Un paro nacional con bloqueos, marchas y concentraciones, que el gobierno y la oposición evaluaron de manera muy diferente, marcó este lunes una nueva página del enfrentamiento político en Bolivia, donde este martes el oficialismo convocó a una manifestación en defensa de la democracia y contra supuestos intentos de desestabilización en Santa Cruz, corazón de la actividad opositora.
El paro en rechazo a la “persecución política” contra opositores juzgados por su presunta participaron en el golpe de 2019 y a una ley de investigación de ganancias ilícitas fue impulsado por el llamado Bloque de Unidad de la oposición, que encabeza el Comité Cívico de Santa Cruz.
Del otro lado, el Ejecutivo evaluó la medida como un nuevo gesto de la derecha agrupada que no acepta que el MAS se impuso en las urnas y, en consecuencia, apuesta a la desestabilización, aunque igualmente suspendió el tratamiento parlamentario de la ley sobre ganancias ilícitas para abrir algunas consultas.
Los únicos incidentes de la jornada se produjeron en algunos puntos en los que grupos oficialistas buscaron levantar por su cuenta los bloqueos de cívicos y opositores.
Para el Ministerio de Trabajo, las actividades fueron “completamente normales” en ocho de los nueve departamentos y la protesta no afectó a los sectores de producción, manufacturas, servicios gubernamentales y bancarios, transporte urbano y de larga distancia, ni a los vuelos comerciales.
“La construcción de un bloque democrático histórico apenas comienza con este primer paro; no esperemos grandes cosas. Es un proceso”, explicó Manuel Morales, dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), uno de los grupos que llamó a la protesta y que en 2019 se movilizó contra el gobierno de Evo Morales.
El dirigente admitió que la convocatoria no había alcanzado un impacto total porque no consiguió el respaldo abierto de alcaldes de las capitales de departamento, la mayoría opositores.
En el Bloque de Unidad conviven los comités de los departamentos en manos de la oposición, el Conade, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, y organizaciones empresarias.
En el caso de La Paz, el alcalde conservador Iván Arias se sumó a última hora a la protesta, pero los servicios municipales operaban con normalidad y las actividades urbanas solo fueron fugazmente afectadas por una marcha de comerciantes minoristas informales contra la ley sobre ganancias ilícitas, que tiene media sanción de Diputados.
En la vecina El Alto, la alcaldesa izquierdista Eva Copa llamó a “reconstruir el país en vez de parar”, y el titular del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, calificó a la protesta como “un éxito total”.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, destacó vía Twitter que la escasa repercusión de la medida era “un mensaje que está dando el pueblo boliviano a quienes convocan a paros; el pueblo quiere trabajar por la reactivación económica”.
Otros ministros y líderes parlamentarios oficialistas acudieron también a la prensa para descalificar a la protesta, considerándola un intento de desestabilización del gobierno y de búsqueda de impunidad para la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros procesados.
“El paro no tiene más motivos que tratar de dañar al gobierno, a la reactivación económica, y lograr inmunidad para los delitos políticos y comunes ocurridos durante y después del golpe de 2019”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
El presidente Luis Arce, aunque no habló puntualmente del paro opositor, dio por seguro que Bolivia no volverá a vivir una crisis política como la de 2019, cuando la oposición motorizó las protestas que derivaron en el golpe institucional.
“Con el patriotismo de hermanos y hermanas como ustedes, que son la inmensa mayoría de la patria, no volveremos a los periodos nefastos de nuestra historia, como fue el golpe de estado de 2019 o como el que pretenden abrir nuevamente unas minorías”, dijo Arce en Pando.
Para el mandatario, las minorías “solo conciben democracia cuando las mayorías están silenciosas y excluidas de la participación política”, pero eso “nunca más volverá a suceder”.
En la protesta de este lunes hubo puntos de bloqueo en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí y La Paz, y marchas, aunque pequeñas, en la misma Cochabamba, La Paz y Oruro.
Santa Cruz, gobernada por Luis Fernando Camacho, uno de los artífices del golpe de 2019, fue de los puntos fuertes del paro: no hubo transporte público ni privado y la mayoría de los comercios cerró.
Reportes de BTV mostraban que en La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oruro, Beni, Pando y Tarija las actividades eran normales, informó la agencia estatal de noticias ABI.
La mirada contrapuesta sobre el alcance de las movilizaciones tendrá este martes un capítulo inverso: serán sectores afines al MAS, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (las Bartolinas), entre otros, los que marcharán en Santa Cruz.
La caminata, en la que se espera la presencia de Arce, será a las 14.30 (15.30 en la Argentina) desde el Parque Urbano hasta el monumento al Chiriguano, en la capital cruceña.
La COB explicó en un comunicado que se trata de una marcha en honor a los 529 años de resistencia anticolonial y para reafirmar “la lucha de la clase obrera, media y popular indígena originaria y campesina, en defensa de la verdadera democracia y la reivindicación”.
CRM con información de agencias