El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este domingo al Congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria que provocó protestas masivas durante los últimos días y lo llevó a movilizar al Ejército en diferentes ciudades del país, y reiteró que propondrá una nueva iniciativa que excluirá los aspectos más polémicos de la anterior. Sin embargo, no logró evitar que miles de personas volvieran a protestar, por quinto día consecutivo pero ahora por otros motivos.
“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo Duque en un mensaje al país.
El mandatario había anticipado el viernes que modificaría el proyecto de reforma tributaria, pero pese a ello las protestas iniciadas el miércoles -que ese día dejaron un muerto en Cali- se repitieron incluso hasta ayer. El sábado, el líder colombiano defendió el despliegue del Ejército y aseguró que mantendría la medida hasta “que cesen los hechos de grave alteración del orden público”.
Duque precisó este domingo los alcances de la nueva iniciativa, que excluirá el aumento del IVA en bienes y servicios y la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta.
Pero sostuvo que la reforma es necesaria para “dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia de Covid-19”.
El nuevo proyecto, concertado con partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado de la economía, se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a los contribuyentes más ricos, según la agencia de noticias AFP.
Incluirá una tasa de renta temporaria a empresas; un impuesto al patrimonio, a los dividendos y a las personas de mayores ingresos, y la profundización de los programas de austeridad en el Estado, dijo Duque.
Sin embargo, los ciudadanos que desde temprano estaban en las calles, más otros que esperaban unirse a las movilizaciones en la tarde, anunciaron que continuarían las marchas para manifestar otros reclamos al gobierno nacional, entre ellos la reforma del sistema de salud, según la revista local Semana.
“Hemos logrado uno de los objetivos del paro, detener el proyecto de reforma tributaria, pero aún nos queda la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, las postergadas medidas que debieron dar continuidad a los acuerdos de paz”, señaló el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en un comunicado.
El CRIC reclamó también “el respeto a la consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia, que sigue siendo permanentemente vulnerado por el gobierno con el otorgamiento de concesiones sobre los territorios ancestrales”.
Asimismo, el sistema de transportes Transmilenio, de Bogotá, reportó por la tarde “bloqueos intermitentes” en diversos tramos y “37 estaciones que estarán sin servicio por no brindar condiciones de seguridad para los usuarios y la operación”.
Mientras tanto, a las 15 (las 17 en la Argentina) ya habían llegado miles de manifestantes -muchos de ellos en bicicletas o motocicletas- a la histórica plaza de Bolívar, en el centro de la capital.
Por otra parte, un joven identificado como Santiago Murillo, de 19 años, murió la noche del sábado por una herida de bala en el tórax, que recibió en las protestas en Ibagué, capital del departamento Tolima y ubicada a unos 200 kilómetros al sudoeste de Bogotá.
Testigos afirmaron que el disparo que hirió a Murillo -quien falleció una hora y media después de ingresar a la clínica privada Nuestra, según el parte de este establecimiento- fue hecho por un policía, informó el diario bogotano El Tiempo.
El miércoles pasado murió otra persona en el primer día de protestas en Cali, por lo que esa ciudad fue puesta bajo control militar.
Denuncias de violaciones a los DDHH
Un total de 97 organizaciones firmaron un documento en el que denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra la reforma tributaria, que muchos colombianos consideraban perjudicial para las clases medias y populares.
En el marco de las manifestaciones, pidieron a la CIDH que le exija al Gobierno colombiano “medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales”.
Entre los hechos que señala este documento destaca la estigmatización de la protesta por parte de los agentes estatales, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por la Policía, el abuso de figuras policiales, allanamientos ilegales, judicializaciones arbitrarias y la intervención del Ejército en los escenarios de protesta.
Las protestas contra la reforma tributaria, con la que el Gobierno pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para estabilizar las finanzas del país tras su peor desempeño en medio siglo, se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.
Colombia es el duodécimo país en el mundo y el tercero en América latina con más casos confirmados de coronavirus acumulados desde el comienzo de la pandemia, con casi 2,9 millones, según la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins.
Su economía -la cuarta más grande de la región- se contrajo 6,8% en 2020, su peor desempeño en medio siglo, y en marzo pasado el desempleo trepó a 16,8% y 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza, según datos oficiales.
CB/CRM con información de agencias