Wendifer dejó Venezuela en febrero de 2019. Apenas cruzó la frontera debió quedarse varios días en Cúcuta porque el pasaje a Bogotá le resultaba muy caro. En la Capital empezó a trabajar como vendedora ambulante de caramelos y consiguió cierta estabilidad hasta que se encontró con una novedad. “Las ventas disminuyeron por la xenofobia”, cuenta. Cuando llegaron a Bogotá su esposo y sus dos hijas de 9 y 11 años la plata dejó de alcanzar. “Surgió un nuevo problema: cuando ofreces la mercancía ahora te dicen que te vayas, o te sueltan porquerías. Eso no les pasa a los vendedores colombianos”.
La semana pasada el presidente Iván Duque anunció que los migrantes venezolanos no regularizados van a ser excluidos del plan de inmunización. Wendifer se preocupó. “Muchos colombianos se quejan sobre la cantidad de venezolanos que tienen acá”, dice. Cuando le preguntaron a Duque si los migrantes no regularizados iban a poder acceder a la vacuna contestó: “Por supuesto que no. Si no, imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”. Y no es sólo el presidente. “La alcaldesa es la que más ha incitado a la xenofobia en los últimos tiempos”, señala Wendifer. Se refiere a Claudia López, una figura en ascenso en la política colombiana, que considera que los migrantes venezolanos promueven la inseguridad en la capital.
El aumento en las tasas de irregularidad de los migrantes venezolanos en el último tiempo sumado a los cuestionamientos xenófobos que sufren en toda la región puede ser una traba para acceder a los planes de vacunación. La escasa protección estatal que tuvieron durante la pandemia –que se manifestó con fuerza en Ecuador y Perú pero que encontró eco en el resto de América Latina– puede profundizarse, aunque no es seguro que otros líderes sigan las palabras de Duque.
Para Luicy Pedroza, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de de Berlín, el aumento de las voces xenófobas en la opinión pública en la región se va a traducir en un desafío sanitario. “En un contexto de escasez de vacunas, cada país deberá tener un debate respecto a qué grupos deben ser inmunizados primero. A los ojos de muchos ciudadanos, los migrantes deben ser excluidos o postergados en el acceso a la vacuna. Los estados tienen que tener muchísimo cuidado y remarcar por qué no sólo es importante incluirlos sino darles prioridad. Y esto es porque, en primer lugar, son seres humanos y posibles portadores del virus. Pero además, por su situación de vulnerabilidad, al estar en tránsito, muchas veces sin hogar, suponen un factor de riesgo mayor para la propia población nativa”, explicó a elDiarioAR.
La demarcación entre migrantes “regulares” e “irregulares” ha tomado fuerza en la región en un contexto donde las trabas burocráticas aumentan y, en consecuencia, el segundo grupo es cada vez más numeroso. En el caso de Colombia, si advertencia de Duque se hicieran realidad, más de 800.000 venezolanos se quedarían sin vacuna. De los 1,7 millones que residen en el país –según las últimas cifras oficiales–, al menos el 55% se encuentran de manera irregular.
Las tasas de “irregularidad” son aún mayores en Ecuador y se encuentran en aumento en Perú y Chile. Estos últimos tres países han endurecido los requisitos para obtener una visa durante el 2019 y en la gran mayoría de la región los procesos de regularización se detuvieron con la pandemia. Mientras que las fronteras se mantuvieron cerradas por la crisis sanitaria, los canales ilegales de paso siguieron activos.
Wladimir, un dirigente estudiantil de 27 años que abandonó Venezuela por temor a ser asesinado, describe el escenario peruano desde Lima. “Hay un vacío institucional entre Cancillería y Migraciones. Las solicitudes están tardando años y el Estado no da respuesta. Si estar legal ya es difícil, imagínate cuánto más es la vida como ilegal”, dice a elDiarioAR. A diferencia de muchos de sus amigos, que han sido golpeados por los efectos de la pandemia, él se considera un afortunado por seguir teniendo trabajo. Wladimir asiste a agencias migratorias locales. Por eso conoce también la situación en Ecuador, donde viaja bastante y está en contacto con otros migrantes. Allí observa los mismos problemas. “En Perú y en Ecuador el gobierno se comporta de una manera muy discriminante. El proceso de visas que ofreció Chile también fue un fiasco”, asegura.
El origen de la crisis
Desde el inicio de la crisis económica, humanitaria y política en Venezuela en 2015, más de cinco millones de personas abandonaron el país, según coinciden los registros de ACNUR y la OEA, lo que convierte al éxodo en el más numeroso en la historia reciente de la región. La violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro -expuestas en un par de informes de Naciones Unidas- son uno de los factores de la diáspora. El punto de quiebre fue en 2018, cuando la crisis se agudizó y el flujo aumentó con fuerza. Hoy, más del 80% de los migrantes venezolanos viven en países de América Latina. Colombia es el destino principal, seguido por Perú (830.000), Chile (455.000) y Ecuador (362.000).
Wendifer no es técnicamente una migrante “irregular” sino que tiene una visa de salvoconducto. “Pero la regularidad que tengo no me sirve. No tengo servicios de salud ni permiso de trabajo. El papel lo único que hace es que no me deporten. Cuando vinimos, en febrero de 2019, la frontera estaba cerrada y no sellamos el pasaporte. La gran mayoría de los venezolanos que salen lo hacen sin pasaporte. Sin eso, no accedes a nada”, cuenta a elDiarioAR.
La pandemia agudizó la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos. Para los que trabajaban en la calle y vivían al día, la llegada del virus implicó perder el total de los ingresos. Según datos recopilados por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, en Colombia, antes del confinamiento, el trabajo pago era la fuente principal de ingresos para el 91% de las familias migrantes venezolanas. Para el mes de mayo, ese porcentaje se redujo al 21% y la mitad de los hogares declaró no tener ninguna fuente de ingresos.
Para muchos migrantes, la amenaza de no tener acceso a la vacuna significa profundizar una tendencia de desprotección estatal que se manifiesta desde el inicio de la pandemia. Según el informe “Migrantes venezolanos bajo el Covid-19: manejo de la pandemia de América del Sur en medio de una crisis migratoria”, desarrollado por el Wilson Center, Brasil fue el único país latinoamericano que incluyó a la totalidad de los migrantes en los programas de transferencia económica. Colombia, Chile y Argentina lo hicieron con criterios determinados de elegibilidad que dejaron fuera a una gran parte de los migrantes no regularizados. Ecuador y Perú no incluyeron directamente a la población migrante en sus programas de ayuda económica.
El acceso a los servicios de salud que no son de emergencia, por otro lado, también fue deficiente y en algunos casos –como Ecuador, Chile y Perú– condicionada por el estatus migratorio. Con respecto a la vivienda, muchos migrantes quedaron fuera de los decretos que prohíben los desalojos porque no tienen ningún tipo de contrato legal y fueron removidos a la fuerza. Según la última encuesta de perfiles migrantes elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el grado de vulnerabilidad para los venezolanos que se encuentran en países cercanos como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador es mayor al del resto de los destinos, dado que los migrantes suelen ser más jóvenes, tienen menos capital económico y educativo y son más propensos a vivir en condiciones de informalidad.
La familia de Wendifer pudo sobrevivir gracias al apoyo de vecinos y organizaciones que les dieron comida y asistencia, especialmente para sus dos hijas. Cuando el confinamiento aflojó, su esposo consiguió trabajo como vendedor ambulante. Pero tuvieron que recurrir a los “gota a gota”, también conocidos como “prestamistas express”, quienes prestan dinero a devolver en muchas cuotas y con intereses altos. Hubo, sin embargo, un grupo de venezolanos en diferentes destinos (entre 60.000 y 100.000 según distintas estimaciones) que a causa de la desprotección decidieron volver caminando a su país de origen.
La situación en Venezuela ya es de por sí crítica: escasea el acceso al agua y millones de ciudadanos necesitan atención médica, según detalla el último informe de Naciones Unidas publicado en julio. El gobierno ha registrado oficialmente poco más de 1.000 muertes por el Covid-19. Es un número bajo comparado con el resto de la región y fue cuestionado por presunto ocultamiento de casos y muertes. Los migrantes que regresaron se tuvieron que enfrentar, además, con las acusaciones del gobierno y las Fuerzas Armadas que los rotularon como “bioterroristas” por supuestamente volver al país con virus. Otros funcionarios los llamaron “armas biológicas”. El porcentaje de los que volvieron es sólo el 1% de la diáspora.
Esa vulnerabilidad los vuelve más propensos a contagiar y extender el virus. Wendifer dice que tuvo suerte porque la dueña del departamento no echó a los 9 inquilinos pese a que dejaron de pagar el alquiler. Le tiene miedo al virus porque trabaja en un semáforo. “Todos los días tenemos contacto con personas que no sabemos de dónde vienen”, dice.
Para la socióloga Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, las declaraciones de Duque van en contra de los estándares de Naciones Unidas –como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes– y también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero además no tienen sentido desde un punto de vista de salud pública. “Estás excluyendo una población que puede ser un foco de contagio si no es tratada adecuadamente. El riesgo es enorme. El gobierno se mete en una trampa”, dijo en diálogo con elDiarioAR.
Bolívar recuerda que el gobierno colombiano ha tomado muchas medidas favorables a los migrantes venezolanos desde el inicio del éxodo. Una de esas medidas, por ejemplo, fue instalar puestos de vacunación en la frontera cuando comenzó el flujo. “Ya hubo vacunación masiva de venezolanos en Colombia. Fue una medida sanitaria y de prevención. El gobierno puede adecuarse a la excepcionalidad que implica la pandemia y no pedir todos los requisitos que impone el sistema de salud. Ya lo hizo en el pasado y puede hacerlo ahora. Y si no tiene los recursos puede seguir obteniéndolos mediante ayuda internacional”, señaló.
El compromiso del gobierno colombiano con organizaciones migratorias y otras agencias internacionales que envían a Bogotá una importante cantidad de fondos para lidiar con la crisis migratoria venezolana puede exponerlo a presión para que dé marcha atrás con las intenciones de excluir a migrantes no regularizados. “Dudo mucho que llegue a suceder eso. Esta declaración pone en riesgo el trabajo que hacen muchas organizaciones en Colombia. Creo que tiene más que ver con una retórica que con una decisión de política pública real”, dijo a este diario una fuente de la OIM que pidió no ser nombrada.
Duque es el único mandatario latinoamericano en expresar intenciones de excluir a una parte de la población migrante del plan nacional de vacunación. Pero el lugar que van a tener los migrantes en general y venezolanos en particular no ha sido abordado en el debate sobre vacunación en la región. Y aunque el acceso a la vacuna esté garantizado para migrantes sin importar su estatus, resta saber si van a ser tratados como población de riesgo o no, y si van a ser postergados para darle prioridad a ciudadanos nacionales.
Otro desafío es cómo van a ser alcanzadas las personas migrantes que no estén regularizadas. Para Pedroza, se trata de un reto logístico. “Es una población que se mueve mucho en el caso de los países andinos. No se puede llegar a ellos por papeles o lugares de trabajo porque carecen de ellos. Además, muchos albergues de migrantes han cerrado con la pandemia o expulsado a gente para asegurar condiciones de distancia”, dijo. Las campañas de comunicación para atraer migrantes a los centros de vacunación serán clave.
La pandemia amplificó la crisis migratoria venezolana y visibilizó la desprotección estatal en muchos países. Hoy, ante la llegada del debate sobre quién y cuándo accede a la vacuna, los gobiernos pueden fijar los términos de la discusión con criterios de salud pública o dejarse llevar por pulsiones xenófobas.
JE