'En una democracia, al presidente lo elige el pueblo'. ¿Verdadero o falso? En la Argentina, verdad; en España, no. En nuestra República americana, para ser presidente hay que ser el candidato más votado; en el Reino europeo, no hace falta. En nuestro régimen electoral presidencialista, elegimos directamente al presidente; en un régimen parlamentario, elegimos a quienes lo eligen. El régimen de gobierno del Reino de España clasifica en el género parlamentario, en la especie bicameral, en la subespecie de bicameral imperfecto.
En las elecciones legislativas del 23 de julio un padrón 37, 4 millones elige en España quién ocupará los 350 escaños de Diputados y 208 de los 265 curules de la de Senadores. Sistema bicameral, estas dos Cámaras integran el Congreso en las Cortes del Reino. El pueblo elige a los diputados y senadores, y los diputados eligen el presidente del gobierno. Es decir, sólo una cámara de las dos, la llamada 'Cámara baja'. Del Poder Legislativo nace el titular del Ejecutivo. Para ser presidente, es necesario el voto de los diputados: la mitad más una de las 350 bancas de la Cámara. No importa si el partido de este candidato obtuvo pocos o muchos votos populares este penúltimo domingo del mes. Para ser presidente, al candidato le basta con ser votado en la Cámara de los Diputados por los titulares de 176 escaños. Con mayoría propia, o no. (Llegado el caso, ni siquiera le haría falta ser el partido con más voto popular entre los de su bloque, podría ser incluso el partido con menos bancas). Basta que entre las alianzas logradas que consolidan el bloque se obtenga la mayoría absoluta requerida.
Aun si la ventaja del Partido Popular (PP) que anticipaban los sondeos de intención de voto se reflejara en el resultado efectivo de las urnas, esto no proyectaría de modo directo e inmediato al gallego Alberto Núñez Feijo a la presidencia. Porque esas mismas encuestas predecían que esa ventaja lo dejaría no obstante lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar a solas, sólo gracias a votos propios. Para alcanzar esa mayoría, según pactos previos que todos ven pero que no reconocen los implicados, habría ya una alianza entre el centroderechismo del PP y el ultraderechismo de Vox. Lo que proyectaría a esta formación conservadora postfranquista, del estilo tradición-familia-propiedad nunca-seremos-carne-bolchevique dios-patria-hogar a ser un partido de gobierno. Y al líder de Vox, el vasco y bilbaíno Santiago Abascal, a la vicepresidencia de gobierno.
Desbloqueos alternativos, paternidades deseadas o indeseables
Por fuera de los bloques, también ganan diputados los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Si fueran suficientes las bancas ganadas, y se abstuvieran de votar los derechistas entre ellos, y si Vox, un partido creado en 2013, viera drenados sus votos al PP, del que es una escisión, también podría gobernar un PP así revigorizado. Esta hipótesis requiere de muchas condiciones, y de cambios no radicales pero sí nítidos respecto a los números de los sondeos.
En el primer debate televisivo anterior a las elecciones legislativas, que fue un cara a cara entre los dos líderes de los dos partidos que gobernaron España en las cuatro décadas siguientes a la muerte en 1975 del caudillo Francisco Franco, Alberto Núñez Feijóo dio un golpe de teatro. El gallego sacó de su galera un contrato, firmado por él, y ofrecido al madrileño Pedro Sánchez. Lo presentaba como un acuerdo democrático aunque en verdad fuera un armisticio de neutralidad. Que gobernara el partido que hubiese ganado más votos, fuere el Partido Popular (PP), fuere el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Que en la Cámara de los Diputados el partido menos votado por el pueblo (entre los dos más votados), se abstenga, y permita gobernar al otro en solitario.
El gallego Núñez Feijóo enfrentó al madrileñoSánchez con una paradoja. O un sofisma. Le propuso un pacto si PP necesitara de Vox: que gobierne el partido más votado. Puso al socialismo de árbitro: podría frenar el ingreso de Vox al gobierno de España.
El acuerdo de Núñez Feijóo representaría una humillación para el PSOE, que pondría de manifiesto que el partido presuntamente más ligado a los intereses más genuinos de las masas populares no era, sin embargo, el predilecto por estas. Porque al PSOE no le alcanzan los votos ni para primera mayoría relativa. Así le ocurrió en la anterior Legislatura, cuando gobernó con el ahora sumergido Unidas Podemos, y como le ocurriría en la próxima Legislatura donde de ganar sólo gobernaría gracias al apoyo de Sumar, liderado por la gallega Yolanda Díaz, a la izquierda del PSOE. El acuerdo de Núñez Feijóo significaría una legitimación para el PP, porque le permitiría gobernar sin ese aliado un tanto incómodo que es Vox. Además, hace emerger una paradoja. Finalmente, quien decide si Vox entra o no entra en el gobierno de España, es el PSOE. El socialismo es el árbitro que puede frenar a la ultraderecha. Basta con que el PSOE se abstenga al elegir gobierno, y Vox nunca llega al gobierno de España.
Otros bloques desbloqueándose.
El socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, representó a su país en la cumbre UE-CELAC iniciada en Bruselas, Bélgica, el 17 de julio de 2023. Entre los 27 socios europeos, es a España que toca la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE). Si las izquierdas, actuales dueñas del poder español, obtienen la reelección gracias a una victoria de su bloque en las elecciones legislativas de este domingo 23 de julio, por seis meses Sánchez será a la vez presidente de España y de la UE. Si, en cambio, el triunfo electoral fuera del bloque de la oposición derechista, y el popular Alberto Núñez Feijóo fuera declarado presidente español por las Cortes del Reino que iniciarán su Legislatura el 17 de agosto, la UE vería durante un semestre su presidencia ejercida por un gobierno sostenido gracias a la ultraderecha conservadora de Vox.
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