El fiscal general de la la Corte Penal Internacional (CPI), el jurista británico Karim Khan, subrayó este viernes su falta de jurisdicción sobre el crimen de agresión en este conflicto, y advirtió a “todas las partes que llevan a cabo hostilidades” que sí pueden ser procesados si cometen cualquier otro crimen internacional. Esto se debe a la complicada relación formal de Ucrania con el Estatuto fundacional de Roma, que fundó a la CPI, y reglamenta sus funciones y jurisdicción.
La CPI tiene jurisdicción desde 2002 sobre los “crímenes de guerra”, de “lesa humanidad” y de “genocidio”, pero también sobre el “crimen de agresión” (como es la invasión y ocupación militar), aunque este solo se activó en 2018 y bajo condiciones más estrictas que los otros tres: no se aplica a actos de agresión cometidos en países que no han ratificado el Estatuto como Rusia y Ucrania.
La CPI tiene jurisdicción desde 2002 sobre "crímenes de guerra", de "lesa humanidad" y de "genocidio". También sobre el "crimen de agresión" (invasión y ocupación militar) pero no aplica a países que no hayan ratificado el Estatuto, como Rusia y Ucrania.
Solo si Kiev ratifica ahora el estatuto constitutivo en esa versión enmendada de 2018, la CPI podría juzgar a los ucranianos prorusos sospechosos de una agresión. Para los agresores de nacionalidad rusa, Moscú tendría que también ratificar el Estatuto, lo que de momento no está en su agenda.
Por ello, los expertos presionan a Ucrania para que resuelva su relación con la CPI.
Desde Parlamentarios para la Acción Global (PGA), Frederika Schweighoferova explicó a la agencia española EFE que “las condiciones de la jurisdicción sobre el crimen de agresión no dejan ninguna esperanza a que Rusia pueda ser procesada bajo la CPI por este crimen” y señaló que “requiere lamentablemente que ambos Estados sean partes” del Estatuto. “Incluso si Ucrania ratifica el Estatuto de Roma en la versión enmendada que incluye ese crimen de agresión, Rusia nunca lo haría”, añade.
Rusia firmó el estatuto en el 2000, pero nunca llegó a ratificarlo, y en 2016 retiró su firma, un día después de que la CPI publicara un informe que consideraba, en un gesto simbólico, la anexión rusa de Crimea como una “ocupación”.
No es tampoco viable que el Consejo de Seguridad de la ONU le remita la situación a la CPI: Moscú tiene derecho a veto y lo previsible es que lo use para evitar un juicio a sus oficiales. “Esto deja una agresión cometida por Rusia completamente fuera de la jurisdicción de la CPI”, analiza.
Organismos como el PGA y el Centro para las Libertades Civiles (CCL) piden al presidente Volodímir Zelenski enviar el expediente de ratificación al Parlamento ucraniano y firmar la ley correspondiente, para que Kiev pueda comprometerse de forma definitiva, subrayan, con “la prevención y el procesamiento de los crímenes internacionales más graves”.
Ucrania se comprometió a ratificar el Estatuto tras la firma en 2014 del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) y ya enmendó su última Constitución para aceptar la jurisdicción de la CPI desde 2019, pero aún no ha tomado las medidas en este sentido por la “preocupación política de que esto desencadene descontento social” ante el “miedo a que la CPI persiga judicialmente a sus soldados y héroes de guerra”, señala Schweighoferova. Estas preocupaciones, clarifica, no tienen fundamento porque Ucrania ya aceptó la jurisdicción de la CPI con las dos declaraciones, y “solo juzgará a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto”.
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