Con la toma de posesión de Joe Biden, Donald Trump va a perder mucho más que el derecho a vivir en la Casa Blanca. Durante los últimos cuatro años se lo acusó públicamente de una multitud de delitos, pero él sabía que no iba a ser juzgado por ninguno de ellos. El Departamento de Justicia considera desde hace décadas que un presidente no puede ser procesado mientras es presidente, solamente se le puede hacer someter a un proceso de destitución en el Congreso –el famoso “impeachment”– para apartarlo del cargo. Sin embargo, al mediodía del próximo 20 enero, como muy tarde, los fiscales podrán acusarlo como a cualquier otro ciudadano.
Tras el asalto al Congreso por parte de sus partidarios esta semana, la fiscalía federal de Washington DC había confirmado que va a investigar si Trump incitó a la violencia minutos antes de la invasión. Sin embargo, a última hora del viernes, fuentes del Departamento de Justicia se echaban atrás y aseguraban que no iban a presentar cargos contra el presidente por sus comentarios incendiarios. “No esperen acusaciones de esa naturaleza”, dijeron fuentes de la Fiscalía general de EEUU. La investigación se ceñirá a los hechos concretos acaecidos en el Capitolio.
Trump se dirigió a la multitud junto a la Casa Blanca y los invitó específicamente a “acercarse hasta el Capitolio”. “Nunca recuperas tu país con debilidad, tienes que mostrar fortaleza”, añadió inmediatamente. Pero incluso si se libra de cualquier responsabilidad en el último desastre, tiene ya varios líos legales esperándolo para cuando salga de la Casa Blanca.
Los sobornos a estrellas del porno y un posible “autoindulto”
El antiguo abogado y hombre de confianza de Trump, Michael Cohen, fue condenado a tres años de prisión en 2018 por haber pagado a dos mujeres para que no revelaran sus relaciones con Trump y le perjudicaran así en su candidatura presidencial de 2016. La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York dijo entonces que Cohen había cometido por ello un delito electoral “en coordinación y bajo la dirección” de Donald Trump, pero el presidente gozaba entonces de inmunidad.
Esos delitos no prescribieron y nada impide a la fiscalía procesar a Trump, como probablemente habría hecho en su momento si no fuera presidente. Sin embargo, esa decisión tendría muchas interpretaciones políticas y el propio presidente electo Joe Biden dijo durante su campaña que no es “bueno para la democracia” hablar del procesamiento de un expresidente. De cualquier forma, Trump podría evitarse el problema con un movimiento inédito pero probablemente legal: concediéndose a sí mismo un indulto en los últimos días de su mandato.
Sabemos que lo habló con varios de sus consejeros y, aunque ninguno de sus antecesores lo ha hecho, la Constitución le concede poderes amplísimos para indultar y en ningún punto dice que no pueda aplicárselo a sí mismo. Podría concederse un perdón de todos los delitos federales “que haya cometido o hubiera podido cometer”, como el que recibió el presidente Nixon, y esperar que los tribunales decidan si es legal. Eso sí, un “autoindulto” sólo le protegería de los delitos federales y él tiene varios problemas judiciales en la jurisdicción estatal. En particular, en su estado natal de Nueva York.
Las investigaciones a la familia Trump
Trump tiene una larguísima historia de batallas legales por malas prácticas empresariales. Ahora mismo, la fiscalía del Distrito de Manhattan tiene abierta una investigación criminal contra Trump y sus empresas por posible fraude bancario y de seguros. El fiscal Cyrus Vance tuvo que recurrir al Tribunal Supremo para que obligue a los contadores del Presidente a entregarle ocho de sus declaraciones de la renta y otros documentos.
Además, la fiscalía del estado de Nueva York tiene su propia investigación de sus negocios. Quieren saber si su empresa infló el valor de sus propiedades a la hora de pedir créditos o seguros, mientras que otorgaba un valor menor a los mismos bienes en sus declaraciones de impuestos con el objetivo de pagar menos. Un juez tuvo que obligar a uno de los hijos del presidente a declarar por este asunto después de que éste dijera que estaba “demasiado ocupado” para responder a la Fiscalía hasta después de las elecciones. En principio, la investigación no es criminal, pero podría cambiar en función de sus hallazgos.
También su hija Ivanka acaba de declarar en una demanda en la que la Fiscalía acusa al comité organizador de la toma de posesión de su padre de haber desviado fondos a un hotel de su propiedad. El Presidente se enfrenta además a otra demanda de su sobrina, que lo acusa de haberle robado parte de su herencia, y la Justicia ya lo obligó a cerrar la fundación benéfica de su familia y a indemnizar con más de millón y medio de euros a algunos afectados por sus malas prácticas.
Hasta ahora, Trump había conseguido evitar peores consecuencias gracias a su cargo. Sus empresas están bajo la jurisdicción federal de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el Presidente despidió a su máximo responsable cuando empezó a investigar a su círculo más íntimo. Ya había destituido al antecesor de éste un día después de que se negara a atenderle el teléfono, según relató el afectado. Es, precisamente, el tipo de acción que dejará de tener a su alcance en cuanto abandone la Casa Blanca. Como tarde, el 20 de enero.