Con unas superficie de 1.141. 748 km2, la República de Colombia es la única nación de América del Sur que bordea el Océano Pacífico y accede al Atlántico por medio del Mar Caribe. Pero sus fronteras políticas son sus límites terrestres: Venezuela y Brasil al oriente, Perú y Ecuador al sur, y Panamá al occidente. El mismo día que el país celebró las efemérides de la Batalla de Boyacá, también conocida como la batalla del Puente de Boyacá, la más importante de la Guerra de la Independencia que garantizó el buen éxito final de la campaña liberadora del entonces virreinato de Nueva Granada y la emancipación de la Corona española, se cumplieron tres años del gobierno del presidente Iván Duque del Partido Centro Democrático (PCD). En el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el municipio de Nilo, Cundinamarca, creado en 1961 como epicentro de las operaciones militares de la época, el sábado 7 de agosto Duque asistió a la doble celebración que recuerda la gesta independentista y el Día Nacional del Ejército de Colombia, y expresó “Hace tres años (...) juré como presidente de la República trayendo en el corazón el mensaje de una nueva generación que llegaba al poder para ejercerlo sin vanidades y con unos principios claros: los de la legalidad, los del emprendimiento y los de la equidad”. En posición segura, fuera del alcance de las masas y aun de la población civil, el discurso del presidente, el segundo más joven en la historia del país, ofreció un balance matizadamente favorable y encariñado con los tres años de su mandato. Una administración que empezó su gestión un año después de que se firmó el Acuerdo de Paz entre el ex presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, cuyo plebiscito el PCD había llamado a votar en contra.
Entre los aspectos más ponderados por Duque en ese balance del que él mismo hizo las sumas y las restas, estuvo la gestión ante la emergencia sanitaria del Covid-19. Su gobierno ha invertido alrededor de U$S10.229 millones para mitigar los efectos del virus y parte de ese dinero se invirtió en aumentar el número de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El país pasó de tener 5.346 antes de la pandemia a 13.200. Impulsó cinco programas de transferencias monetarias para las personas más vulnerables, que han beneficiado a aproximadamente nueve millones de familias. Aseguró haber protegido el empleo de 4,1 millones de personas a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal. A la vez, una política de emprendimiento para apoyar a las empresas durante la recuperación de la economía, permitió el crecimiento del país en 1,1 % en el primer trimestre de este año y naturalmente espera que sea mayor en el segundo semestre sea mayor. Otro logro alcanzado fue la creación del Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos con el propósito de disminuir la migración irregular y la regularización de 1,8 millones de migrantes venezolanos.
Tantos datos promisorios contrastan sin embargo con los números de otras organizaciones, incluso oficiales. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó para 2020 un aumento del 6% de la pobreza respecto al año anterior. Más 21 millones de colombianos viven con cerca de U$S90 dólares al mes, mientras que el 15,1% sobrevive en la pobreza extrema. En cuanto a la pandemia, Colombia ha sido uno de los países más golpeados por el Covid-19 en la región, con 4,82 millones de personas contagiadas y más de 122.000 muertos. Respecto a este urgente tema, Duque prometió que, para finales de 2021, cumpliría la meta de 35 millones de colombianos vacunados, lo que representa cerca del 70% de la población. Hasta ahora, hay más de 30 millones de dosis aplicadas, pero solo 13 millones de personas tienen su esquema de vacunación completo.
La vorágine en las calles
No sólo por la situación sanitaria el presidente cuenta con la más baja aprobación presidencial en toda la historia de Colombia. No es cuestión de sondeos entre los 51 millones de habitantes del país. Ratifican una desaprobación tan alta y tan continuada las masivas protestas sociales y la oleada de violencia que multiplicó las cifras de muertes y masacres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una visita oficial al país, informó que al menos 51 personas murieron durante las protestas. Tres ONG locales -Indepaz, Temblores y Paiis– denunciaron ante la CIDH que cerca de 20 personas perdieron la vida a causa de disparos directos de la Policía.
Con respecto al Acuerdo de Paz, del que Duque se ufana haber respetado, porque ya era ley nacional cuando asumió, con su política de “Paz en la legalidad”, desde noviembre de 2020 solo se habían implementado un 28% de las disposiciones firmadas en La Habana. Esta situación condujo, según resultaba previsible, a la falta de garantías de seguridad para quienes fueran integrantes de las guerrillas de las FARC y hubieran abandonado y entregado las armas cumpliendo con su parte estipulada en los acuerdos. Desde que se firmó el documento, más de 280 ex insurgentes sufrieron asesinatos y muertes violentas. Intervino la Misión de Verificación de la ONU, encargada de comprobar la reincorporación política, económica y social y vigilar la efectiva vigencia de las garantías de seguridad pactadas para ex integrantes de las FARC, sus familias y las comunidades donde viven. Todavía espera la Misión que el gobierno atienda sus pedidos de acciones concretas, más rápidas y eficaces, para lograr el cumplimiento del Acuerdo.
Duque responsabilizó al narcotráfico el aumento de la violencia. Pero enumeró como sus logros las cifras más bajas de secuestro, las mayores incautaciones de cocaína, los números más altos de destrucción de laboratorios ilegales y la erradicación manual de más de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
El malestar social por el aumento de la pobreza y la desigualdad durante la pandemia, y la estela de violencia que no ha cesado después del Acuerdo de Paz volvió incrementarse en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron el 28 de abril de 2021. El desencadenante fue la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno había presentado al Congreso. Un aumento del 19% en impuestos los servicios públicos y a productos básicos de la canasta familiar. La respuesta militarizada y la represión policial de extrema violencia contra las personas que reclamaban en las calles de decenas de ciudades del país fue denunciada por Amnistía Internacional. Después de dos meses de persistentes movilizaciones, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla renunció con lo cual quedó establecida una pacificación que, sin embargo, no presenta condiciones de permanencia.
En el marco de las relaciones diplomáticas bilaterales, la situación con Venezuela es negativa. El 23 de febrero de 2019, el presidente Nicolás Maduro rompió los canales de diálogo con Colombia tras el fallido intento del líder opositor Juan Guaidó, a quien Colombia reconoció como “presidente encargado”, de entrar a su país al frente de una caravana humanitaria que partió de la ciudad colombiana de Cúcuta. Y las tensiones no han dejado de aumentar. Dos presidentes, uno y otro proclives al auto-elogio, se acusan entre sí de haber convertido a sus países en santuario de grupos armados irregulares que desde el otro lado de la frontera son causantes de males que, si no, ellos ya habrían arrancado de raíz.
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