En las últimas semanas distintos sindicatos revisaron junto a las cámaras sectoriales los acuerdos paritarios sellados a principio de año, con el objetivo de acercarlos a la evolución efectiva de la inflación; un proceso que continuará durante los próximos meses. Esta reapertura de las discusiones, sumada a los términos de los acuerdos más recientes como el de camioneros, generó un desplazamiento de la pauta inicial, en torno al 30%, al orden del 45%. En este contexto, y por pedido de la CGT, el gabinete económico evalúa también la posibilidad de revisar los términos de la última actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, que funciona como referencia para trabajadores informales y prestaciones sociales.
A fines de abril el Ministerio de Trabajo, junto con las principales centrales sindicales y patronales acordó un aumento del 35%, a concretarse en siete cuotas entre abril y febrero de 2022. Además, se definió una instancia de revisión en septiembre de 2021 para evaluar el porcentaje de suba a la luz de la inflación efectiva registrada hasta el momento.
Por pedido de la CGT, y en línea con su objetivo de hacer crecer los ingresos por encima de la inflación, el Gobierno evalúa ahora poner el porcentaje de ajuste nuevamente sobre la mesa, según informó el diario Ámbito Financiero y pudo reconstruir este medio. Por el momento, en el gabinete económico barajan dos opciones. Por un lado, anticipar la fecha de reapertura de la discusión, dispuesta en el acta para septiembre, y llamar a un nuevo consejo. Por otro, adelantar algunos de los tramos, que llegan hasta el año próximo y están articulados de la siguiente manera: 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y 5% en febrero de 2022.
Tal como estaba dispuesto el aumento, el monto final llegaría a los $29.160 el verano que viene, e incluso entonces quedaría muy lejos del salario promedio y del costo de la canasta básica, que en mayo alcanzó un valor de $64.445 para una familia tipo. Al momento de sentarse a negociar, el salario mínimo ya acumulaba cinco años de caída en términos reales.
“El compromiso del gabinete económico, y así se reflejó en el Presupuesto, es que los salarios le ganen a la inflación. Con ese objetivo se irán dando todas las discusiones”, señaló una fuente que participa de la mesa de discusión de cada miércoles. El mismo mensaje transmitieron en las carteras de Economía y Trabajo.
Aunque no de manera formal, la CGT hizo el pedido de la revisión del aumento del salario mínimo y también le transmitió al Gobierno Nacional la necesidad de prorrogar el decreto que prohíbe lo despidos, algo que fue concedido. Ayer el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la prórroga hasta el 31 de diciembre.
Si bien no rige para ninguna actividad en particular, el salario mínimo funciona como una referencia para el sector informal. Aumentarlo es, junto con la mejora de los salarios estatales, una de las dos herramientas que el Gobierno tiene a mano para acelerar su tan mentado objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, no es gratuito para las arcas públicas. Su suba impacta en los montos de la jubilación mínima y el salario mínimo docente, así como en los de distintos programas gubernamentales como el Potenciar Trabajo o el Salario Social Complementario.
DTC