El Senado brasileño apuesta a recuperar protagonismo y prestigio al acusar de crimen de lesa humanidad a Bolsonaro por su gestión de la pandemia

Brasil es un país tropical donde hay más televisores que heladeras, y donde las palabras que más cuentan se dicen en una pantalla. El miércoles, el senador Renan Calheiros presentó en Brasilia las 1.180 páginas del relatório final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado creada un semestre atrás para evaluar y examinar la gestión federal de la pandemia de Covid-19. Desde el 27 de abril, el público había podido seguir las vibrantes sesiones cotidianas de la CPI transmitidas en vivo y en directo. Fueron seis meses de duelos oratorios con lenguaje explícito, pugilatos no sólo verbales  e interrogatorios intensos. A partir de estas declaraciones testimoniales y del examen de miles de documentos, la CPI recomienda investigar, encausar, procesar y condenar a 66 personas. A las que considera culpables de 29 diversos delitos. Según la interpretación de la comisión senatorial, fue por la conducta de este grupo, que despreció sistemáticamente a la ley, que se perdieron todas las vidas que se habrían podido salvar entre las más de 600 mil muertes brasileñas registradas. La lista de culpables presuntos empieza con el presidente Jair Bolsonaro, y la de los crímenes, con el de lesa humanidad.

El presidente no sólo es el funcionario de más alto rango acusado. Está acusado de más crímenes, y más graves, que el resto. A Jair Bolsonaro (que no tiene ahora afiliación partidaria ninguna) le imputan nueve delitos. Según la CPI, infringió artículos del Código Penal, del Tratado de Roma, y de la Ley de Responsabilidad. En el relatório, se pide que Bolsonaro sea juzgado por provocar epidemia con resultado de muerte, violar medidas sanitarias preventivas, prometer remedios secretos y curas milagrosas, defender e incitar el delito, usar indebidamente de caudales públicos, prevaricar, exterminar y perseguir a grupos humanos por su raza u otros rasgos, violar el derecho social y actuar de manera incompatible con la dignidad, la hora y el decoro que debería haber respetado como propios de su cargo, el más alto de la República.

Al nombre presidencial se suman los de cuatro ministros, dos ex ministros, seis diputados un senador, un concejal. Cada uno con su ramillete de delitos propio. Hay también trece médicos y tres empresarios entre las personas enumeradas por el relatório de la CPI. Los tres hijos mayores del presidente, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro están entre los parlamentarios cuyo procesamiento judicial pide el documento. Según la legislación brasileña, las empresas tienen responsabilidad penal; la CPI acusa a dos, Precisa Medicamentos y Vtc Operadora Logística.

Alcance judicial y objetivos políticos de la acusación senatorial

Desde un punto de vista jurídico estricto, es muy incierto cuál podrá ser el encaminamiento judicial de las minuciosas acusaciones discriminadas, para cada uno de los responsables presuntos, en las más de mil páginas del relatório presentado por Renan Calheiros.  Ni siquiera es seguro que se inicie una efectiva investigación en la Justicia. No se trata de un impeachment, como el que derribó a la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso en 2016. En un juicio político, la Cámara de Diputados acusa y la de Senadores sentencia. Esta es sólo una Comisión Parlamentaria de Investigación, como el nombre de este instituto delata. Su función es investigar, y ya se ha cargado de una labor más al  moldear y clasificar lo investigado según los tipos penales que determinan cuáles acciones son delito, y cuáles no. Será el Procurador General, jefe de los fiscales, quien recibirá el relatório, y decidirá qué hacer con la investigación, estudiará cuán firmes son los vínculos entre los actores mencionados y las acciones investigadas –luego de evaluar previamente la solidez probatoria procesal de esas investigaciones-. Puede tomarlas en cuenta, o no. Aún falta para llegar a esa instancia, donde a los pedidos de la mayoría de la CPI le esperan, en el procurador general Augusto Aras, un posible aliado del presidente, quien sostuvo su postulación.

Antes de llegar al Ministerio Público, el relatório tiene todavía que completar su camino en el interior del Congreso, y aun del Senado, y aun dentro de la propia CPI, para dejar de ser lo que es, un informe preliminar, y validarse como documento oficial. El martes, el pleno de la CPI debe votar el relatório. De los once integrantes de la Comisión, cuatro votarán en contra. Son feroces adversarios, recusan como inválido lo actuado por sus pares, y denuncian como inconcluyentes y políticamente motivadas las acusaciones, que ven como operación propagandística contra Bolsonaro, quien buscará su reelección en las presidenciales de 2022. A los ojos de Marco Rogerio, el informe de la CPI es “una pieza de ficción política a la medida de las elecciones presidenciales de 2022”. Según este integrante de la minoría de la CPI, la mayoría decretó que causa y autor de al menos 300 mil muertes, la mitad del total de las brasileñas,  es el presidente de la República, no el Covid-19. La minoría promete no cejar en lo que considera su deber, y promete, en cada institución donde se considere el documento de la CPI, presentarse para abogar en contra. La mayoría, por su parte, dice que en el caso de sumar desconsideraciones, irá hasta la Corte Internacional de La Haya.

En cuanto a los réditos ante la opinión pública, el balance es muy diferente, sin ser por ello mucho más nítido. La CPI dio prueba de su idoneidad para sostener el rating minuto a minuto. Cincuenta personas se sentaron ante las cámaras de TV Senado para informar de su acción, función, o contacto en el gobierno de Jair Bolsonaro. Ni una vez perdieron los senadores su impaciencia por hacer brotar la confesión pública de indignidades privadas, la asignación de culpas, la delación de corrupciones ajenas, la traición personal de ex lealtades con nombre y apellido, y el clamor por el castigo porque en el drama la impunidad es peor que la injusticia

Cuando la CPI entró en funciones, sus fautores y actores principales parecían guiados por un cometido hoy ampliamente cumplido. Durante seis meses le ofrecieron al público espectáculo y conversación cotidianas de un dramatismo profesional sin decaimientos. Variaciones sobre tema fijo de imbatible rating trágico. La vejez, la soledad, el dolor y la muerte. La tumba sin ritos ni bendición y la sepultura de masas pero sin deudos. Después de cada sesión, todas televisadas en vivo, la CPI declaraba que el asesino estaba acorralado. Porque para este teatro existencialista, no era natural que hubieran muerto más de 600 mil personas contagiándose un virus entre sí. No mataba la pandemia, sino el hombre. El único con tanto poder era el presidente, que no estaba desorientado, sino que el supervillano tenía un plan: complotaba.

La expiación del desprestigio senatorial

El fortalecimiento del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Policía Federal  (PF) como instituciones de fiscalización y control habían amortiguado el desempeño del Poder Legislativo como órgano fiscalizador del Estado en los últimos quince años.  Más de una vez se ha señalado que habían sido la segunda presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva y la primera de Dilma las responsables de este desplazamiento del peso funcional. Al Partido de los Trabajadores (PT) lo había incentivado su desconfianza por el Congreso. Irónicamente, las normas de agilización burocrática y los recursos asignados a la PF fueron las herramientas gracias a las cuales durante el Lava Jato el lawfare contra el PT resultó tanto más fácil y más rápido.

En este cuadro histórico, la CPI de la pandemia le recuperó protagonismo al Senado. Fue más allá, su visibilidad eclipsó a la de cualquier otra comisión senatorial de la última década y media. “Esta CPI no es como las otras. Esta CPI está en la casa de todos. No hay un brasileño que no haya perdido un familiar, un amigo, un conocido”,  había enfatizado Omar Aziz, presidente de esta CPI, en una entrevista con el diario Valor Econômico del grupo Globo. Este senador sexagenario, del Partido Social Democrático (PSD, conservador en temas sociales, pega-tudo -o no ideológico- en los restantes), representa al estado de Amazonas, del que fue gobernador: uno de los más afectados por la pandemia. Que esta CPI haya disfrutado “de amplia cobertura,  es natural que ocurra, porque en definitiva la investigación del Senado es la pérdida de vidas”, según la opinión de un profesor de la Universidad de Brasilia, el politólogo Lucio Renno.  

Vacunados e inmunizados

Fundamental para el rating de la CPI fue su decisión inicial de concentrarse en las vacunas. Es el relato que enhebra el relatório. Asigna responsabilidad y culpa por acciones pasadas: ¿por qué no hubo vacunas, por qué no hubo más, por qué éstas y no aquéllas, qué falló y quiénes robaron?

Según la cientista social Monalisa Soares Lopes, profesora en la Universidade Federal do Ceará (UFC), hubo un efecto de “cascada” en la vorágine de los interrogatorios. En las declaraciones ante la CPI, cada quien procuraba la inocencia propia a partir de la culpabilidad ajena.  Sin embargo, hay un rasgo significativo que destacar. Los ex funcionarios de la administración Bolsonaro, sustituidos o destituidos por el presidente, negaron la realidad tanto como la responsabilidad. Y se acusaron entre sí, o a terceros por fuera del Ejecutivo federal, cuando se trató de explicar catástrofes y desgracias. Pero preservaban sin embargo al presidente. 

El ex ministro de Relaciones Exteriores, el nacionalista Eduardo Araújo , y el ex titular de la Secretaría Especial de Comunicación Social  (Secom), Fabio Wajngarten, señalaron como impulsor de las iniciativas sanitarias, o de la renuencia a planificar campañas públicas nacionales coordinadas contra el COVID-19, al ex ministro de Salud de la pandemia (mayo 2020-marzo 2021), que no era un médico, sino un militar, el general Eduardo Pazuello. Cuando le tocó declarar, Pazuello asumió la autonomía de su cartera. Pero cuando le pidieron llanto y compunción, transfirió responsabilidades a los gobernadores y los a ministros de Salud de los estados federales. O a sus propios subordinados: después de haber asumido su propia autonomía y la de su Ministerio con respecto al presidente Bolsonaro, tocaría a quienes estaban por debajo de él hacerse también cargo de las consecuencias de la autonomía de la que gozaron con respecto a él. En primer lugar, a una figura clave en lo que tocó en un problema clave: la ex secretaria de Gestión del Trabajo y de Educación para la Salud de su cartera, Mayra Pinheiro, apodada ‘Capitana cloroquina’. Pazuello recalcó, en cuantas ocasiones le preguntaron, que las opiniones controversiales sobre medicamentos, vacunas y tratamientos, cuando no sobre existencia, extensión, y definición de la ‘gripezinha’ enunciadas por Bolsonaro, siempre lo fueron a título personal, pero que ni influyeron, ni mucho menos fueron impuestas, a sus colaboradores y técnicos, dejados en libertad y respetados como voces científicas competentes, por un presidente que actuaba profesionalmente al no intervenir en campos que no eran de su especialidad. 

El relator de la CPI, Renan Calheiros, es senador por Alagoas desde 1995. Pertenece al Movimiento Democrático Brasileño (MDB, otro partido pega-tudo). Su hijo José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, también del MDB, es el actual gobernador del mismo estado nordestino, sobre cuya dudosa actuación en el clímax pandémico nada se investigó. Los aliados de Bolsonaro han dicho que en su actuación y motivaciones la CPI siguió, sin desvíos ni extravíos, el libreto histriónico e ideologizado del consuetudinario “circo de la política” que el oficialismo había profetizado. El propio presidente de la República, como también era de esperar, dijo que él no hizo nada de nada de todo lo que dicen esos malandras bandidos de la CPI. 

AGB