El Ministerio de Trabajo, junto con las principales centrales sindicales y patronales acordó hoy un aumento del 35% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, a concretarse en siete cuotas entre abril y febrero de 2022. Además, se definió una instancia de revisación en septiembre de 2021 para evaluar el porcentaje de suba a la luz de la inflación efectiva registrada hasta el momento.
Según pudo saber este medio, el primer aumento del salario mínimo —que con el último ajuste dispuesto en marzo se ubicó en $21.600— se realizará este mes y será del 9%. En mayo ajustará 4%, en junio, otro 4%; en julio, 3%; en septiembre, 5%; en noviembre 5% y en febrero de 2022, 5%. Es decir, que el ajuste total sería de 35% hasta marzo de 2022, con la posibilidad de revisar los porcentajes a fines de este año. Así, el monto final llegará a los $29.160, todavía muy lejos del salario promedio y del costo de la canasta básica, que alcanzó en marzo un valor de $60.874 para una familia tipo.
El último ajuste de este concepto, que sirve como referencia a los trabajadores fuera de convenio y a ciertos programas sociales, se había realizado en octubre pasado. En esa oportunidad se acordó un aumento de 28% en tres cuotas, que resultó por debajo de la inflación de 2020 y consolidó el quinto año de caída real del salario mínimo.
Antes de ingresar a la reunión, la CGT había anticipado que buscaría un aumento superior al 35%, con revisión en octubre. Por otra parte, la CTA de Hugo Yasky advirtió que tomaría como referencia un informe elaborado por CIFRA en el que se señala que sólo para recuperar el poder adquisitivo perdido desde fines de 2015 es necesario que el salario mínimo salte a $35.000, lo que implicaría un aumento del 70%.
La CTA Autónoma, que conducen Ricardo Peidro, Hugo “Cachorro” Godoy y Claudia Baigorria, tomó como variable central en la negociación el precio de la canasta básica. Lograr un aumento que pusiera el salario mínimo a tono con esta pretensión hubiera significado una suba del 200%, algo inadmisible para el Gobierno, que lucha por limitar las variables que puedan alentar las expectativas inflacionarias.
El aumento que finalmente se acordó está lejos de estas pretensiones iniciales y se ubica apenas por encima del promedio de las paritarias cerradas hasta el momento, que respetaron la pauta inflacionaria sugerida por el gobierno pero exigieron una instancia de revisación como protección frente a una evolución de los precios más alta que la esperada. Fue definido por mayoría con 31 votos a favor y una abstención.
La reunión se realizó de manera virtual y comenzó pasadas las 15. Por el lado patronal, contó con la participación de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la asociación de Banco Privados de Capital Argentino (ADEBA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y las centrales agrarias que integran la Mesa de Enlace, entre otras.
Esteban Castro, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) participó como invitado, del mismo modo que Marcelo Fernández, de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y Carlos Marin, de Argencon.
La reunión se llevó a cabo mientras que organizaciones de izquierda se manifestaban en las calles del centro para solicitar que el salario mínimo escale a $60.000, en línea con el costo de vida de una familia.
Si bien no rige para ninguna actividad en particular, el salario mínimo funciona como una referencia para el sector informal. Aumentarlo es, junto con la mejora de los salarios estatales, una de las dos herramientas que el Gobierno tiene a mano para acelerar su tan mentado objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, no es gratuito. Su suba impacta en los montos de la jubilación mínima y el salario mínimo docente, así como en los de distintos programas gubernamentales como el Potenciar Trabajo o el Salario Social Complementario.
DT