“Este no es el relato de una retención ilegal, es el relato de mi descenso al infierno”, había declarado más de dos años atrás Ingrid Betancourt ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz creada en virtud del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC de 2016. “He compartido la sed de logar la paz. Pero después de tantos años y esfuerzos por perdonar, hay cosas hechas por individuos o por las FARC con las cuales jamás podré reconciliarme”, resumía los seis años y cuatro meses de cautiverio quien era candidata presidencial cuando fue raptada en 2002 por la guerrilla que más tiempo permaneció activa en la historia de América Latina. El 4 de julio de 2018 la JEP había iniciado un proceso a las FARC por “secuestro de personas entre 1993 y 2012”. Betancourt fue una de las 2.107 víctimas acreditadas. El jueves, en un documento de 564 páginas, la JEP presentó un detallado alegato para enjuiciar a ocho ex líderes guerrilleros por crímenes guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el curso de dos décadas de secuestros.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nacida de los acuerdos de La Habana de noviembre de 2016 eligió como sus primeros imputados naturales a la cúpula de la guerrilla. Incriminó a ocho titulares del Secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. Es la primera vez desde la firma de la paz que la JEPatribuye responsabilidad criminal a la comandancia de las FARC. Los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de las FARC y actual presidente del partido Comunes, nacido del desarme de la guerrilla, los actuales senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo y los antiguos comandantes Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
La jueza Julieta Lemaitre Ripoll, al presentar en público el Auto de la JEP, leyó en su comunicado que “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”. A lo largo de los dos años y medio de trabajo en la causa, según la magistrada de esta institución especial quedó probado “de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”.
Específicamente, la acusación de la JEP es en un doble andarivel y con una doble imputación: el crimen de guerra de toma de rehenes y el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad. El hablar de crímenes de guerra es posible por el reconocimiento de las FARC como parte beligerante a la luz de los acuerdos de paz de 2016. Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue -concluye la JEP- un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes. Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó a los antiguos miembros del Secretariado otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. ​Los mismos hechos -también según la JEP- fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia. Entre estos están las privaciones graves de la libertad, así como los homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados que se dieron al tiempo con los secuestros.
La incriminación en el seno de la JEP que expresa el Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción llega al fin de tres etapas en la reunión y evaluación de las pruebas. Se contrastaron los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación y por organizaciones de la sociedad civil. Se dio traslado a la defensa. Por último, se dio traslado de estas versiones a las víctimas acreditadas para que hicieran sus observaciones.
En total, se recibieron y contrastaron 17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes. Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones. La Sala de Reconocimiento además incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla en diversas operaciones militares. Además, la complementó con el análisis de publicaciones académicas y especializadas.
La JEP estudió dos décadas y miles de crímenes y delitos para llegar a ocho nombres. No serán los únicos, anunció la misma JEP. A esta decisión sobre el Secretariado se sumarán en el año otras decisiones en las que se determinará la responsabilidad de los mandos medios y los ejecutores directos. A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. Si no la aceptan, se iniciará un proceso penal en la Justicia penal colombiana ordinaria, que contempla penas de prisión de hasta 20 años para estos delitos. Si la aceptan, recibirán sanciones especiales con penas de hasta ocho años, que son restrictivas de la libertad, pero que no han de cumplirse en institutos carcelarios o penitenciarios.
Seis de los excomandantes incriminados, encabezados por el propio Timochenko, en un comunicado oficial del partido Comunes, aseguraron que su “compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”, y que están estudiando el auto de la JEP. En declaraciones más explícitas a Radio W, Timochenko dijo que “estamos viendo a una JEP fortalecida y funcionando”, y reiteró que las FARC-EP ya habían hecho autocrítica y reconocimiento del crimen del secuestro. Todo parece indicar, al menos de momento, y según este conjunto de declaraciones públicas, una admisión de la responsabilidad de los hechos en los términos del Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP.
AGB con información de agencias