El presidente de Chile, Gabriel Boric, oficializó hoy ─el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas─ mediante un decreto, el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura chilena. El próximo 11 de septiembre se cumplirán 50 años del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet.
“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado en un acto en Plaza Constitución, acompañado por políticos y familiares de las víctimas del gobierno militar.
En este marco, el dirigente cuestionó la ausencia de algunos sectores del arco político y a aquellos que niegan lo sucedido entre 1973 y 1990. “Cómo se responde a los que niegan lo que ocurrió. Cómo se responde a los que lo justifican y no son capaces de decir que no lo harían de nuevo”, planteó antes de convocar a un gran acuerdo para consolidar la democracia y generar un compromiso de oposición a la violencia.
El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia busca “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada”.
El programa comenzó en 2022, durante el primer año de gestión del actual mandatario y ya se han llevado a cabo 67 encuentros a nivel nacional de los que participaron 775 personas, además de seminarios y reuniones con autoridades. Así, la sociedad civil, en particular las familias de las víctimas, representantes de la academia, centros de estudio y sitios de memoria participaron de la elaboración del plan en cuestión.
“El plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales”, estableció el comunicado oficial.
A pesar de que todavía falta precisión respecto al número exacto de víctimas desaparecidas, diversas investigaciones judiciales han estimado que al menos unas 3.200 personas han sido “asesinadas o hechas desaparecer durante el período comprendido entre 1973 y 1990”. Por estos delitos, se ha responsabilizado ya a diversos agentes estatales y civiles en calidad de autores, cómplices o encubridores.
ACM con información de agencias.