Empleados de la cadena de electrodomésticos Garbarino protestaron el pasado viernes frente al edificio que, en Recoleta, alquila la compañía de seguros Prof. Ambas empresas pertenecen a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli que en 2017 adquirió la aseguradora y en junio de 2020, Garbarino, pero que ahora busca un inversor para esta atribulada firma de comercio minorista.
Garbarino ya se encontraba en crisis el año pasado, cuando Rosales la compró a sus dueños originales, Omar y Gabriel Garbarino, que se marcharon del país. El nuevo propietario la adquirió por un peso pero con el compromiso de asumir su deuda de $ 12.000 millones. También le prometió al jefe del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, que no despediría a ninguno de los 4.500 empleados de entonces.
Entre pancartas, bombos y cornetas, empleados de Garbarino reclamaron el viernes contra supuestos despidos encubiertos, suspensiones y atrasos en los sueldos. Primero lo hicieron en Prof y después se dirigieron a la Casa Rosada para dejarle un mensaje al presidente Alberto Fernández. “Estamos pasando por un momento de total abandono y desesperación, ya que se nos adeudan sueldos de abril, mayo, bono de fin de año, aguinaldo y aportes previsionales. Nos quedamos sin atención medica en plena pandemia. Todo lo que se retiene de nuestros sueldos no es derivado correctamente a donde debería, como, por ejemplo, las cuotas de alimentos, que no le son depositadas a los hijos de los trabajadores”, decía el petitorio.
Un vocero de Garbarino confirmó que “lamentablemente” hay demoras en el pago de sueldos. “La administración de Garbarino es la primera en querer que se resuelva cuanto antes la situación, por eso el foco es el proceso de inversión”, respondió el portavoz, que negó retrasos en los aportes previsionales o a las obras sociales. Rosales negocia el ingreso de un nuevo accionista a la cadena, Fernando Prado, propietario de la operadora de TV por cable del interior Supercanal Arlink. “Se trabaja en encontrar una solución de fondo que permita continuar la idea con la que se llegó el año pasado para levantar la compañía y, lamentablemente, se venía en ese camino pero los cierres de abril complicaron el panorama”, agregó el vocero.
“Las sucursales están siendo cerradas indiscriminadamente y se aplican suspensiones arbitrarias al personal, que son interminables; existe incumplimiento en los protocolos indispensables en los tiempos que corren, hay persecución sindical, y además obligan a los empleados a ir a trabajar a pesar de no tener ni para viajar, y si realizan retención de tareas, bajan las persianas en señal de amenaza”, escribieron los delegados del Sindicato de Comercio Nadia Ponce, Érica Salazar y Claudio Ledesma.
“De los 4.500 empleados que éramos hace un año, más de 1.300 se terminaron yendo con despidos encubiertos, cansados de todo el manoseo recibido por la empresa, y no se les han completado las liquidaciones a esos empleados”, agregaron. Es decir, según sus cifras, ahora quedarían 3.200 trabajadores.
En Garbarino niegan que hubiese habido despidos, pero reconocen que hubo personal que se retiró. “No es cierto que sean 1.300”, añaden. Informan que ahora hay “menos de 4.000” empleados. Atribuyen la reducción de personal al “cierre de locales, lamentablemente, producto de la pandemia, crisis que generó el cierre de más de 90.000 locales en el país, según CAME (Cámara de la Mediana Empresa), y más de 500.000 empleos perdidos en el último año, según Ecolatina (consultora)”. “Sí hubo suspensiones, producto de la pandemia. Hay sucursales que se vieron afectadas por las restricciones. Han cerrado y abierto intermitentemente. Hay complicaciones de flujo de caja, producto de una fuerte caída de ventas desde abril, consecuencia de la segunda ola de cierres. Eso generó atraso en pagos”, explicaron en la empresa de Rosales.
AR