En medio de una discusión tensa, que quedó también afectada por el fallido pedido de renuncia del ministro Martín Guzmán al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y el foco que ese episodio puso sobre la postura inconexa del Gobierno con relación a las tarifas, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) busca definir junto con la Jefatura de Gabinete cuál será el aumento autorizado para los servicios de telecomunicaciones para los próximos meses.
Según pudo confirmar elDiarioAR, uno de los pocos consensos alcanzados hasta ahora es que en mayo no habrá ajuste. Sin embargo, algunas empresas como Movistar (Telefónica) y Claro se anticiparon y comunicaron porcentajes de aumento a sus usuarios. Enacom insistió en un comunicado oficial en que esas subas no fueron autorizadas y advirtió que podría haber multas si igualmente las aplican. De todos modos, es de esperar que las firmas sigan adelante con sus planes, ya que en algunos casos todavía no devolvieron lo cobrado por encima de los porcentajes autorizados desde enero, pese a las reiteradas intimaciones oficiales y al endurecimiento del régimen de sanciones de Enacom.
La advertencia no rige esta vez para Telecom, que el viernes pasado obtuvo un fallo favorable de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le otorgó una cautelar para suspender la aplicación del decreto 690/20. Este decreto es el que declaró a las telecomunicaciones “servicio esencial en competencia” y le permitió al Estado, a partir de su entrada en vigencia en enero de este año, participar de la definición de las tarifas del sector. Enacom ya comunicó que interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para buscar revertir la medida cautelar dictada a favor de la empresa perteneciente al Grupo Clarín.
El Gobierno no logró todavía acordar internamente el aumento que regirá a partir de junio ni el universo de usuarios al que alcanzará. Del mismo modo que ocurre con los servicios públicos, los diferentes organismos del Estado discuten la posibilidad de segmentar a los clientes y aplicar ajustes diferenciales, algo que en el caso de las telecomunicaciones sería más fácil de concretar que en la electricidad o en la factura de gas. Una posible límite para segmentar podría ser la cantidad de gigas de los planes.
Según fuentes ligadas al Gobierno, los porcentajes de aumento para junio que están sobre la mesa son 4% y 8% y su definición dependería del universo al que se aplique. Si fuera, tal como sugirió Enacom, sólo para los planes “premium” y corporativos, se podría avalar el aumento más alto. En cambio, el ajuste se reduciría a la mitad si la base alcanzada fuera más amplia.
La intención del Gobierno es disponer un esquema de actualización de tarifas cuatrimestral o semestral (esa es otra de las cosas por definir), que podría basarse en una fórmula o simplemente acompañar la inflación oficial.
Fuentes ligadas a la negociación señalaron que hay reuniones constantes y que la demora en la publicación de la resolución, que la semana pasada estuvo a punto de salir y luego volvió a ser debatida en los despachos, se debe a muchos factores. Por un lado, la situación de la pandemia, que desde hace más de un año afecta los ingresos de las familias y obliga al Gobierno a extremar los cuidados sobre las decisiones que impactan en el bolsillo, lo que resulta también útil en un año electoral. Además, en los últimos días el cruce entre el ministro Guzmán y el subsecretario de Energía Federico Basualdo por posturas encontradas frente al aumento de tarifas dejó expuesto la irresolución de ese debate al interior del Frente de Todos y afectó los ánimos de quienes ahora deben definir sobre las boletas de los servicios de teléfono celular y fijo, internet y televisión por cable.
DT