Ecuador avanza en la despenalización del aborto en casos de violación

Efe / elDiario.es

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La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador estableció las 28 semanas de gestación como máximo para que las mujeres mayores de 18 años víctimas de violación puedan abortar. En el caso de las menores y mujeres discapacitadas no tienen ese plazo.

La Comisión inició la revisión del borrador del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación que presentó la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.

Este martes, decenas de mujeres se concentraron frente a la Asamblea Nacional de Ecuador en una vigilia para seguir el debate sobre un proyecto con pañuelos verdes y pancartas en los exteriores de la sede del Congreso en Quito.

El objetivo de las manifestantes es vigilar que el debate que tiene la Comisión de Justicia garantirse el acceso a un proceso voluntario, seguro y legal de aborto en los casos de violación. También quieren que solo con el pedido de la víctima sea suficiente para acceder al sistema de salud en estos casos.

A finales de abril, un mes antes de asumir como presidente, Guillermo Lasso había dicho que si bien no está de acuerdo con la práctica del aborto respeta la decisión. “Soy un hombre católico. Sin embargo, como presidente electo mantengo también un inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos. Creo especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de poderes”, dijo en esa oportunidad el presidente.

En Ecuador, existe un promedio de once denuncias diarias de violación y muchas de las víctimas quedan embarazadas. La decisión es un avance ya que hasta ahora el aborto solo está permitido si la vida de la mujer corre peligro o si el embarazo es producto de una violación pero solo en mujeres con algún tipo de discapacidad mental.

El presidente de la Comisión fijó una nueva convocatoria para la revisión del proyecto para este miércoles 12 de enero. Lo que concluyan los parlamentarios se someterá a segundo debate en el pleno de la Asamblea antes del 25 de enero.