Los 17 primeros decretos firmados por Biden: EEUU vuelve al Acuerdo de París y elimina el veto migratorio de Trump

EFE

elDiario.es —

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El presidente de EEUU, Joe Biden ha firmado, en su primer acto en el Despacho Oval, 17 decretos y proclamaciones para deshacer muchas de las medidas que tomó su predecesor, Donald Trump, varias de ellas relacionadas con la inmigración. Además, ha firmado órdenes ejecutivas para pedir a los estadounidenses que lleven mascarillas, para ayudar a comunidades marginadas y para devolver a EE.UU al Acuerdo de París. “Esta tercera que voy a firmar es el compromiso de que vamos a reintegrarnos en el Acuerdo Climático de París a partir de hoy”, ha dicho Biden a los periodistas.

Esa orden ejecutiva sirve para reafirmar el compromiso de Washington con el Acuerdo de París, del que Estados Unidos se retiró oficialmente el 4 de noviembre del año pasado, solo un día después de las elecciones presidenciales y sin que se conociera todavía si el vencedor era Biden o Trump. El presidente saliente ordenó la retirada de su país del Acuerdo de París en junio de 2017 y, durante su mandato se posicionó siempre del lado del sector de los combustibles fósiles.

Además, entre las medidas adoptadas por Biden figura una orden ejecutiva para evitar la salida de EEUU de la OMS, un proceso que inició Trump en julio del año pasado y que iba a hacerse efectivo un año después. En abril del año pasado, Trump congeló temporalmente los fondos que EE.UU. aporta a la OMS, al acusar a este organismo de estar “sesgado” a favor de China y de haber gestionado mal la emergencia sanitaria de la COVID-19.

También Biden ha firmado un decreto en el que pide a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional tomar “todas las medidas necesarias” para salvaguardar el programa DACA, instaurado en 2012 y que protege de la deportación a casi 650.000 indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “soñadores”. Trump ordenó acabar con ese programa en 2017, pero los tribunales le impidieron hacerlo, aunque todavía hay un litigio activo sobre el caso ante un tribunal federal en Texas, estado que junto a otros ocho territorios del país han pedido declarar inconstitucional el programa.

Biden también ha pedido que el Congreso actúe para proteger a los “soñadores”, y su nueva propuesta de reforma migratoria insta a otorgarles directamente la residencia permanente a ellos y a los beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal (TPS).

El presidente de EEUU ha ordenado acabar con la emergencia nacional decretada por Trump para desviar fondos hacia la construcción del muro en la frontera con México. Eso permitirá al nuevo presidente cumplir su promesa de frenar el proyecto estrella de Trump en la frontera, aunque Biden no planea derribar la parte de barrera ya construida por su predecesor, que se extiende a lo largo de 727 kilómetros (452 millas) de la zona limítrofe.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha dicho que tiene fondos para completar otros 3.480 kilómetros de muro y que planeaba adjudicar contratos para hacerlo antes de que Biden llegara al poder. Eso puede complicar los esfuerzos del nuevo presidente para frenar el proyecto, y es posible que solo pueda hacerlo una vez que se agoten los fondos ya comprometidos para ello.

Un tercer decreto ha anulado el veto migratorio que impuso Trump hace cuatro años a los viajeros procedentes de 11 países de mayoría musulmana, conocido popularmente como el “veto a los musulmanes”. Ese veto obstaculizaba hasta ahora la entrada a EE.UU. de los nacionales de 11 países con una significativa población musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen), e incluye restricciones para algunos funcionarios de Venezuela y Corea del Norte.

Biden también ha instruido al Departamento de Estado a reanudar las solicitudes de visado para esos países, según su equipo. Además, el presidente de EEUU ha ordenado volver a contar a los inmigrantes indocumentados en el censo de población que se lleva a cabo cada diez años, y revisar los mecanismos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) a la hora de arrestar a indocumentados, que se recrudecieron durante el mandato de Trump.