Todos los fuegos, el fuego: Brasilia arde como la Amazonía

El 2023 comenzó para Brasil con un tercer gobierno de centroizquierda liderado por el veterano Luiz Inácio Lula Da Silva apoyado por referentes ambientalistas e indígenas para retomar un desarrollo sustentable para el país, luego de la tierra arrasada que dejan cuatro años de depredación ambiental bolsonarista. 

Brasil y la Amazonía son prácticamente sinónimos a nivel internacional. Sin embargo, durante los últimos cuatro años el gobierno de Jair Bolsonaro avanzó sobre tierras fiscales e indígenas para sustituir bosques nativos por agronegocios, ganadería y minería ilegal. Las tasas de deforestación se dispararon a niveles astronómicos llevando a biomas como la Amazonía a prácticamente un punto de no retorno, donde la sabanización se impone y el bosque ya no logra recuperarse por sí solo.

El pasado domingo 8 de enero, apenas a una semana de su asunción, Lula Da Silva tuvo que decretar la intervención federal de Brasilia luego de que una horda de manifestantes bolsonaristas invadiera la plaza de los Tres Poderes, desconociendo el resultado de las últimas elecciones. Lula no dudó en apuntar contra los dueños del agronegocio, madereros ilegales y mineros, los destructores del Amazonas como financistas de este intento de golpe de Estado.

“Esas personas estaban hoy en Brasilia. El agronegocio. Todos esos estaban hoy en Brasilia. Vamos a investigar a esas personas y vamos a castigarlas”, sentenció Lula, remarcando que la cuestión ambiental va a ser un eje central en los conflictos que deba navegar su nuevo gobierno.

Lula, el Día del Fuego y la democracia en jaque

En la COP27, Lula como presidente electo se encontró con representantes indígenas y del pueblo negro de Brasil bajo la consigna de que ‘el tiempo de la juventud brasileña, de la juventud periférica, es el tiempo de la emergencia climática’, donde se destacó la plegaria de una joven activista carioca: “nuestra realidad es de expropiación, de las pérdidas y daños que ya están sucediendo en nuestro día a día. Queremos reforzarle a usted, señor Lula, para que siempre recuerde que nosotros ya vivimos bajo el racismo ambiental”.

Antes de asumir, Lula abrazó la lucha contra el cambio climático y se comprometió a celebrar la COP30 en la ciudad de Belén - capital de Pará - en 2025, el mismo estado que en agosto de 2019, mientras la Amazonía enfrentaba un número récord de incendios, fue víctima de un grupo de agricultores que decidió organizar una manifestación criminal en apoyo a las políticas de demolición ambiental de Brasil: el Día del Fuego. Y los números, que ya eran malos, alcanzaron niveles estratosféricos ese mes.

Las áreas que se quemaron en 2019, en la acción coordinada de agricultores y deforestadores, ahora son destruidas y algunas están ocupadas por ganado, lo que demuestra que en Brasil el crimen vale la pena.

Ya en agosto del año pasado un grupo de empresarios bolsonaristas especularon con la defensa de un golpe de Estado en caso de que Lula fuera elegido presidente. Luiz André Tissot, dueño de la maderera Sierra Móveis, es uno de los empresarios cuyos intereses se ven afectados por los recientes decretos ambientales de Lula. Mientras que su empresa se presenta como proveedora de “madera extraída de forma renovable, de reforestación, donde cada árbol se repone inmediatamente”, la misma fábrica compra madera a proveedores que deforestan ilegalmente la Amazonía. 

A pesar de que entidades del sector agropecuario repudiaron unánimemente el vandalismo provocado por bolsonaristas radicales el domingo en Brasilia para tratar de prevenir cualquier tipo de daño al campo, sectores del agronegocio se encuentran entre las más de 100 empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado en Brasilia, el pasado domingo 8. Según investigaciones de la Abogacía General de la Unión (AGU), cientos de personas jurídicas aportaron dinero para organizar las caravanas que transportaron a simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a la capital federal que provocaron, entre otros daños, un principio de incendio en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.

Un Plan Marshal para salvar la Amazonía

Desde el Brasil Climate Action Hub, el espacio que la sociedad civil brasileña pudo conquistar en la COP27 para hacer visible su resistencia ante el ecocidio y el sistemático atropello a las comunidades indígenas amazónicas, dos figuras claves de la política nacional se hicieron presentes: Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente de Lula entre 2003 y 2008, y también la lideresa indígena Sonia Guajajara.

Ambas fueron elegidas para una banca en el congreso nacional, pero a pocos días de su vuelta al poder, Lula volvió a nombrar a Silva al frente de la cartera de ambiente y designó a Guajajara como encargada del nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas. Mientras que Guajajara llega al Gobierno con la esperanza de que se logre la demarcación de cinco territorios indígenas, Silva se propone como objetivo la reforestación de 12 millones de hectáreas de bosque. 

Para la nueva responsable de la cartera ambiental, se trata de combatir la desigualdad con democracia y sustentabilidad: “si vamos a estar comprometidos con la deforestación cero y el combate al cambio climático, de la demarcación y el cuidado de los pueblos originarios, todo eso requiere de un nuevo modelo de desarrollo, sobre todo en el caso de la Amazonía”.

Según Silva, eso no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana: “tendremos que combinar acciones emergenciales para combatir la criminalidad, para dar respuesta a las poblaciones vulnerables y al mismo tiempo brindar estímulos para favorecer la inversión en bioeconomía - ecoturismo y agricultura de bajo carbono - infraestructura para el desarrollo sustentable, la recuperación forestal y todas aquellas medidas que lleven al Brasil a un nuevo círculo de prosperidad”.

Marina Silva creció en las plantaciones de caucho en Acre, al oeste de la Amazonía brasileña, militó junto a Chico Mendes y ocupó distintos cargos parlamentarios hasta que en 2003 Lula la nombró Ministra de Ambiente de su primer gobierno hasta su renuncia en 2008. Luego de una etapa de distanciamiento, en 2022 su apoyo fue vital para la victoria del ex presidente en el ballotage contra Bolsonaro en la carrera al Planalto. Tras una pulseada dentro de la coalición de gobierno, Silva regresa al renovado Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático en un contexto mucho más complejo que el de hace 20 años.

“La principal política ambiental del gobierno de Bolsonaro fue no tener una política ambiental. Dado que él no tuvo una política ambiental, colocó en práctica un proceso de desmantelamiento de las instituciones de gestión, monitoreo, fiscalización y de la propia gobernanza ambiental brasileña, amenazando con modificar la legislación”, explica Silva. Una de las principales razones por la cual se disparó el desmonte durante el bolsonarismo fue debido a que se dejó de aplicar el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm), forjado por el equipo de Silva en el primer gobierno petista.

Durante los últimos cuatro años, el gobierno de ultraderecha cortó presupuestos, sustituyó equipos técnicos por políticos y militares e intimidó y acosó servidores públicos. Para Silva, el resultado es un Brasil con deforestación e incendios fuera de control, minería ilegal y exploración de madera, es decir, todo tipo de contravención ambiental posible. 

“Yo suelo decir que el futuro gobierno va a tener que hacer una recuperación de posguerra en relación a la guerra que hizo Bolsonaro contra las políticas públicas de salud, educación y medio ambiente. Es tierra arrasada. En cuanto a las medidas que deben ser tomadas, una de las primeras es la recomposición de equipos técnicos en los lugares donde deben estar, de gestores públicos comprometidos con la agenda del desarrollo sustentable y el respeto a las poblaciones indígenas”, comenta la mujer que volverá a hacerse cargo de la política ambiental de la economía más grande de Sudamérica.

Para Sonia Guajajara, quien viajó a la COP27 en representación de la Articulación de de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) luego de ser electa como diputada federal electa por el estado de Sao Paulo, su país está saliendo de un gobierno trágico como fue el de Bolsonaro, donde se desmontó la política indígena, se debilitaron los órganos de fiscalización y control ambiental, vulnerando la participación y derechos de las poblaciones indígenas, quienes suponen menos del 1% de la población brasileña viven en 12% del territorio nacional.

“Estamos confiados en que es posible retomar ese diálogo con el nuevo gobierno de Lula donde exista esa construcción entre la sociedad civil, el poder legislativo y el ejecutivo y reconstruir las políticas que fueron totalmente perdidas desde el 2019 y también pensar de qué forma los pueblos indígenas sean incluidos dentro de los espacios de toma de decisión. Queremos que Lula corresponda con esas expectativas y que son importantes no solo para Brasil, sino para el mundo entero”, dice la mujer nacida en el estado amazónico de Maranhão que ahora ocupará uno de los 37 ministerios que el nuevo gobierno progresista tendrá a partir del 2023.

Sin pasar desapercibida entre la multitud que recorre los pasillos de la convención organizada por las Naciones Unidas, Guajajara explica que es importante traer a los pueblos indígenas, la demarcación de sus territorios y la pauta socioambiental al centro del debate público sobre el cambio climático.

“Los pueblos indígenas, comprobadamente, son los que más protegen la biodiversidad y a la madre tierra, que tienen una relación sustentable con el ambiente. Somos el 5% de la población mundial y protegemos el 82% de la biodiversidad viva en el mundo: nadie puede vivir sin biodiversidad, por lo que si nuestros derechos y nuestros modos de vida están amenazados, la biodiversidad también lo está, y la humanidad entera está en riesgo”, sostiene Guajajara. Un 13% del territorio brasileño está demarcado como tierra indígena.

“No necesitamos solo soluciones basadas en la naturaleza, sino también en los modos de vida y en el respeto de las personas que protegen los ecosistemas y son los legítimos guardianes de la madre tierra”, dice antes de fundirse en un abrazo con la jóven activista climática de la Amazonía Txai Suruí, 

Bajo una bandera verdeamarela, Suruí denuncia que “la crisis climática nos afecta al ser pueblos de la selva, dado que nuestros cultivos cada vez tienen más dificultades para crecer y florecer, lo cual pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Estamos viendo cómo la minería envenena a nuestras familias, en simultáneo con un clima que se va calentando”. Para la joven amazónica no habrá solución a la crisis en la medida en que no se proteja a aquellos que se juegan la vida protegiendo la selva.

La bioeconomía como alternativa para el desarrollo sustentable

Mientras que Bolsonaro fue despedido de las cumbres climáticas por la sociedad civil con la mención deshonrosa de Fósil del Día - por las emisiones de carbono que implicó la deforestación durante sus cuatro años de gobierno - desde el equipo ambiental de Lula buscan articular soluciones creativas con países mega-forestales como Colombia, la República Democrática del Congo e Indonesia para lograr una acción cooperada que permita proteger bosques y pueblos originarios. 

Consultada respecto a cómo la Amazonía podría ser un pilar de la política exterior brasileña, Silva explica que “vamos a cambiar la frecuencia del gobierno de Bolsonaro, quien siempre vino a las cumbres de cambio climático y de biodiversidad para chantajear al mundo, diciendo que ‘Brasil va a proteger sus selvas si el resto nos pagase por ello’. Nosotros logramos reducir la deforestación en un 83% por casi una década sin precisar del dinero de nadie. Tenemos el Fondo de la Amazonía que fue un bono por los resultados alcanzados - financiado por Noruega y Alemania y suspendido en 2019, tras el aumento de la deforestación de Bolsonaro -, y vamos a ampliar esos recursos”.

La narrativa del gobierno bolsonarista fue que Brasil tiene soberanía sobre la Amazonía, por lo que el impacto planetario sobre las decisiones que se tomen sobre estos recursos no tiene cabida dentro de un plan de desarrollo extractivista. 

En este sentido, Silva tiene una mirada superadora: “la soberanía de los países que son poseedores de la Amazonía es incuestionable, eso jamás puede ser puesto en tela de juicio. Ahora, eso no significa que no tengamos que buscar cooperación: Brasil, Colombia, Perú y Ecuador deben buscar cooperación para proteger sus selvas, implementar un modelo de bioeconomía y de desarrollo sustentable para esta región estratégica y tan importante para el planeta”. 

“Pero para dar el salto hacia una economía más sustentable necesitamos de inversión y que los mercados se abran a nuestros productos. Seremos enteramente solidarios con la iniciativa de países hermanos - no solamente de América Latina - sino también de África y Asia de buscar mecanismos de protección y uso sustentable de sus selvas”, dice Silva.

Silva señala que la idea de una “Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de las selvas” no es idónea, primero porque la OPEP es un cartel - y los bosques no funcionan así - sino que se trata de un ambiente de lograr cooperación; segundo, la OPEP es un cartel que genera emisiones de carbono, mientras que las selvas absorben y fijan carbono; y tercero, la OPEP es un cartel altamente verticalizado - para grandes conglomerados económicos - mientras que las selvas son el medio de vida y de identidad de miles de pueblos originarios. 

Para Silva, en materia de gobernanza ambiental, lo mejor es liderar a través del ejemplo: “defiendo a título personal que se haga un Plan Marshal para el desarrollo sustentable de la Amazonía: que los gobiernos nacionales hagan un fondo que permita una planificación del desarrollo de la bioeconomía. Con recursos de terceros países - y hasta del sector privado - se podría pensar en un esquema de 2x1: por cada dólar de carbono absorbido por nuestros bosques, recibimos dos dólares en compensación”. 

La nueva ministra de Ambiente explica que, en el caso de Brasil, no se limitarán solo a la obtención de fondos para la fiscalización y control, sino que aspiran transitar hacia las inversiones lo antes posible: “queremos salir del modelo predatorio y pasar a uno sustentable”.

JR/MG