Para Honduras, Xiomara Castro fue un doble debut. La primera mujer en ganar la presidencia y el primer gobierno de izquierda en la historia del país centroamericano. Ganó en primera vuelta con el apoyo del 53,2 % de los votos en una elección que contó con la mayor participación ciudadana (70%) hasta ahora en la historia del país.
El 27 de enero, habían asistido a la ceremonia entre otros mandatarios las vicepresidentas de EEUU, Kamala Harris y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el candidato presidencial y exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el expresidente de Bolivia Evo Morales.
Castro representa al Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado en 2011 por su esposo, el ex presidente Manuel Zelaya destituido por el golpe de Estado de 2009. Derrotado en 2013, y fraudulentamente en 2017, se impuso la alianza electoral de izquierda, y Xiomara Castro ganó la presidencia. Por primera vez, se partió el bipartidismo de derecha en esta república centroamericana de 9,5 millones de habitantes y 112 mil kilómetros cuadrados extendidos entre Guatemala y Nicaragua y entre los Océanos Atlántico y Pacífico. El historiador Otto Argueta apunta que «entre 1839 y 2021 (182 años) hubo 116 cambios de gobierno incluyendo dictadores, golpes de Estado, juntas de estado, reelecciones y juntas de conservadores y liberales pero lo que ha ocurrido por primera vez es que un partido que no sea el Partido Nacional o el Partido Liberal, gane una elección».
A pesar de las grandes expectativas y esperanzas generadas por este inédito triunfo, el inicio se empañó debido a una crisis dentro de Libre que impactó en el Congreso Nacional y produjo dos juntas directivas de debates simultáneos y en lugares diferentes. La situación .que duró varios días. fue resultado de desacuerdos en el partido de gobierno cuando un grupo de 20 diputados desconoció un compromiso de campaña que otorgaba al Partido Salvador de Honduras (PSH) la Presidencia del Congreso y decidió asumir esa instancia, negociando con el Partido Nacional (PN), que gobernó el país en los últimos 12 años y es responsable de la situación crítica en la que se encuentra en este momento. La crisis que se superó fue una muestra de disputa por el poder y también de las dificultades que enfrentaría la nueva gestión que ahora lleva cumplidos más de sus 100 primeros días de gobierno.
Refundar el país en el marco del Bicentenario
Castro, de 62 años, que cruza los brazos en X a modo de saludo, en su discurso de balance pronunciado el 7 de mayo mantuvo su enfoque de transformación económica, política y social- que había anunciado en su discurso de asunción presidencial en el que proclamó “refundación del Estado socialista y democrático” -aunque omitió o esquivó temas de fondo.
Esto último está relacionado y aún justificado por la situación en que asumió Castro el gobierno de Honduras. El país en “bancarrota”: una precariedad extrema debido a la ausencia de recursos presupuestarios, la elevada deuda externa, los nombramientos pendientes de personal de salud contratado para la pandemia, las demandas acumuladas de los transportistas y el compromiso de los ingresos de la denominada tasa de seguridad durante el año 2022. Todos los factores enumerados contribuyeron a que en los primeros días de gestión el gobierno debió centrarse en lo urgente, postergando lo importante, como el impulso de mecanismos de diálogo para encontrar soluciones y resolver las situaciones críticas evitando los enfrentamientos o la represión que eran usuales en el gobierno anterior.
La apuesta económica
Después de Haití y de Nicaragua, Honduras es el país independiente más pobre de América Central e Insular, con más de la mitad de la población más allá de la línea de la pobreza. Es también uno de los países más violentos, y uno de los más peligrosos de América Latina para las mujeres. En septiembre, 3,3 millones de personas –una de cada tres- sufrían en Honduras de inseguridad alimentaria aguda. La deuda pública de 15 mil millones de dólares equivale al 57% del PBI. Pero Honduras es también uno de los países que más crece, con tasas muy superiores a las del resto del Caribe, donde sólo es superado por Panamá en Centroamérica.
En este cruel pero no engañoso panorama Xiomara Castro prometió subsidiar la energía para “más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilovatios por mes” con aportes de los “altos consumidores”. En consecuencia, en febrero se aprobó el decreto por el cual 1.334.648 usuarios dejaron de facturar 540,9 millones de lempiras mensuales (más de 22 millones de dólares).Sin embargo, el 60% del cargo pasó al Estado y el 40% al sector industrial y comercial, según el propio secretario de Energía, Erick Tejada.
En la misma línea, cumplió la promesa de subsidiar los combustibles y por decreto, redujo el precio de la gasolina en unas 10 lempiras (0,4 dólares) por galón, aunque la guerra entre Rusia y Ucrania desde finales de febrero produjo encarecimiento global de los precios
Otra bandera de la presidenta hondureña era “desmontar” las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) que ella misma calificó de “criminales”. El Congreso, a iniciativa del Gobierno, por unanimidad derogó la ley 2013 referida esos territorios con autonomía judicial, política, económica y administrativa que a partir de ahora mantendrán sus operaciones bajo la ley hondureña.
También se cumplió la “reforma inmediata” del presupuesto nacional, con un aumento de 51.000 millones de lempiras para un total de 360.000 millones, unos 14.700 millones de dólares. El pago de la deuda , que Castro propuso “readecuar” y “auditar”, y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENNE) “destruida por la dictadura” son ámbitos protagonistas y los mayores incrementos se dieron en salud y educación.
En abril, con el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas, después de dos años y con matrícula gratis, pero todavía no se habilitó la merienda como tampoco vacunas y barbijos. En cuanto a la “atención precisa” para “adultos mayores, personas con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes, y comunidad LGTBI”, el Gobierno también en abril creó la Secretaría para el Desarrollo Social (SEDESOL), Además, creó la Secretaría de la Mujer, para frenar las violencias y promover sus derechos, como la despenalización del aborto en las tres causales básicas en un país que lo penaliza en su totalidad.
Sin embargo, la concentración en el “desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria” junto con el objetivo de “renegociar” el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado en 2001 entre EEUU, Centroamérica y República Dominicana aún no se han traducido en pasos políticos concretos, respectivamente. En este sensible tema, el Gobierno sostiene iniciativas como el Proyecto Integrando de Innovac¡ón para Competitividad Rural con el Banco Mundial, para un país que tendrá 7,3 millones de habitantes viviendo en situación de inseguridad alimentaria entre junio y agosto, según un informe del Sistema de Integración Latinoamericana (SICA).
Por ahora no han trascendido políticas para la “especial atención en el desarrollo agroforestal, el desarrollo industrial, la promoción del turismo y una estricta política fiscal y monetaria”, ni “mecanismos legales de mercado para la disminución de los intereses bancarios para la producción” que habían sido anunciadas por Castro en su discurso inaugural de su mandato.
Leyes, política e instituciones
La promesa de leyes de condena al golpe de Estado de 2009 y de amnistía “para los presos políticos, de conciencia y en el exilio” fueron aprobadas en febrero con la Ley para la Reconstrucciòn Constitucional y para que los Hechos no se Repitan. Respecto a la segunda, es considerada por algunos como un nuevo “pacto de impunidad” en favor de funcionarios del Gobierno de Zelaya acusados de corrupción.
Si bien la presidenta no especificó en enero las “medidas urgentes” que había defendido en campaña “para la refundación de Honduras”, ni las retomó el 7 de mayo, ha derogado la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, permitiendo la desclasificación de toda información ‘reservada’ amparándose en esa normativa, más conocida como “ley de secretos”, uno de los pilares del autoritarismo del ex presidente Juan Orlando Hernández conocido como joh. A la vez, se derogó la Ley del Empleo por Hora promulgada en 2014 bajo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa que permitía a empresas privadas y públicas contratar el 40% de su planta de manera temporal.
Respecto a la “consulta popular sobre reformas constitucionales” en 2022, el Ejecutivo hondureño no ha especificado los temas ni fecha tentativa, pero ya dio un paso al ampliar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral en 400 millones de lempiras, unos 16,3 millones de dólares. También se abrió el camino hacia la posible Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con apoyo de la ONU que el 9 de mayo envió una misión exploratoria que analizará la viabilidad de la propuesta. .
“Trabajaremos para profundizar las relaciones multilaterales entre la Unión Africana y el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y todos los espacios regionales de los que como pueblo y Estado de Honduras somos parte”, expresó el vicecanciller Gerardo Torres quien también informó que Honduras ha iniciado el estrechamiento de sus relaciones con Argelia y la República Árabe Saharaui Democrática, en el norte de África.
En otro aspecto , la reciente detención e inicio de un proceso de extradición a EEUU contra el ex presidente Alvarado, acusado de narcotráfico, queda lejos de ser un simple caso judicial o de política interna hondureña. Su caso es revelador de una serie de realineamientos geopolíticos en América Central -cuyos vínculos dirimidos entre la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, y los flujos del empuje de la migración hacia el norte fueron atendidos por el ex presidente Barack Obama- que incluyen el distanciamiento de Washington de los países del Triángulo Norte -como El Salvador de Nayib Bukele- y un acercamiento de Honduras, donde la presidenta en la campaña electoral fue acusada de “chavista” y “comunista”. Y aún para los sectores más conservadores de EEUU y también de la propia Honduras, Xiomara Castro tiene tras de sí el fantasma de su esposo Zelaya, uno de los expresidentes más influyentes en la vida política nacional, y a quien sus críticos consideran un político de izquierda no confiable. En su intervención en el evento de confirmación ante el Senado de Laura Farnsworth Dogu como embajadora de EEUU en Honduras, el senador republicano Marco Rubio expresó su “preocupación sobre un posible acercamiento hacia China” y dijo esperar que Castro abriera un nuevo camino y “no siguiera los pasos de su esposo”.
Sin embargo, Castro no asistió la IX Cumbre de Las Américas sumándose al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, debido a que EEUU no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y envió en su representación al canciller Enrique Reina, al ministro de desarrollo económico, Pedro Barquero, y al secretario privado, Héctor Zelaya.
En otro plano, el gobierno lleva adelante conversaciones para propulsar el “Estado abierto y república digital” con Corea del Sur, clave para Plan Maestro de Gobierno Digital del 2015, según repasa un informe de la CEPAL.
¿Otra pionera de la izquierda medioambiental?
El otro gran desafío para la actual es la cuestión del medioambiente presente en su plan de gobierno. Fueron cumplidas sus propuestas de justicia con los seis detenidos de la comunidad de Guapinol -quienes en 2018 defendieron los ríos San Pedro y Guapinol, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, al rechazar un proyecto de una mina de óxido de hierro de la empresa Inversiones Los Pinares en esta área protegida- que recobraron su libertad en febrero por una absolución de la Corte Suprema de Justicia después de dos años y medio de prisión preventiva.
Si la criminalización contra quienes se oponen ha sido sinónimo de la ambientalista Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ganadora del Premio Goldman en 2015 y asesinada en 2016, esta promesa también se ha cumplido. Aunque tras la condena en 2021 como autor intelectual al exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos, David Castillo, en teoría no depende del Gobierno de Castro el hecho adquiere especial relevancia en cuanto a la fidelidad que cobra su palabra de garantizar la justicia. Lo mismo, con Andrés Tamayo, sacerdote miembro del Movimiento Ambientalista de Olancho, también ganador del Premio Goldman por su oposición a la tala ilegal de bosques y expulsado del país tras el golpe de Estado de 2009. El Gobierno cumplió su promesa de restituirle la nacionalidad, aunque a través de la en parte criticada Ley de Amnistía.
De hecho, la gran promesa ambiental de la presidenta hondureña sostiene que no haya “más permisos de minas abiertas”, o “concesiones en la explotación de ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados”. Castro declaró en febrero al país “libre de minería a cielo abierto” y el Gobierno no ha otorgado más concesiones, sin embargo, las mineras siguen operando. el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, cambió su discurso por el de vigilar el extractivismo.
Para la propia “protección del medio ambiente”, el Gobierno de Castro declaró la emergencia ambiental en marzo y empezó a cumplir su promesa de trabajo conjunto con las FFAA: en abril ordenó desplazar 2.000 tropas especializadas hacia áreas protegidas Respecto a la carretera ilegal que afecta a la reserva Biósfera del Río Plátano, al noreste del país, Medina aclaró que de acuerdo con los pobladores habrá más deforestación, a pesar de estas palabras la carretera por ahora no sido clausurada.
“Libre ha tenido que sacrificar dos de las propuestas rectoras de su campaña, al menos temporalmente: la de convocar a una consulta sobre una asamblea constituyente y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China a cambio de una sustancial ayuda económica norteamericana, la cual, a juzgar por su historial, bien pudiera resultar incierta o insuficiente. Lo que, eventualmente, podría convertirse en motivo de malestar al interior del propio partido y aun de muchos hondureños que la consideran de interés nacional y como asunto que atañe solamente a nuestra decisión soberana” evaluó el abogado y analista político Rodil Rivera Rodil, dirigente del Frente Amplio Político Liberal de la Resistencia (FAPER).
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