María Gabriela está sentada en el banco metálico llamando por teléfono mientras se seca las lágrimas con la manga de la camiseta gris. Sus dos hijos, un nene de apenas cuatro años y una nena un poco más mayor, están sentados a su lado. Los ojos oscuros, abiertos como platos. La nena se apoya en el respaldo y da una patada al aire. Las zapatillas, ennegrecidas por el polvo, no tienen cordones. Ninguno de los zapatos de las decenas de deportados que se aglomeran fuera del puerto de entrada de Nogales, en la frontera de México con Arizona, los tiene. Los oficiales norteamericanos, “la migra”, se los cortan una vez detenidos para impedir que huyan. Se trata de una práctica habitual.
“Cruzamos el sábado por la noche por Sonoyta y este lunes ya nos deportaron. Ni me preguntaron, solo me dijeron que firmara los papeles”, explica con la voz entrecortada María Gabriela. “No sé qué voy a hacer. No puedo regresar y no sé dónde está mi hermano. Nos separaron”. La familia huía de Jalisco y cruzaron por este lado de la frontera mexicana que da con Arizona y que está a unos 195 kilómetros del puerto de Nogales. María Gabriela y sus hijos, igual que el resto de deportados, son el reverso de la orden ejecutiva que el presidente Joe Biden aprobó en junio para “tomar el control de la frontera” e intentar acallar las críticas sobre uno de los temas más sensibles estas elecciones después de tres años con cifras récords en los cruces con México.
El decreto cercena el derecho al asilo y establece que cualquier persona indocumentada que cruce la frontera no será elegible para pedir asilo cuando las detenciones diarias superen la media de las 2.500 durante una semana. Desde entonces, las deportaciones se aceleraron hasta llegar a tener una ventana de apenas 24 horas.
Blanca Pérez y sus tres hijos viajaron “cuatro días y cuatro noches sin parar en una camioneta abarrotada” desde Chiapas, al sur de México, hasta uno de los huecos de la frontera que no está vallado en Sonoyta. Allí fue donde el coyote los dejó. “Nos entregamos el domingo”, dice con voz trémula mientras sujeta a Liam, de unos dos años, en los brazos. El pequeño juega con un peluche no más grande que su mano, igual que lo hacen sus dos hermanos, Mateo y Cristal. Se trata de juguetes que reparten los Samaritanos, una organización de Tucson conformada por voluntarios que ofrece apoyo a los migrantes a ambos lados del muro de hierro que se extiende por poblaciones y tierras a lo largo de más de mil kilómetros.
Desde que entró en vigor la orden ejecutiva, el pasado 5 de junio, hasta finales de septiembre, el Gobierno estadounidense expulsó o devolvió a más de 160.000 personas, según los datos publicados este martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de las operaciones del año fiscal 2024. En total, durante este periodo Estados Unidos repatrió a más de 700.000 migrantes, un máximo que no se veía desde 2010.
Mientras el candidato republicano ataca a los demócratas por su política de “fronteras abiertas” y promete deportaciones masivas, la realidad es que durante sus casi cuatro años en el cargo, Biden ya logró un récord en expulsiones que superó las 1.500 millones realizadas por Donald Trump entre el 2017 y el 2020. En junio, el Migration Policy Institute ya advertía que Biden había realizado 1.100 millones de deportaciones desde el comienzo del año fiscal de 2021 hasta febrero del 2024.
Antes de la orden ejecutiva de Biden, los agentes tenían que preguntar a las personas que detenían si temían por su vida en su país de origen o si tenían motivos para pedir asilo. Ahora ya no es necesario, hecho que acelera el proceso. “No me peguntaron, no más me dijeron: firma aquí. Yo quería decirles que huyo porque tengo miedo, pero no me escucharon”, explica Blanca. En teoría, si una persona manifiesta de forma activa su miedo, los agentes están obligados a atender a la persona.
“No es legal, pero es algo triste que estamos escuchando de muchos migrantes ahora. Bajo la ley, lo que debería pasar es que los oficiales, si alguien expresa su miedo, deberían referirlo a una entrevista”, expone Chelsea Sachau, abogada del Proyecto Florence y que asesora a los migrantes sobre su situación de asilo.
“Si ya era difícil conseguir asilo desde junio, intentarlo en plena campaña electoral es el peor momento. Quién sabe si esta mujer [Blanca] hubiera tenido más suerte en otro momento”, relata Tim, uno de los voluntarios de los Samaritanos, que paga los taxis a los migrantes para que los lleven al albergue gestionado por el proyecto Kino Border. “Tienes al ejército más poderoso del mundo quitando los cordones a niños pequeños por miedo a que huyan”, comenta con indignación mientras mira los zapatos de los hijos de Blanca.
Se sigue separando a las familias
En medio de las cabezas bajas y los ojos desorientados, algunos lagrimosos, otros vacíos, dos padres buscan a su hija. “¿Viste a mi hija? Nos separaron en el centro de detención, no hemos sabido nada más. Se llama Gabriela, tiene 22 años”, pregunta María Celia Marta Buendía mientras no deja de estrujar con las manos la bolsa de plástico en la que los oficiales norteamericanos devuelven las pocas pertenencias que llevan consigo los migrantes.
“No me puedo ir de aquí sin ella”. La voz de María se rompe al decirlo. A su lado está Marcelo, su marido, mientras no deja de marcar un teléfono que no responde. La familia, que también tiene una hija de 16 años y sí que está con ellos, viajó desde Durango para intentar pedir asilo y buscar “una vida mejor”.
Gabriela aparece media hora después, cuando su familia ya se fue al albergue en el segundo ómnibus de deportación de la mañana. El vehículo, de blanco inmaculado, tiene los vidrios oscurecidos. En fila, escoltados ya por cinco policías mexicanos y una trabajadora de la Cruz Roja, llegan primero una veintena de mujeres y tras de sí, 29 hombres. Todos cargan una bolsa de plástico con pertenencias y levantan pesadamente los pies por la incomodidad de no tener cordones con los que abrochar los zapatos.
Medio centenar de personas entra en la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Nogales. A los 15 minutos empiezan a salir las primeras mujeres. “Muchacha, ¿sabes donde están mis padres?”, grita desde la rampa con agitación una chica con el cabello teñido de rojo y atado con una trenza. “Los guardias me dijeron que mis padres se fueron a otro albergue. No me querían decir dónde fueron. Creí que los había perdido”. Gabriela intenta contener las lágrimas tras los anteojos redondos.
“Todo el mundo se enfocó por la separación de familias en el año 2018 y fue horrible, pero lo que mucha gente no sabe es que existe otro tipo de separación familiar, que es resultado de la ley que solo considera como unidad familiar a mamá y/o a papá con hijos biológicos menores de edad. Entonces, si tienes hijos mayores de edad o si vas con un menor que no sea tu hijo biológico, como por ejemplo tu sobrino, se los va a separar”, explica Sachau. “Esto genera situaciones en las que por ejemplo los papás con su hijo menor llegan destino y final, y el hermano mayor, al ser tratado como un adulto individual, es deportado”.
Otros de los escenarios que se encuentra Sachau con este concepto de “familia” en la ley es que muchos menores que llegan con otros familiares que no son sus padres biológicos terminan siendo separados y tratados como menores no acompañados.
“En la historia de la migración es muy común que primero se vayan los padres porque están siendo amenazados y dejen los hijos con los abuelos. Y una vez las amenazas también afectan a los abuelos, huyen con los nietos. Pero no importa que lleven documentos notariados, los separan”, relata Sachau. Hasta que pueden ser reunificados con sus familiares pueden llegar a “pasar días o semanas”. En el proyecto Florence también tienen recursos destinados a ayudar a las personas a buscar a sus familiares. Por suerte Gabriela no tiene que recurrir a esta ayuda, ya que terminó encontrando en qué albergues están sus padres.
“Están empujando los migrantes al sur”
Con la vista puesta en las elecciones, la Administración Biden sí que sacó pecho de la caída en picado de los encuentros en la frontera desde que limitó el derecho al asilo. En diciembre de 2023 se registró el récord de 249.741 encuentros con la Patrulla Fronteriza, a los 53.900 de este mes de setiembre, según el CBP.
El Gobierno estadounidense presenta estas cifras como un éxito de su nueva política migratoria, aunque Sachau tiene una visión distinta: “La bajada en los números de la gente cruzando es más porque el Gobierno de Estados Unidos tiene políticas extranjeras con diferentes países para impedir a la gente llegar a la frontera, como por ejemplo en México”.
El Gobierno mexicano está interceptando los migrantes en su camino hacia la frontera estadounidense y lo que hace es volverlos a bajar al sur del país, cerca de Guatemala. “De esta manera, los migrantes tienen que volver a empezar el camino. Lo que están haciendo es empujar el problema al sur, porque la mayoría de las personas que consiguen llegar a la frontera y piden asilo no saben que es la CBP One”.
La CBP One es la aplicación que ofrece Estados Unidos para solicitar asilo desde fuera del país. Lo que también está llevando a una gran concentración de migrantes en el norte de México, en lugares que “no son seguros”. “Pero la petición puede llevar meses o incluso más de un año. Si estás en una situación de vida o muerte, o desesperación, no puedes esperar. El sistema no debería funcionar así. Están limitando tanto el derecho al asilo que la gente ya directamente intenta cruzar”, explica la abogada.
A unos 30 kilómetros del puerto de entrada de Sásabe, al oeste de Nogales, en uno de los huecos del muro que sigue en construcción, los coyotes descargan a los migrantes. “Ahora hay menos gente, pero hay más que intentan seguir hacia adelante y cruzar el desierto en lugar de pedir asilo”, relata Tim mientras coloca unas garrafas de agua para los migrantes. Casi cada día hace la ruta por este lado del muro, donde los Samaritanos y otras organizaciones que trabajan para ayudar a los migrantes tienen un pequeño campamento con agua y comida. También hay unas carpas para resguardarse del sol, que taladra la cabeza a pesar de ser octubre, y unas placas donde cargar los celulares.
El trabajo de estas organizaciones es ofrecer ayuda humanitaria y desaconsejar seguir con la ruta. “La gente se muere en el desierto, el sol y el calor pueden ser fatales. Por favor, quédese aquí y descanse aquí, donde puede tener acceso a comida y aguar”, dice una de las cartulinas informativas que tiene Tim en la camioneta. Cuando aún no descargó toda el agua, de entre las colinas al otro lado del muro aparece un joven corriendo. “¿Tienen agua?”, pregunta. Dice que se llama Carmelito y tiene 23 años. Está viajando con sus primos, en total son tres en el grupo, el más joven tiene 15 años. Tim y Sonia, la otra voluntaria, empiezan a darle agua y cajas con barritas energéticas. Están esperando para cruzar en el momento oportuno.
En el camino, más camionetas de otras organizaciones llevan agua a diferentes puntos del muro donde saben que hay gente intentando cruzar. “Que el agua se acabe más rápido es una señal de que hay más movimiento y más gente intentando cruzar”, expone Tim y añade, “el otro día encontramos a una mujer embarazada intentado cruzar el desierto porque sabía que, si pedía asilo, la deportarían. No van a parar la migración con el muro, ni con nada. La gente seguirá intentando llegar. Lo único que pasará es que, cuanto más difícil lo pongan, más gente morirá en el desierto”.
Desde 1998, la Patrulla Fronteriza encontró al menos 8.000 cuerpos a lo largo de la frontera. Aunque la cifra seguramente sea mucho mayor, ya que esto solo son los cuerpos que se logran recuperar.