Melanie Riffo empezó a tomar las píldoras anticonceptivas Anulette CD porque tenía un periodo muy irregular. Acudió a su consultorio para solicitar la entrega gratuita de las pastillas, se entrevistó con una matrona y le dieron un carnet de “regulación de fecundidad”, para acreditar el ingreso al programa del mismo nombre que promueve el Ministerio de Salud desde los centros de atención primaria. Ingirió la primera dosis el 17 de junio del año pasado. Solo tres meses después, el 29 de septiembre, supo que estaba embarazada. Tiene 20 años.
Como Melanie, al menos 140 mujeres –una de ellas menor de edad–, según datos de Corporación Miles Chile, quedaron embarazadas mientras utilizaban esta marca de anticonceptivos orales, fabricados por los laboratorios chilenos Silesia y Andrómaco, propiedad del grupo alemán Grünenthal.
Más de 276.000 cajas de este fármaco resultaron ser defectuosas, pero nadie alertó a sus consumidoras hasta meses más tarde. La comunicación de las autoridades sanitarias fue insuficiente para la magnitud del problema y fomentó las críticas tanto de las afectadas como de las organizaciones que las acompañan. Casi 400.000 usuarias de los consultorios de todo Chile reciben Anulette CD de forma gratuita en los centros de atención primaria.
“Me hice el test de embarazo solo para descartar porque yo me estaba cuidando religiosamente, tomaba todas las pastillas y, además, a mi pareja le habían diagnosticado infertilidad”, dice Melanie, que hoy está embarazada de 31 semanas. Cuando vio el resultado positivo, quedó “en shock”, dice. Repitió la prueba y, otra vez, dio positivo. Al día siguiente se hizo una ecografía para confirmarlo. Estaba de seis semanas. “Me costó mucho aceptarlo, todavía me cuesta un poco, no lo imagino”, reconoce. Dentro de sus planes inmediatos, no estaba el de ser madre: “No quería ahora”. Trabaja de cajera en una tienda de sushi y cuando se quedó embarazada solo llevaba seis meses saliendo con su actual pareja. “Mantener un bebé así es muy difícil”, dice.
Bárbara Vázquez, de 20 años, supo de la existencia de las pastillas defectuosas a través de un comunicado colgado en la puerta del consultorio, cuando ya sabía que estaba embarazada. Durante más de un mes había tomado Anulette CD. “Llevaba tres o cuatro años tratándome con estos anticonceptivos y no lo podía creer. Me repetí el test dos veces y ambas salió positivo. No me quedó más que aceptarlo”. Hoy está de 36 semanas. Ha tenido que apartar sus estudios de Educación Infantil y aún no sabe si contará con el apoyo de su expareja y padre del bebé. “Quería ser mamá, pero no ahora. Tenía mis estudios a la mitad, estaba sin trabajo estable y nada que ofrecer al bebé. No lo esperaba y no ha sido nada fácil”.
Pastillas trituradas, ausentes o desordenadas
El Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, en agosto de 2020, ordenó retirar del mercado las pastillas Anulette CD por fallos en el embalaje de sus comprimidos. En uno de los centros de salud del sur del país habían detectado blísters con pastillas trituradas, ausentes o desordenadas, placebos en el lugar de las hormonas y viceversa, que alteraban el tratamiento anticonceptivo. Sin embargo, a los pocos días, el organismo aceptó de nuevo la distribución del fármaco en los centros de atención primaria con el argumento de que los errores eran “visualmente” detectables y solicitó “una revisión visual exhaustiva por parte de quien dispensase el medicamento”. La misma resolución sostiene el objetivo de esa acción es “no afectar el programa de salud reproductiva del Ministerio y a sus usuarias”.
Según Miles Chile, que está recogiendo todos los antecedentes para presentar acciones judiciales, los anticonceptivos circulan en el mercado desde septiembre de 2019, es decir, un año antes de detectar el problema. Hasta el momento, hay constancia de al menos dos lotes defectuosos, pero las denuncias de las usuarias apuntan a una veintena más. “Esta situación se agrava especialmente porque estos anticonceptivos son un tratamiento que depende de los sistemas de salud públicos y, en este sentido, existe un sesgo de clase”, comenta Laura Dragnic, abogada de Miles.
La organización, conocida en Chile por su defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, recibe unos 40 nuevos casos semanales y ha entrevistado a más de 170 mujeres para interponer una demanda colectiva en contra del Estado y de los laboratorios. “No nos han dado ninguna respuesta, nos han dejado solas y ni siquiera ha sido error nuestro. La única opción es buscar una indemnización”, dice Melanie. “Faltó un control de calidad de parte del Estado. Entregar gratis algo que falla es como una burla”, añade Bárbara. Ambas se han hecho parte de la denuncia. Miles también interpuso una llamada de acción urgente ante la Relatoría de Salud de la ONU para visibilizar el caso en instancias internacionales.
El mes pasado, el ISP multó con 66 millones de pesos (unos U$S 89.000) a los fabricantes Silesia y Andrómaco por “sus responsabilidades en la distribución y fabricación” de dos de los lotes de píldoras que presentaron “problemas de calidad”.
Por su parte, Silesia comunicó a través de su página web que identificó “deficiencias en el envasado” del medicamento “exclusivamente en 12 blísters de un total de 276.890”, y asegura que los análisis de fabricación muestran que la composición y actividad farmacológica “cumplen” con las especificaciones exigidas“, por lo que ”la eficacia anticonceptiva de los comprimidos en ningún momento se vio comprometida“.
“Pensé en abortar, pero no encontramos nada seguro”
Cuando Melanie supo que estaba embarazada, se planteó otras alternativas. “Pensé en abortar y buscamos cómo hacerlo, pero no encontramos nada seguro. Si no funcionaba, iba a traerme más problemas e iba a ser peor”.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Chile permite solo el aborto bajo tres condiciones, riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación. Fue aprobada en 2017, después de una larga pelea de las mujeres en las calles y en el Congreso. Hasta entonces, era uno de los pocos países de la región donde el aborto estaba totalmente prohibido, sin excepción alguna.
De las 140 mujeres afectadas, tres solicitaron a sus centros de salud interrumpir el embarazo: “Entendemos que el riesgo de vida para la madre también se ve involucrado cuando hay afectación a salud mental de la mujer, como es el caso”, dice Dragnic. La abogada añade que la petición nunca fue respondida, por lo que “constituye una acción arbitraria de parte del Estado”. Ante ese silencio, la organización dio un paso más e interpuso un recurso de protección, actualmente en trámite, para insistir en que se acoja su petición: “Es una imposición de la maternidad y una vulneración grande a la autonomía reproductiva de estas mujeres”.
La polémica por el fallo de los anticonceptivos reabrió el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile. Un tema que ya estaba en la agenda porque en enero el Congreso empezó a tramitar una ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. Mientras la discusión avanza, un centenar de mujeres se preparan para ser madres (o lo han sido en los últimos meses), sin haber elegido esa opción, como dice Bárbara: “No me ha quedado otra que aceptarlo”.