La Fiscalía de la región chilena de La Araucanía informó este jueves que abrirá una investigación de oficio por infracción a la Ley de Armas a raíz de un vídeo que circula en redes sociales en la que alrededor de medio centenar de encapuchados armados, identificados por una pancarta como pertenecientes a la organización activista indígena mapuche Weichan Auka Mapu, amenaza con combatir “con armas” las fuerzas de seguridad chilenas si no abandonan el territorio.
La causa será investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad por infracción a la Ley de Armas (formación de milicias privadas o grupos de combate y otras figuras), por el video atribuido a Weichan Auka Mapu que fue difundido en redes sociales.
Tensión por la muerte de un ciudadano mapuche
La tensión en el sur de Chile creció tras la muerte el miércoles de un mapuche en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, un incidente que despertó un aluvión de críticas contra la militarización de la zona decretada a mediados de octubre por el presidente chileno, Sebastián Piñera, y en la que el mandatario insistió este jueves.
En una esperada rueda de prensa en La Moneda, sede presidencial, el mandatario respaldó a las fuerzas del orden y aseguró que el miércoles “Chile fue víctima de un grupo terrorista”.
Dos patrullas fueron atacadas por encapuchados con armas de fuego en una carretera en la comuna de Cañete (630 kilómetros al sur de Santiago) y durante el intercambio de disparos un indígena resultó muerto y hubo tres heridos y dos detenidos, según la información oficial.
La Fiscalía tuvo que salir este jueves a aclarar que los choques dejaron solo una persona fallecida y que la otra que el Gobierno dio por muerta la víspera se encuentra “en estado grave”.
Arauco, donde ocurrieron los hechos, y otras tres provincias (la vecina Biobío y Malleco y Cautín, en La Araucanía) se encuentran bajo estado de excepción desde el pasado 12 de octubre y hasta el 11 de noviembre, lo que en la práctica implica la militarización.
El sur de Chile ha experimentado en el último tiempo una ola de violencia y muchos de esos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.
Estado de excepción, en el aire
“Estos graves hechos (los del miércoles), sumado a publicaciones de grupos terroristas fuertemente armados, que amenazan a nuestra sociedad (...), no hacen más que ratificar la necesidad de mantener este estado de emergencia constitucional”, indicó Piñera, junto a sus ministros de Interior y Defensa.
El gobernante hacía referencia así a un video publicado en redes en el que medio centenar de encapuchados armados de la organización Weichan Auka Mapu califican a las fuerzas de seguridad de “perros guardianes de los ricos” y los amenazaron con combatirlos “con armas” si no abandonan el territorio.
“La responsabilidad por las pérdidas de vidas y los heridos tanto de civiles como de uniformados (...) recae en organizaciones de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo”, agregó Piñera, quien este miércoles oficializó su petición al Parlamento para extender hasta el 25 de noviembre la militarización.
La medida, solicitada por los sectores más conservadores y que ya fue prorrogada una vez por Piñera pero que para una segunda extensión necesita la aprobación parlamentaria, ha sido criticada desde el principio por organizaciones indígenas y por la oposición, que sostienen que es una forma de tensionar todavía más el enconado conflicto.
Diversos diputados opositores ya anunciaron este miércoles que votarán en contra de la prórroga, por lo que su recorrido parlamentario se antoja incierto.
“La violencia trae más violencia y solo el diálogo nos puede llevar a una solución. No a la militarización”, pidió el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric, del bloque izquierdista Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista).
Un grupo de convencionales, entre los que estaban los 17 representantes de los pueblos indígenas que integran el órgano que redacta la nueva Constitución, marcharon este miércoles hasta La Moneda para pedirle a Piñera el fin del estado de excepción.
“La militarización no es el camino. Es tiempo de construir política con altura histórica. En la convención trabajamos para ello, es urgente que esto irradie y gestemos amplios diálogos plurinacionales con respeto a los derechos humanos”, pidió la víspera Elisa Loncón, la académica mapuche que preside el órgano.
Preocupación en la ONU
La ONU lamentó este viernes la reciente muerte de un comunero mapuche en un operativo de seguridad en el centro-sur de Chile, y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno en la zona y la escalada de violencia que se da en el marco del llamado “conflicto mapuche”.
A través de un comunicado, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Santiago de Chile, instó a las autoridades a realizar una investigación “rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz” de los hechos, que tuvieron lugar el pasado miércoles en la región del Biobío.
De acuerdo con la información recabada por el organismo de Naciones Unidas, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares, en los que Jordan Llempi Machacan (23 años) resultó muerto y al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos.
La Oficina Regional de DD.HH. de la ONU recordó al Estado de Chile que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, “es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente”.
En ese sentido, expresó su “preocupación” por el Estado de Excepción Constitucional impuesto por el Gobierno en las regiones del centro-sur del Biobío y La Araucanía, medida que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, dijo el representante de la Oficina para América del Sur del ACNUDH, Jan Jarab.
La autoridad de la ONU recordó que “aun cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
Al mismo tiempo, la oficina de la ONU condenó la espiral de violencia en la zona e hizo un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó a mediados del pasado octubre la militarización de esta zona con el objetivo de contener esta escalada de violencia, donde han sido frecuentes los ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.
Algunos de estos episodios están enmarcados en el “conflicto mapuche”, que enfrenta al principal grupo indígena del país con el Estado chileno por las tierras que habitaron durante siglos y que pertenecen ahora en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.
El pasado martes, Piñera solicitó al Congreso prorrogar la medida por otros 15 días a contar desde el 11 de noviembre.
Un video difundido el jueves a través de redes sociales mostraba a medio centenar de encapuchados armados, identificados por los letreros como la organización indígena Weichan Auka Mapu, amenazando con combatir “con armas” las fuerzas de seguridad si no abandonan el territorio.
Diputado propone militarizar la zona
El diputado chileno Jorge Rathgeb denunció este viernes que su finca fue víctima de un ataque incendiario en el sur del país, una zona que permanece militarizada desde octubre por una escalada violencia en el denominado “conflicto mapuche”, que enfrenta a indígenas y dueños de forestales.
El parlamentario, defensor acérrimo de la presencia militar en la zona, denunció que durante la madrugada del viernes alrededor de nueve sujetos con el rostro cubierto y portando armas ingresaron supuestamente al predio, ubicado en la localidad de Traiguén, en la región de La Araucanía, más de 600 kilómetros al sur de Santiago.
Según el relato, primero incendiaron tres bodegas, maquinarias agrícola y un vehículo y posteriormente prendieron fuego a una vivienda donde residían las personas que cuidaban de la finca, que fueron amenazadas y obligadas a salir de la propiedad.
“La violencia y los ataques incendiarios cometidos por mentes enfermas que siguen demostrando que no están en su sano juicio, han seguido durante los últimos días y esta vez fue el turno del predio de mi familia”, expresó el diputado en un comunicado difundido a través de redes.
El presunto ataque tuvo lugar en la misma semana en que se produjo la muerte de un mapuche en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad también en el sur, un incidente que despertó un aluvión de críticas contra la militarización de la zona y del estado de excepción.
Esta medida fue decretada a mediados de octubre por el presidente chileno, Sebastián Piñera, ante una escalada de violencia en esta y otras zonas del sur donde han sido frecuentes los ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.
Algunos de estos episodios están enmarcados en el “conflicto mapuche”, que enfrenta al principal grupo indígena del país con el Estado chileno por las tierras que habitaron durante siglos y que pertenecen ahora en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.
El pasado martes, Piñera solicitó al Congreso prorrogar la medida por otros quince días a contar desde el 11 de noviembre.
Mientras que los defensores, las figuras más conservadoras, sostienen que la militarización es la única forma de garantizar la seguridad de la población, los detractores, la oposición y las organizaciones indígenas sostienen que solo pone más tensión sobre el enconado conflicto.
Se encuentran bajo estado de excepción cuatro provincias de las regiones de Biobío y La Araucanía, en las que se han desplegado más de 2.000 efectivos y arrestado a más de 30 personas sobre las que pesaba ya una orden de detención, según información oficial.
Con información de EFE.
IG