El gobierno del presidente Nicolás Maduro sufrió un duro revés el viernes 29 de julio debido al fallo del Tribunal Superior de Londres que favorece a la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el líder de la oposición Juan Guaidó, quien tras autoproclamarse presidente interino del país ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta del oficialismo.
En Venezuela, el oficialismo y la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en unos 1.900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Tanto Maduro como Guaidó han designado cada uno juntas diferentes para el BCV y los dos han emitido instrucciones contradictorias respecto del manejo de las reservas de oro.
A pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de tendencia oficialista, había dictaminado que las reservas debían ser trasladadas desde Londres a Venezuela, la jueza británica Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres desestimó ese pedido arguyendo que no hay base legal en las decisiones del TSJ de Venezuela que revocó los nombramientos de Guaidó en el BCV.
Sin embargo, la jueza Cokerill no autorizó a la oposición para acudir a las reservas, lo que tiene que resolverse en otra audiencia. La máxima autoridad judicial británica enfatizó en que el Ejecutivo local no acepta el gobierno de Maduro desde 2019 y reconoce como presidente legítimo e interino a Guaidó. En consecuencia, con base a la doctrina legal británica de Una Sola Voz- que obliga a todos los estamentos del estado a proceder unificados en casos de política exterior- , todas las decisiones de Guaidó deben tomarse como lícitas y certificar el fallo del TSJ iría en contra de ese ideario. Sin embargo, aseguró que la delegación de Guaidó no dio “pruebas convincentes” de que el TSJ no sea imparcial e independiente.
La parte opositora recurrirá la sentencia en agosto para que la jueza se vuelva a expedir en septiembre. En tanto que se aguarda una extensión de la Justicia londinense en los próximos meses para dirimir otros puntos de la causa, entre ellos, si el organismo de Guaidó podrá gestionar los activos venezolanos en suelo inglés.
A su vez, el gobierno de Venezuela rechazó la decisión de la Justicia británica e instó a que el tribunal londinense retrocediera en su fallo. “Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (...) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (...) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad”, declaró la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien también rechazó que el Gobierno británico considere a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. “El mensaje que le damos al Gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país”.
El representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, caracterizó de “desafortunado” que la jueza “se viera constreñida por normas técnicas” y ratificó que continuarán la contienda “para garantizar que los activos soberanos de Venezuela se preservan en beneficio”.
La puja por el acceso al oro arrancó en mayo del 2020, cuando Calixto Ortega –presidente de la junta oficial del BCV- apuntó contra el Banco de Inglaterra por no cumplir con la transacción de 930 millones de euros de las reservas que eran requeridos para la lucha contra la crisis del Covid-19.
Esta resolución podría sentar un precedente para el litigio planteado por el Deutsche Bank , que data de la misma época, y que consiste en un reclamo de 120 millones de dólares derivados de la finalización de un contrato por permuta de oro.
AGB con información de diarios y agencias