La justicia estadounidense denegó el pedido de la organización no gubernamental Republic Action for Argentina (RA4ARG) de anular el fallo que condenó al país a pagar U$S16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera YPF en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, tribunal que lleva el caso, argumentó que la solicitud llegó fuera del plazo máximo de un año desde la presentación de la demanda, y que la ONG no tiene un interés directo en el caso. Con la negativa, se espera la definición de una fecha de audiencia para tratar la apelación del caso que aún no cuenta con sentencia firme.
El rechazo no tomó por sorpresa a quienes siguen el tema. Una vez conocido el pedido, adelantaron que el planteo de RA4ARG ya había sido discutido durante los ocho años que duró el juicio, y excluido del fallo final por falta de pruebas. El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, escribió en una columna en Infobae que el planteo de la ONG era una “obstinación por negar lo inevitable”.
R4ARG presentó la semana pasada un escrito para que la justicia estadounidense anule la sentencia e inicie una investigación penal a los involucrados en el proceso de nacionalización –los hermanos Sebastián, Matías y el fallecido Enrique Eskenazi, accionistas minoritarios del 25% de las acciones de la petrolera como cabezas del Grupo Petersen; Cristina Kirchner en ese momento presidenta; y los fondos Burford y Eton Park que adquirieron más tarde el derecho a litigar– por una compra supuestamente fraudulenta. En el escrito presentado el 17 de febrero, la ONG se define a sí misma como defensora de “los derechos individuales y una economía de libre mercado”.
La defensa argentina durante esta gestión de Javier Milei apoyó la presentación. La representación oficial quedó a cargo de Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro tras la excusación del flamante procurador Santiago Castro Videla por integrar el estudio de abogados que representó a Burford –actual demandante–.
Ocho años de historia
El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012, el Estado adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.
En el 2023, ocho años después del inicio de la demanda, la jueza Loretta Preska eximió a YPF pero falló en contra del Estado argentino en el juicio, y definió un daño económico de US$16.000 millonesmás intereses, convirtiéndolo en el juicio más costoso que Argentina tiene en el exterior.
Durante el 2024, las partes presentaron los escritos de apelación: el Estado argentino pide que se revea la sentencia –incluso los montos, que fueron los máximos pedidos por los demandantes–; y los fondos Burford y Eton Park piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.
Alerta buitre
Una de las distinciones de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 22,5 por ciento tras conocerse la primera sentencia de Preska en septiembre de 2023. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los mega juicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio era el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
NR/MC