Tarifas de gas y electricidad: el Gobierno planea un aumento de un dígito, pero las empresas piden recomposición del 100%

En su alquimia por reducir subsidios sin sumar un nuevo golpe a los bolsillos de los argentinos y argentinas, la Secretaría de Energía dispuso ayer un aumento en las tarifas a 2.900 “grandes usuarios” como fábricas, grandes superficies comerciales o petroleras. Si bien esto le generará un ahorro fiscal “importante” -que no se precisó oficialmente-, no es suficiente para cumplir con la meta trazada por el ministro Martín Guzmán: mantener el volumen de gasto en subsidios a la energía constante en términos del PBI, en torno al 1,7%. 

La pregunta está ahora centrada en lo que ocurrirá con las tarifas de los hogares, para lo que se evalúa diferentes alternativas. Una de ellas, adelantada por el presidente Alberto Fernández en reiteradas oportunidades, es la de segmentar a los consumidores por nivel de ingreso. Esto implicaría aumentos para unos y continuidad del congelamiento para otros, pero su diseño todavía no está definido al interior del Gobierno. 

Lo que está claro es que los números en la cabeza de las autoridades nacionales no coinciden con los de las empresas del sector. La Secretaría de Energía y los entes reguladores vinculados avanzan con la idea de un aumento de no más de un dígito en el valor final de las boletas, lo que no sería suficiente para disparar la recomposición que las distribuidoras pretenden por su servicio, del orden del 100% e incluso por encima.  

Las tarifas de gas y electricidad no se actualizan desde el primer trimestre de 2019, en una economía que acumula una inflación en torno al 80% desde entonces. 

“Nosotros tenemos otro análisis hecho, lejos del número que dejó trascender el Gobierno, de un aumento de entre el gas de entre el 7% y el 9%. Sabemos el contexto del país y que aumentar lo que necesitamos como empresa es muy difícil, pero un dígito está muy lejos de lo que nosotros esperamos para que la tarifa se ponga al día”, dijo a elDiarioAR una fuente del sector. De todos modos, señaló que con dos años de congelamiento en las espaldas, “cualquier aumento es mejor que nada”. 

En el caso particular del gas, solo el 24% de lo que se recauda en la factura es para las distribuidoras. El resto es el precio del gas en sí (alrededor del 60%), transporte e impuestos. 

En las empresas admiten que es descabellado realizar la actualización de golpe y atribuyen el problema a las políticas de congelamiento. “Cuando la tarifa no crece al ritmo de la inflación te queda muy lejos y ponerte al día de repente es una locura. No pretendemos eso, pero es lo que necesita y lo que en otros sectores sí se concreta. La nafta ajusta, ajusta, ajusta”, lanzan. 

Las empresas consultadas señalaron que todavía no hay ningún número concreto sobre la mesa y que la discusión, por el momento, es más “conceptual”. En el caso del gas, eso tomará forma en las audiencias convocadas para marzo, en las que tanto el Estado como las empresas y los usuarios expresarán su posición. 

En el caso de la electricidad, la estimación de aumento necesario es del 100%, pero sólo sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que terminaría por impactar en la factura final que paga el cliente en un 30%

Por un lado, el lunes 15 de marzo se realizará una audiencia citada por la Secretaría de Energía para analizar el costo mayorista del gas. Al día siguiente, se realizará otra convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para definir el ajuste para distribuidoras y transportistas, que se aplicaría a los usuarios a partir del 1° de abril.

En el caso de las empresas eléctricas la discusión está mucho más atrasada, sin audiencias convocadas y, según el relato de algunas voces del sector, sin diálogo con las autoridades. 

Según una de las empresas distribuidoras eléctricas, la recomposición debería ser del orden del 100%, considerando que hace dos años que la tarifa está congelada y se absorbieron costos de compras y salarios. “La estimación es del 100% pero sólo sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que terminaría por impactar en la factura final que paga el cliente en un 30%”, detalló la fuente empresaria. 

“Hasta ahora discusión con el Gobierno no hay. Nos pidieron información a las empresas sobre costos, inversiones, obras, gastos, pero hasta el momento es un diálogo unilateral, no una mesa de trabajo”, sostuvo la misma fuente, que anticipó que un retraso mayor en las actualizaciones terminará por repercutir en el nivel de inversiones y, consecuentemente, en la calidad del servicio. 

Sobre los esquemas de ajustes de tarifas, las empresas consideran viable aplicar una segmentación, siempre y cuando la base de datos que indique a qué usuario le corresponde cada tarifa sea provista por el Estado. “Nosotros como empresa sabemos cuánto gasta cada usuario en el servicio, pero no si tiene empleo en blanco, si cobra IFE o si es desocupado. De hecho el trámite de la tarifa social se hace vía Anses y nosotros solo lo aplicamos cuando tenemos el ok”, señalaron. 

Ante la consulta de elDiarioAR, en la Secretaría de Energía prefirieron no hacer comentarios y afirmaron que todavía no hay definiciones al respecto. 

DT