Una vez más, la Nicaragua de Daniel Ortega vuelve al centro de atención por su represión de la oposición. Este miércoles, la candidata presidencial favorita entre los oponentes de Ortega, Cristiana Chamorro, fue inhabilitada y puesta en arresto domiciliario por un presunto delito de blanqueo. Su hermano, Carlos Chamorro, es periodista, director de Confidencial, el periódico de Nicaragua, y también ha sufrido muy recientemente las presiones del Ejecutivo. Ambos son hijos de Violeta Chamorro, presidenta del país entre 1990 y 1997 tras derrotar a Ortega, y de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado en 1978.
“Mi redacción está ocupada por la policía, fue confiscada y ahora la asaltaron por segunda vez el 20 de mayo”, cuenta. Sin embargo, sigue trabajando “a pesar de las circunstancias” porque considera a la prensa independiente como “la última reserva de la libertad” que queda en Nicaragua. Su labor acaba de ser reconocida con un premio Ortega y Gasset a su trayectoria profesional por su defensa de la libertad de prensa.
Carlos Chamorro comenta la actualidad política en el país y la inhabilitación de su hermana.
¿En qué se basan las acusaciones de lavado de dinero contra ella? ¿Cree que tienen que ver con su postulación como candidata a las elecciones de noviembre?
No hay ningún señalamiento específico, ni en el Ministerio de Gobernación ni en la Fiscalía, sobre cuál es la presunción del lavado de dinero, que es un grave delito criminal. Lo que está claro es que los fondos de la fundación que se han ejecutado son fondos de la cooperación internacional procedentes de Suiza y otros países europeos, entre otros, y por lo tanto eso descartaría que exista cualquier lavado, porque el origen de los fondos es completamente público y hasta hoy no han presentado ningún elemento probatorio.
Hay que recordar que en este país no hay Estado de derecho. En este país el Estado de derecho y la autonomía de la Fiscalía han sido desmantelados desde hace más de una década. Son una prolongación del Ejecutivo, encabezado por el presidente Ortega, candidato a la reelección.
Ya habíamos visto anteriormente otros procesos de eliminación de facto de partidos políticos a los que han cancelado su personalidad jurídica y precandidatos presidenciales que están en arresto domiciliario de facto –como es el caso de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro o Medardo Mairena–. No hay una orden judicial contra ellos, pero no pueden movilizarse. No pueden salir de su casa porque están rodeados por la policía o son perseguidos cuando salen. La diferencia en el proceso iniciado contra mi hermana Cristiana es que hay un intento de despojarle de sus derechos políticos utilizando la Fiscalía y el sistema judicial.
¿Cree que hay posibilidad de revocar esa decisión cautelar antes de las elecciones?
En Nicaragua no hay justicia. Más de 300 personas fueron asesinadas en las protestas de abril. Ninguno de esos asesinatos ha sido investigado o procesado y los asesinos no han sido sometidos a la justicia. Este es el reino de la impunidad. Lo que está ocurriendo no es un caso aislado, sino una escalada del régimen para eliminar la competencia política en el proceso electoral.
Las elecciones del 7 de noviembre carecen de las garantías mínimas de transparencia. El sistema electoral está controlado por el partido de Gobierno, que hizo un remedo de reforma electoral, que más bien fue una contrarreforma, con el objetivo de obtener más control.
Ahora estamos entrando en la etapa de eliminación de la competencia política y esto está comenzando. Cristiana está en un grupo de nueve precandidatos a la presidencia y no sabemos lo que va a ocurrir más adelante. Le han despojado de sus derechos políticos sin una sentencia firme. Pero bueno, esa sentencia la pueden fabricar en cualquier momento. No hay ninguna garantía de que esto pueda revertirse porque son órdenes políticas.
¿Hay alguna posibilidad de considerar legítimo el proceso electoral de noviembre?
En este momento, las elecciones carecen de legitimidad y legalidad. Entre hoy y el 7 de noviembre, sin embargo, pueden pasar muchas cosas. En primer lugar no sabemos si la verdadera oposición va a participar en las elecciones. Los líderes opositores argumentan que esa es una decisión que van a adoptar en el último momento y es una decisión que van a consultar con la ciudadanía. Algunos apuestan por ir todos juntos o retirarse todos juntos.
No hay un sistema electoral confiable y está prohibida la observación internacional como la que hubo en las elecciones de 1990 o incluso en 2011. Los líderes políticos están llamando a reavivar la resistencia cívica porque no se concibe que pueda haber una reforma electoral verdadera si no hay presión ciudadana. Hoy por hoy no hay elección libre, ni justa, ni transparente ni competitiva.
¿Y cómo está respondiendo la sociedad civil nicaragüense a este tipo de atropellos que describe?
Hay indignación y rechazo que se percibe en medios de comunicación independientes y redes sociales, pero la gente no puede reunirse ni movilizarse porque no solo hay una prohibición de facto, sino porque hay un Estado policial. El régimen ha creado leyes para criminalizar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y movilización.
De antemano, los ciudadanos que protestan contra el régimen de Ortega o que demandan elecciones libres son calificados de golpistas, como etiquetan también a los periodistas. Cuando entraron en la redacción de Confidencial, eso fue lo que dijeron. Los únicos golpistas están en la sede del poder. Daniel Ortega y Rosario Murillo dieron un golpe de Estado desde arriba. Violaron la Constitución, desmantelaron la separación de poderes y masacraron a la población en 2018. Ese es el golpe de Estado y esa es la posición en la que se encuentra hoy Nicaragua. La población no puede manifestarse porque está sometida a esa represión implacable.
En cuanto al periodismo, ¿cómo están escapando en 'Confidencial' y sus programas de televisión a las presiones del Gobierno?
Mis programas de televisión están censurados. Hay una amenaza sobre el canal de televisión de que si transmite estos programas, lo cierra. Por lo tanto los difundimos a través de YouTube y Facebook. Nuestro estudio de televisión ha sido asaltado y robado dos veces y, sin embargo, seguimos haciendo nuestra producción audiovisual. Por su parte, el sitio web Confidencial se mantiene informado ininterrumpidamente.
El periodismo trabaja con las uñas y trabaja por convicción. Nos robaron la sala de redacción, pero no pueden confiscar el periodismo. Hay mucho riesgo para los reporteros, sobre todo en las coberturas que se hacen en la calle. El miércoles los periodistas que estaban cubriendo el allanamiento en las afueras del acceso a la casa de mi hermana fueron agredidos por los policías y en otras ocasiones han sido agredidos por paramilitares.
Su familia ha estado toda la vida relacionada con el periodismo, ¿compararía su situación actual con otros periodos oscuros de la historia de Nicaragua?
La dictadura de Ortega sobrepasa a la dictadura de Somoza. Ambas han sido brutales, pero hay un afán totalitario en el intento de control de Ortega de las libertades. Hay un afán totalitario de anular todas las libertades.
¿Qué papel está jugando el Gobierno de Biden en Nicaragua y cuál cree que debe jugar?
Las declaraciones del Gobierno de Biden han sido muy claras en el sentido de que el régimen de Ortega se aleja cada día más de la ruta de la democracia y está demostrando el miedo que tiene a elecciones libres. Por otro lado también ha dicho que las sanciones que existen contra altos funcionarios del régimen de Ortega que fueron impuestas por el Gobierno de Donald Trump se mantienen y se podrían suspender si hay un restablecimiento de la democracia.
Estados Unidos juega un papel importante en el concierto global para ejercer un elemento de presión sobe Nicaragua, pero la solución a esta crisis está en Nicaragua. La pelota está en la cancha de los nicaragüenses y de si tendremos la capacidad de relanzar la resistencia cívica para lograr una reforma electoral que restablezca el camino hacia unas elecciones libres.
Ha sufrido mucho en los últimos tres años: muerte, asesinatos, cárcel, exilio... pero hay una fuerza latente que es de la que depende que haya un cambio político. No creo que esto dependa del Gobierno de Biden, de la UE o de la Organización de Estados Americanos. La presión de la comunidad internacional se hará sentir cuando en Nicaragua se fortalezca la unidad de la oposición. En ese momento la presión internacional va a ser mucho más importante para aislar a la dictadura de Ortega.