El marco nacional es de crisis social y conmoción interna. Más de 14.000 indígenas se han movilizado en todo el país, pero en su mayoría en la ciudad capital de Quito. Los enfrentamientos y otros episodios causaron la muerte de al menos seis personas y dejaron heridas al menos a otras180, contando agentes de las Fuerzas de seguridad y tropas de las FFAA. El presidente Guilermo Lasso ha roto el diálogo en la tarde del martes, por cadena nacional, con el líder de la movilización indígena Leonidas Iza, después de una muerte de un suboficial del Ejército ocurrida cuando un convoy de camiones petroleros fue detenido en la ruta por un piquete local de comuneros amazónicos en Sushufindi. Según el ex juez constitucional Ramiro Ávila, veedor del diálogo, no hay vínculos probados ni presuntos entre el liderazgo indígena y la muerte.
La Asamblea Nacional y el Presidente de Ecuador enfrentan decisiones tan urgentes como graves. Los dos consideran dos alternativas, igualmente decisivas, que significarían el fin del actual gobierno.
La Asamblea puede destituir al Presidente; lo está debatiendo en sus sesiones.
El presidente Guillermo Lasso puede esperar y acatar la medida que adopte la Asamblea Nacional respecto al pedido de destitución presentado por 46 asembleístas correístas de Unión Esperanza (UNES). O puede apelar a la 'muerte cruzada', expresión que designa una facultad presidencial, contemplada en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, desconocida por las restantes Cartas Magnas de América Latina, que le permite disolver la Asamblea Nacional en razón de una “grave crisis política y conmoción interna”. Pero si el Presidente mata, muere: pierde el cargo, gobierna el Vice y convoca elecciones presidenciales y legislativas.
En medio del paro nacional, el FMI aprobó desembolsar mil millones de dólares para Ecuador tras revisar positivamente las metas del programa acordado en 2020. La cantidad corresponde al crédito de 6500 millones de los que el país ya recibió 4800 millones
El pedido en de los 46 legisladores de UNES - amparado por el artículo 130 de la Constitución por la causal de “grave crisis política y conmoción interna” - obliga en virtud de este mismo mecanismo que la Asamblea Nacional discuta la materia en las siguientes 24 horas a partir de la presentación del tema.
Para la aprobación del pedido de destitución es necesario el voto positivo de dos tercios de la Cámara, esto es 92 de los 137 legisladores presentes. Como el presidente Lasso solo cuenta con el apoyo de 27 escaños fijos, la decisión quedó a disposición del partido Pachakutik, cuya base indígena acompaña las protestas iniciadas hace 16 días por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), y del Partido Social Cristiano (PSC), un ex aliado del oficialismo que retiró su apoyo a Lasso en razón de considerar que el mandatario omitió actuar para resolver los problemas de las comunidades indígenas movilizadas.
En el caso de que se disuelva la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar en un plazo máximo de siete días nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en donde se ratificarán o no, los 137 asambleístas y un binomio presidencial.
Durante los meses de espera para los comicios, el presidente continuaría en funciones y podría dictar con la aprobación de la Corte Constitucional decretos que considere necesarios.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el domingo aseguró que estaba “convencido” de que no prosperará en la Asamblea Nacional el pedido de destitución contra Lasso. “Esos golpistas que se encuentran acantonados en la organización Unes van a fracasar porque no les ha salido la jugada ni en la calle ni en la Asamblea, y no les va a salir”, agregó y calificó Jiménez.
El movimiento indígena insiste en los reclamos en el corazón de los Diez puntos, su pliego de demandas. Que son reducir y congelar los precios de los combustibles, no aumentar la actividad petrolera y minera en la Amazonía, controlar los precios en los productos de primera necesidad y detener la privatización de empresas estatales.
En este contexto, la economía perdió más de 500 millones de dólares, según informes oficiales que estiman las dos primeras semanas del paro y movilización. El sector petrolero, uno de los pilares de la economía ecuatoriana, registra una afectación aproximadamente de 96 millones de dólares al no producir, en los primeros 14 días, un millón de barriles de crudo, de los que 855.000 son de pozos operados por la estatal Petroecuador y 215.000 por operadoras privadas.
Y en medio del paro nacional, el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de mil millones de dólares para Ecuador tras la revisión de las metas del programa acordado con el país en el año 2020. La cantidad corresponde al crédito de 6500 millones de los que el país ya recibió 4800 millones.
AGB con información de medios y fuentes