre pasado especialistas reunidos en una jornada de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), UNICEF y FAO.
DT